El cuidado de las zonas verdes públicas de Gondomar será contratado conforme a la normativa en las próximas semanas. El Concello licita el servicio de mantenimiento de parques y jardines en medio de la investigación judicial abierta para esclarecer si se produjo una adjudicación irregular del mismo durante los últimos 21 meses. La titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Vigo citará a declarar al alcalde, Fernando Guitián, como imputado por presunta prevaricación administrativa. La magistrada ha admitido una denuncia previa de la Fiscalía, que aprecia indicios de delito en el encargo de los trabajos de forma verbal y continuada a lo largo de algo más de año y medio a la empresa Jarma S.L., propiedad de un hijo de un destacado militante del PP, sin concurso previo.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba el pasado miércoles, día 19, el anuncio de la convocatoria del procedimiento abierto. El Ayuntamiento oferta el servicio por 79.997,93 euros anuales, IVA incluido, durante un período de dos años, prorrogable hasta otros dos.
Las firmas interesadas en participar pueden presentar sus propuestas durante un plazo de 15 días hábiles desde el citado anuncio oficial. Para obtener los detalles de la tramitación, podrán dirigirse a la Secretaría del Concello o consultar la web municipal.
La licitación pública se produce cinco semanas después de que este diario diese a conocer la denuncia de la Fiscalía contra el regidor, formulada a raíz de la que presentó el concejal nacionalista no adscrito Pauliño del Río.
100.000 euros en año y medio
La anterior concesión del mantenimiento de parques y jardines de Gondomar culminó en julio de 2011, un mes después de que Guitián accediese a la Alcaldía. Jarma S.L. comenzó a facturar mensualmente y por trabajos puntuales un año después. La empresa -cuyo administrador único es hijo de Marcelino Misa, vocal de la gestora del PP y expresidente de la Entidade Local Menor de Morgadáns- fue registrada oficialmente en mayo de 2012, semanas antes de comenzar a atender encargos municipales.
La firma ha emitido más de una treintena de facturas por importe superior a los 100.000 euros desde julio de 2012 hasta que la juez abrió diligencias contra el alcalde, según la documentación que obra en poder de la Fiscalía. Todas ellas cuentan con informes negativos por parte del interventor municipal.
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