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GALICIA

11/10/2010 | M. Vázquez | SANTIAGO
   

España basará su defensa en un informe nuevo que avala el alejamiento del ´Prestige´


Un equipo multidisciplinar vinculado a Fomento concluye que la decisión aumentó los riesgos pero minimizó los daños

Alejar el Prestige de la costa gallega fue la decisión acertada para minimizar los daños medioambientales y la gestión política de la catástrofe en ningún caso constituyó un delito ecológico porque el buque se iba a hundir igual. Estos serán los principales argumentos que esgrimirá la Abogacía del Estado en el juicio del caso Prestige para defender al ex director general de Marina Mercante, José Luis López-Sors, acusado de cometer con su gestión un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, y al propio Gobierno español, que como responsable civil subsidiario tendría que hacer frente a las indemnizaciones si el ex alto cargo resulta finalmente condenado.

Para defender a López-Sors, único miembro de la Administración acusado en el proceso, los abogados del Estado se apoyarán en un informe técnico encargado específicamente al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Fomento. Tras seis meses evaluando las alternativas en función del riesgo y los previsibles daños, los tiempos en los que se tomó cada decisión y las condiciones meteorológicas reales, los peritos del Cedex concluyen que de todos los hipotéticos escenarios el mejor fue el que se produjo ya que alejando el barco el riesgo de rotura aumentaba pero los daños disminuían y si se remolcaba hasta Corcubión el impacto de una marea negra a tan corta distancia sería mayor y a más largo plazo.

Este exhaustivo informe será una de las principales pruebas que aportará la defensa de López-Sors para convencer al juez de su inocencia y demostrar que tanto la decisión de alejar el petrolero como el rumbo elegido fueron "los mejores". Es, además, la única novedad que aporta un escrito de defensa de 40 folios en el que los abogados del Estado insisten en los argumentos esgrimidos durante la instrucción. Tras hacer una narración detallada y cronológica de los hechos, defiende la gestión política de la catástrofe y sostiene que ninguna de las dos únicas opciones –enviar el buque mar adentro o remolcarlo hasta puerto– habría impedido que el Prestige se partiera en dos y arrojara su carga al mar. "El barco presentaba daños previos. Por eso el acierto o el error en la gestión no fue delito ecológico porque el petrolero se iba a hundir ya antes de que el Estado interviniera", argumenta Manuel Rivero, uno de los abogados del Estado al frente del caso.

Con todo, el informe del Cedex, firmado por ocho ingenieros, un físico y varios biólogos, no será la única baza de España. La defensa solicitará también que se llame a declarar a Esfraitos Kostazos, anterior capitán del Prestige. El marino, ahora jubilado y con problemas de salud, había advertido meses antes del accidente sobre el mal estado del petrolero. En agosto de 2002 Kostazos envió un fax a la empresa que certificó la navegabilidad del barco informando de los "problemas estructurales" del Prestige y enumerando hasta nueve deficiencias, una comunicación que ABS siempre negó haber recibido y que también es uno de los principales elementos de prueba de España en la demanda en Nueva York contra la clasificadora.

Paso por Dinamarca

Además, también quiere utilizar como elemento de prueba el testimonio del práctico del puerto de Copenhague, que denunció el mal estado que presentaba el barco cuando pasó por Dinamarca y declaró en varios medios de comunicación que no sabía cómo le permitían seguir navegando en esas condiciones.

Estos dos testimonios se completarán con el de los autores de los informes que acompañan al escrito de defensa del Estado: el del Cedex y varios documentos encargados a peritos norteamericanos. La complejidad y la cantidad de pruebas solicitadas por Abogacía del Estado y por el resto de las partes dilatarán previsiblemente el inicio del juicio oral. Cerrado ya el plazo para presentar las defensas, Corcubión trasladará ahora el caso a la Audiencia de A Coruña, que tendrá aún que familiarizarse con la causa, pronunciarse sobre las pruebas solicitadas y resolver los detalles logísticos y las normas básicas del macrojuicio antes de fijar una fecha.




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