Nova 384
La primera entrega de fondos se concretó para tan sólo 48 horas después de la negociación vigilada
Todo está grabado. El caso Gondomar no será en principio un pleito en el que la verdad se dirima sólo entre testimonios enfrentados. Una cinta, cuya grabación fue autorizada judicialmente, se convertirá en la principal prueba de cargo para demostrar las denuncias por corrupción urbanística surgidas en Val Miñor.
La cinta, grabada con punteros sistemas de la Guardia Civil, recoge al portavoz del PP gondomareño y concejal de Cultura, José Luis Mosquera, dando todo lujo de detalles sobre las cantidades reclamadas para agilizar la tramitación de un convenio urbanístico, las garantías de ejecución para los promotores, los plazos exigidos para recibir los pagos e incluso el regateo establecido en la negociación. Fuentes de la investigación aseguran que la contundencia de la prueba es absoluta, y así se le habría indicado durante los interrogatorios a algunos de los detenidos.
Todo se había iniciado cuando, durante la tramitación de una urbanización de 40 chalés en Gondomar, el arquitecto encausado, Borja Ramilo, indicó a los promotores la condición puesta por concejales del PP local de cobrar una cantidad para agilizar el convenio urbanístico incluyéndolo en el nuevo Plan Xeral. Tras analizar la petición, y dado que los empresarios ya habían invertido 180.000 euros en la compra de la parcela en cuestión, se decidieron a «ir a por todas», según relatan fuentes de la investigación, y seguir la corriente a los ediles hasta el final. Dicha situación fue comunicada antes a la fiscalía especial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, dando lugar a la conocida denuncia.
Los empresarios nombraron entre ellos a un representante, quien, tras insistir al arquitecto, logró tener una primera conversación directa con el concejal de Cultura, José Luis Mosquera, que es la que quedaría grabada.
Dinero en 48 horas
La entrevista entre el empresario y el concejal se realizó al fin el pasado lunes, tan sólo 48 horas antes del simulado pago y de las cuatro detenciones. El lugar fijado, el despacho del arquitecto, según señalan las fuentes consultadas. El profesional presentó a las dos personas y no volvió a aparecer en la cinta.
El empresario, convertido ya en gancho policial, inició la conversación considerando exagerada la cantidad pedida en la mordida . La respuesta no se hizo esperar, y tras relatar el edil de Cultura necesidades económicas personales, como su hipoteca, aceptó una rebaja de 45 a 35 millones de pesetas.
El propio concejal fijó, tal y como consta en la conversación grabada, la entrega en tres plazos. La primera, de diez millones de pesetas, para el pasado miércoles, una vez que se había aprobado inicialmente unos días antes el nuevo Plan Xeral de Gondomar. Los segundos 10 millones, cuando se realizase la aprobación provisional. Y los últimos 15 millones, cuando la Xunta firmase el plan.
Únicamente se materializó el primer plazo, justo frente al despacho del arquitecto, en la cafetería del Hotel Galicia, de la calle Colón. Los agentes vigilaban el lugar desde horas antes y, tras la entrega controlada, llegaron las detenciones.
Una de las condiciones que los empresarios denunciantes pusieron para seguir adelante y colaborar hasta el final para tratar de «coger con las manos en la masa» a los denunciados fue la de no perder los 60.000 euros que se iban a entregar en el primer pago y que servirían para realizar las detenciones. Así lo señalan fuentes del caso, quienes aseguran que en todo momento se les dio garantías de ello, e incluso de que la devolución del dinero se haría en el menor tiempo posible.
¿Y cómo garantizar que el dinero entregado era el mismo que el que se le incautase a los detenidos y que no habría ningún problema con la identificación de los billetes?
Billetes con rastro
La respuesta judicial y policial fue rápida y efectiva. Tras conseguir reunir el mismo lunes los promotores los 60.000 euros, se procedió en el juzgado encargado del caso a fotocopiar cada uno de los 120 billetes de 500 euros que iban a ser entregados. Las series de todos y cada uno de ellos quedaba así reflejadas en las fotocopias depositadas en el juzgado.
