La juez dejó ayer libres con cargos a las cuatro personas detenidas por supuesto cohecho relacionado con el urbanismo en Gondomar, entre las que se encuentran el concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, y el edil de Cultura y portavoz del Gobierno, José Luis Mosquera. La titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Vigo, María Eugenia Manzanares Saavedra, imputa a cada uno de los dos concejales y al arquitecto Borja Ramilo Méndez tres delitos de cohecho, mientras que a la mujer arrestada en esta operación, Belén Fernández, compañera sentimental de Mosquera, sólo le atribuye la supuesta comisión de uno de estos delitos. El auto judicial, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), concreta que los detenidos quedan en libertad provisional y que debarán comparecer cada quince días en los juzgados.

La de ayer fue una jornada maratoniana en los juzgados vigueses. La toma de declaraciones comenzó pasadas las once de la mañana y, tras un breve descanso al mediodía, continuó hasta casi las diez de la noche. El hecho de que se decretase el secreto de sumario, a lo que se unió un auto de incomunicación de los detenidos, provocó que el mutismo fuese absoluto tanto por parte del fiscal especializado en delitos urbanísticos, Juan Carlos Aladro, como por parte de los abogados de oficio designados para los procesados. Además, por primera vez en los últimos años, el decanato ordenó al personal que controla la entrada en el edificio nuevo de los juzgados que impediese la entrada a los periodistas.

La primera en ser interrogada fue Belén Fernández. Tras ser trasladada desde los calabozos que la Comandancia de la Guardia Civil tiene en la calle Barcelona de la ciudad olívica, esta mujer entró en los juzgados custodiada por dos agentes de paisano. Tras prestar declaración ante la juez, fue trasladada de nuevo a las dependencias del Instituto Armado, en las que permaneció hasta que, a última hora del día, el juzgado le comunicó su puesta en libertad con cargos.

Tarde

Los otros tres detenidos declararon por la tarde. También acompañados por guardias civiles de paisano y en coches "camuflados", los dos concejales del PP y el arquitecto llegaron a la calle Lalín en torno a las cuatro de la tarde. Uno por uno, fueron trasladados al despacho del juzgado que lleva el caso hasta que se acordó su libertad. Los dos ediles salieron por la salida trasera de los juzgados para evitar a la prensa.

La operación fue promovida por el juzgado del que es responsable María Eugenia Manzanares siguiendo instrucciones del fiscal Juan Carlos Aladro, que no es la primera vez que promueve una actuación relacionada con el urbanismo de Gondomar. Así, recientemente presentó una querella criminal por supuesta prevaricación al concederse 300 licencias al parecer ilegales. Aladro también inició la investigación sobre el polémico caso de Nigrán. Ayer fue uno de los últimos en abandonar el juzgado y no dijo ni una sola palabra sobre estas últimas detenciones apelando al secreto sumarial.

La operación que ha vuelto a sembrar de polémica el urbanismo en la zona del Val Miñor continúa abierta, por lo que no se descarta que pueda haber más detenciones en los próximos días, según informaron fuentes cercanas a la investigación. Todas las detenciones se practicaron el pasado miércoles. La última fue la del arquitecto, con despacho en Vigo, que se produjo ya al filo de la medianoche.