La presión urbanística y la contaminación amenazan el litoral gallego. Así lo denuncia un informe elaborado por Greenpeace que revela que Galicia es la quinta comunidad del Estado que más soporta el impacto de vertidos y el crecimiento "descontrolado" de edificaciones. Sólo se encuentran en una situación peor Andalucía, Canarias, Valencia y Murcia.

La prueba es que los ayuntamientos costeros gallegos tenían planificadas 800.000 nuevas viviendas para los próximos años, ahora paralizados al haber entrado en vigor la Lei de Litoral, que prohíbe temporalmente la construcción en estas zonas de costa. La cifra de inmuebles programados en Galicia es la más alta de España, por encima de comunidades como Andalucía, con 556.000 pisos previstos, o Valencia, con más de 466.000.

Según denuncia Greenpeace, el número de viviendas planificadas en la costa gallega en los próximos años equivale a lo construido en estos municipios en toda su historia. Con la Lei del Litoral se puso freno a este elevado crecimiento urbanístico, pero los ecologistas reclaman ahora a la Xunta que ponga en marcha "con urgencia" las directrices de ordenación del territorio y del litoral.

Como ejemplo de los "abusos privados" y "dejaciones públicas" que amenazan con "desfigurar la costa", Greenpeace alerta de que existen más de 6.500 viviendas ilegales en el litoral gallego que carecen de licencia o bien incumplen las normas de disciplina urbanística.

Pese a que en la comunidad autónoma hay cerca de 300.000 viviendas vacías, los colegios de arquitectos han visado en los últimos cinco años más de 125.000 nuevos pisos, la mitad de ellos segundas residencias. De hecho, un tercio de los municipios del litoral gallego ha triplicado sus viviendas en los tres últimos años.

La autora del informe, María José Caballero, admite además su "sorpresa" por el elevado número de casos de corrupción urbanística en Galicia, la segunda con más investigaciones abiertas por la Fiscalía detrás de Andalucía.

Aunque los delitos no alcanzan la dimensión de otros más famosos como el caso Malaya, en la comunidad gallega hay 16 investigaciones por tramas de corrupción relacionadas con el urbanismo y 25 implicados. En total doce alcaldes tienen cuentas pendientes con la justicia por este motivo. Si además del urbanismo se tienen en cuenta los vertidos que afectan a la costa gallega, Greepeace contabiliza 43 puntos negros en el litoral de Galicia, doce de ellos en Pontevedra. Los ecologistas denuncian además que 19 piscifactorías funcionan sin permiso de vertidos.