"Garantizo a los vecinos de Gondomar que yo nunca pedí dinero a nadie". Así se manifestaba a última hora de ayer, en declaraciones a FARO, el edil de Cultura detenido José Luis Mosquera.

El concejal realizó estas manifestaciones ya en su casa en torno a las 23.30 horas, apenas dos horas después de ser puesto en libertad por la juez. "Es falso que yo tratase con constructores, porque nunca se dirigen a mí", señaló. Por su parte, el otro edil detenido, Alejandro Gómez, rehusó realizar declaraciones.

La jueza activó todos los medios legales a su alcance para intentar que no trascendiese ningún dato relevante de la investigación. Además del secreto de sumario, ordenó también un auto de incomunicación, una decisión que aunque no es excepcional tampoco es demasiado frecuente y con la que se busca imponer a todas las partes implicadas el máximo nivel de hermetismo.

La orden de incomunicación implica una situación procesal especial, en la que los detenidos son defendidos por abogados del turno de oficio y no por letrados particulares.

Fuentes judiciales explican que este tipo de medidas especiales se adopta cuando concurren algunas de las siguientes circunstancias. en los casos de operaciones abiertas: en las que es preciso poner todos los medios posibles para evitar ahuyentar a otros implicado. Otra situación que existe es el peligro de que se destruyan pruebas que puedan resultar clave para el proceso. Además se quiere evitar que los imputados puedan coordinar y ajustar sus versiones.

El traslado de los concejales y del arquitecto -familiares de éste último acudieron a los juzgados- se llevó a cabo también con la mayor discreción, a bordo de un automóvil sin ningún distintivo de las Fuerzas de Seguridad.