El martes se hizo la llamada de rigor para confirmar que se disponía del dinero acordado, continúa el relato de las fuentes de toda solvencia consultadas por este periódico que siguen el caso de supuesta corrupción urbanística.
La cita se fijó para el día siguiente, sin más dilación. El empresario gancho sería el encargado de hacer la entrega, de otra parte el concejal de Cultura y portavoz del grupo municipal del PP gondomareño, José Luis Mosquera, el encargado de recibirlo. Y así fue, tal y como atestiguan las diligencias del caso.
La calle Colón de Vigo se convirtió la noche del miércoles en una de las más vigiladas de la ciudad. Desde antes de las nueve de la noche, varios agentes de la Guardia Civil de paisano vigilaban el cruce de las calles Colón y García Barbón, pero sobre todo con la vista puesta en el portal del despacho profesional del arquitecto Borja Ramilo. En la conversación telefónica del día anterior se había decidido que en ese piso, donde todo había quedado secretamente grabado, se realizaría la cita con la que el cohecho pasaría de ser una conversación a realidad.
Tras ser fotocopiados los 120 billetes por los agentes judiciales, se guardaron los 60.000 euros en un sobre, con los que el empresario se encaminó hacia la cita. Según aseguran fuentes del caso, cuando estaba a punto de enfilar la calle que daba paso al despacho profesional, el empresario convertido en gancho policial por un día recibió una llamada en su teléfono móvil. El interlocutor era el propio Mosquera Veleiro, que exigía un cambio de escenario para el pago. En lugar del despacho, la cafetería situada justo en la acera de enfrente dentro del Hotel Galicia, fue el lugar fijado.
El empresario aceptó y lo comunicó a los agentes, que veían a Mosquera nervioso paseando arriba y abajo, recuerdan las mismas fuentes de la investigación consultadas.
Faltaban 101 euros
Al entrar en la cafetería, el empresario se encontró con que el edil de Cultura estaba con una mujer, a la que presentó como su pareja, y sin dilación pidió que la entrega del dinero se hiciese en los servicios de la cafetería. En el sobre no había 10 millones de pesetas. Por las cosas del cambio faltaban 101 euros, pero no hubo problema. El dinero acabó en el bolso de la mujer, salieron y allí estaban los agentes, esperando.
José Luis Mosquera Veleiro regresó el jueves a su domicilio, tras ser puesto en libertad con cargos por tres delitos de cohecho relacionados con el presunto soborno a promotores a cambio de la agilización de licencias urbanísticas. El concejal de Cultura reconoce haber cometido un error y anuncia que presentará hoy por escrito la renuncia a su acta de concejal. Después hará pública una carta en la que pedirá perdón a todos los vecinos, instituciones y empresas que lo han apoyado durante sus 16 años continuados de gestión municipal. Ayer pasó el día sin salir de su apartamento del centro de la villa.
-¿Se siente culpable?
-Cuando fui a cobrar el dinero sabía que no estaba haciendo nada bien, y si realmente llegué a consumar semejante torpeza fue movido por el ánimo de que el dinero que iba a recibir no era para mi bolsillo. Juro que nunca he pedido dinero a nadie para mi beneficio.
-¿Teme que en el futuro le señalen por la calle?
-Pido a los vecinos que me vean como lo hicieron siempre. Soy uno más, y reconozco que he cometido una cobardía, pero no lo hice por un interés de lucro personal. Soy un incauto, me fié de la palabra de la gente.
-¿Cómo se siente en estos momentos?
-Lamento muchísimo lo que ha pasado. Estoy arrepentido de cometer esta torpeza. Quiero que la gente sepa que nunca he pedido dinero para mi bolsillo. En mi vida el dinero no es una prioridad. La prueba es cómo vivo, en un edificio modesto, con un coche que compré hace ya más de once años, siempre compro la ropa en las rebajas y no soy nada ostentoso. La política urbanística municipal no me interesa, mis inquietudes han estado siempre centradas en cuestiones culturales y en la organización de actividades de todo tipo con las que creo que durante los últimos años hemos hecho de Gondomar un municipio de prestigio.
