La Xunta entregó ayer a los grupos parlamentarios el borrador de la futura Lei do Solo con el que el Gobierno gallego pretende abrir un proceso de diálogo para tratar de llegar al mayor acuerdo posible y garantizar así la máxima pervivencia de una norma que sustituirá a la de 2002, que desde su nacimiento ha estado sometida a continuas revisiones por su dificultad para aplicarla en la práctica. Entre sus novedades figura la apertura de un proceso extraordinario para legalizar aserraderos de madera, plantas de transformación de productos agroganaderos y forestales, minas y canteras localizadas que están funcionando sin licencia en suelo rústico protegido. La condición que se les exige es que ya existieran antes del 1 de enero de 2003, fecha en la que entró en vigor la Lei de Solo que ahora se sustituirá por una nueva y que en su momento habilitó también una fórmula especial para regularizar explotaciones ganaderas.
Ahora, se amplían las posibilidades de legalizar actividades económicas asentadas en suelo protegido. De hecho, el discurso oficial de la Xunta no deja de insistir en que se tratará de aprovechar todos los recursos naturales, incluidas las minas, que ofrece la geografía gallega para dinamizar la economía.
Para las actividades mineras que están funcionando si licencia, la nueva Lei do Solo en su disposición transitoria séptima regula su legalización. Si están en suelo de protección ordinaria o de protección de aguas, tienen que acreditar su existencia antes 2003 y para eso les bastará con el reconocimiento administrativo de la Consellería de Industria. Luego, el titular de la explotación se dirige al concello para solicitar la licencia. Si la cantera o mina está en suelo de especial protección, entonces será necesario un pronunciamiento del Consello de la Xunta. Nada se dice en el borrador de la ley de sanciones por operar sin licencia durante tantos años, pero se precisa que es necesaria la licencia para continuar con su actividad.
Sin dar una cifra concreta, fuentes próximas al Gobierno gallego aseguraron que son "numerosas" las instalaciones mineras y canteras que operan en Galicia sin licencia municipal, si bien añaden que esta actividad está permitida en suelo rústico.
Para el caso de las explotaciones vinculadas al sector agrario y forestal, el proceso es más sencillo. Pueden continuar, en todo caso, con su actividad sin licencia, y para conseguirla solo tienen que pagar en el respectivo ayuntamiento el impuesto municipal de construcciones, instalaciones y obras.
La nueva ley elimina todas la referencias que contenía la de 2002 sobre las características que debían reunir las construcciones levantadas en suelo rústicos, donde se precisaban aspectos de diseño, altura, color de la fachada, materiales usados y hasta indicaciones sobre el tipo de tejado. Esto hacía muy complicado cumplir con la normativa en los núcleos rurales tradicionales, por lo que se optó por retirar todas esas referencias, de la misma forma que tampoco se recogerán en la futura norma las determinaciones sobre aguas, protección medioambiental, anchura de las calzadas o paisajismo porque ya están fijadas en otras normativas sectoriales.
Con ello se quiere simplificar y agilizar la aplicación de una ley que siempre resultó muy difícil de cumplir por la profusión de detalles técnicos. Así, de los 237 artículos anteriores se pasará ahora a 175.
Otras novedades, ya avanzadas con anterioridad por la Xunta, permitirán reducir de seis a tres años el plazo para la tramitación de los planes urbanísticos -solo 70 concellos los tienen actualizados-, abrirá la lista de actividades cuya licencia dependa directamente del ayuntamiento, se facilitarán más usos en suelo rústico -como el turístico-, o se obligará a los propietarios a rematar la fachadas de sus casas para luchar contra el feísmo.
Al menos esto es lo que está recogido en el borrador, a expensas de los cambios que pueda sufrir en la negociación con los grupos parlamentarios.
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