-¿Entonces para quién era el dinero que habían pedido al promotor?
-Eso prefiero no decirlo públicamente. Que la gente piense lo que quiera. Algún día se aclarará todo y se sabrá que en mi vida nunca me he metido un solo duro en el bolsillo de una forma fraudulenta.
-¿Asume que podría ir a la cárcel?
-Yo creo que no, que la jueza tendrá en cuenta que yo no tenía ningún afán de lucro personal. Me pondré a disposición de la Justicia para que todo pueda aclararse algún día. También quiero precisar que el Concello tampoco ha querido beneficiar especialmente en el Plan Xeral, que aprobamos inicialmente hace tres semanas, a ninguna empresa en particular. Dicho plan es bueno para Gondomar e iba a repercutir en beneficio de muchos particulares que son propietarios.
-¿Piensa dimitir como concejal?
-Dimitiré porque metí la pata en el último segundo y he causado un daño enorme. Lamento profundamente acabar de esta forma mi carrera política, y espero que los vecinos me recuerden por mi trabajo de los últimos años, más que por los acontecimientos de los últimos días.
-¿Porqué no lo hizo ayer?
-He pedido de plazo al alcalde este fin de semana para poder redactar una amplia carta de despedida y de perdón. Hablé con él ayer y le expliqué que estoy redactando mi dimisión. También aprovecharé la ocasión para agradecer todo el apoyo recibido durante todos estos años en los que he sido responsable de Cultura. Posiblemente hoy sábado presente mi renuncia en el registro municipal del Ayuntamiento.
-¿Cómo se ha sentido tratado durante las horas que duró su detención?
-He recibido un trato muy correcto en todo momento y no tengo ninguna queja, ni del fiscal ni de nadie.
El futuro de Mosquera y de las otras tres personas que están imputadas por corrupción urbanística depende ahora de la decisión judicial. Mosquera, que no niega los hechos por los que lo acusan, seguirá viviendo en el municipio de Gondomar.
-No me voy a mudar a otra parte. En el municipio de Gondomar llevo 30 años y espero que la gente sepa valorar que soy un buen vecino. Aquí tengo mi pareja y toda mi vida. Y aquí he vuelto después de todo lo que he pasado durante los últimos dos días.
-¿Le ha dolido que su pareja se haya visto involucrada?
-Muchísimo. Ella no tiene nada que ver con esto. Simplemente me acompañaba en el momento en el que nos detuvieron, y confío en que quede libre de todo esto porque no se lo merece.
La dirección gallega del PP abrió el proceso para expulsar al que era teniente de alcalde
El alcalde de Gondomar, Carlos Silva Mariño, acabó ayer cediendo a las presiones de su grupo y destituyó, a primera hora de la tarde, a José Luis Mosquera y a Alejandro Gómez de sus competencias dentro del equipo de gobierno local. El regidor gondomareño había dicho por la mañana públicamente que no iba a quitarles sus cargos porque esperaba que dimitieran a lo largo de las próximos días.
Pero horas después cambió de opinión, tras reunirse durante más de dos horas en el Ayuntamiento con los otros seis concejales que conforman el equipo gestor.
El propio alcalde asumirá ahora las competencias que dejan vacantes los ediles imputados. José Luis Mosquera era el concejal de Cultura, portavoz del gobierno y responsable de las relaciones con los medios de comunicación. Por su parte, Alejandro Gómez Garrido ejercía sus funciones en Urbanismo y Hacienda.
Anoche, Alejandro Gómez anunció que renunciaba al acta de concejal, lo mismo que presumiblemente hará hoy José Luis Mosquera. Esas decisiones permitirán conservar la mayoría al gobierno del PP porque, al ser nombrados los suplentes, mantendrá nueve concejales en el salón de plenos, frente a los ocho que reúne la oposición municipal.
La dirección del PP de Galicia anunció ayer el inicio del proceso para la expulsión de Alejandro Gómez del partido. José Luis Mosquera no está afiliado.
El escándalo urbanístico de Gondomar ha bloqueado la actividad política municipal. La primera consecuencia se vivió ayer en el salón de plenos, donde estaba convocada una sesión extraordinaria para debatir los presupuestos de este ejercicio, que finalmente no salieron adelante.
Los dos ediles imputados no acudieron a la sala. Estuvieron en sus respectivos domicilios durante todo el día. Por ese motivo, el alcalde se presentó con un equipo en minoría, ante una nube de fotógrafos que lo acechan desde que saltó el escándalo de la detención de dos de sus concejales.
Eran siete contra ocho, o eso parecía, porque la reacción del representante del PSOE y de los tres concejales no adscritos, antiguos miembros del grupo municipal socialista, fue inesperada para un grupo que teóricamente es de la oposición. Estos cuatro concejales le hicieron el favor al alcalde de retirar el asunto del orden del día. Y el gobierno local se ahorró tener que lanzar la propuesta desde una situación de minoría, porque la misma partió de uno de los ediles no adscritos. Sorprendentemente, fue el equipo gestor el que se sumó a la iniciativa del otro bando.
El presupuesto no llegó a debatirse gracias a los votos de los miembros del gobierno, de los tres ediles no adscritos y del representante socialista. El BNG votó en contra. La sesión no duró más de diez minutos.
Ausencias
El motivo esgrimido para aplazar el debate fue la imposibilidad de hablar sobre un documento sin la presencia del concejal de Economía y Hacienda ni la del portavoz del gobierno municipal.
Al finalizar, aprovechando el escenario mediático, los representantes nacionalistas criticaron la actitud de sus compañeros de la oposición, e ironizaron con la «nueva mayoría» que ha surgido tras el escándalo «porque o alcalde perdeu dous concelleiros,, pero agora está visto que gañou outros tres», criticó el portavoz, Antonio Araúxo, en referencia a los miembros no adscritos, que han formado el partido Move Gondomar, que durante los últimos meses ha alcanzado pactos con el Partido Popular y apoyado sus iniciativas.
El alcalde también rechazó una petición del BNG para celebrar un pleno extraordinario donde se intente aclarar la polémica urbanística de Gondomar.
Y en la calle, centenares de estudiantes de secundaria celebraban el carnaval, ajenos a la crisis política.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) salió ayer al paso de las declaraciones del popular Alberto Núñez Feijoo en las que se quejaba de una posible persecución del ministerio público sobre los concejales de su partido.
Un portavoz de los fiscales gallegos replicó que las diligencias abiertas se remontan al 28 de noviembre del 2006 por una denuncia, una fecha bastante alejada de las elecciones municipales. La urgencia de la detención de los sospechosos precipitó las fechas, sin que ello tenga relación con la proximidad de las elecciones municipales.
La fiscalía recuerda que todos los imputados gozan de la presunción de inocencia que ampara a cualquier ciudadano. La acusación recuerda que, ante las afirmaciones que sobre estos sucesos han vertido algunas personas o instituciones, que han puesto en cuestión la imparcialidad del ministerio fiscal, quiere dejar absolutamente claro que dicho organismo cumple el deber constitucional de promoción de la acción de la Justicia, pese a los intereses que puedan aparecer implicados en cualquiera de las investigaciones en que interviene.
Por ello, la fiscalía asegura que «le es absolutamente indiferente la adscripción ideológica, o partidista, de aquellas personas que puedan verse involucradas en los procesos penales».
Niegan la posible inoportunidad de la intervención del ministerio público y aseguran que no hay ninguna acción sospechosa, pues se ha realizado una investigación judicial bajo la dirección y ejecución del correspondiente magistrado de instrucción.
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