La reforma aprobada por la Xunta en enero del año pasado para legalizar el Puerto Seco de Salvaterra-As Neves ha recibido el respaldo del Tribunal Supremo, la misma instancia que anuló el proyecto a mediados de 2010 fundamentalmente por incluir un millón de metros cuadrados de suelo forestal protegido. El Gobierno gallego desgajó esos terrenos del macropolígono, que de ese modo pasó a tener una superficie de tres millones de m2. La asociación de afectados por la llamada Plataforma Logística (Plisan) presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que lo desestimó, y acudió entonces al Supremo. Entienden los denunciantes que lo que hizo la Administración fue un subterfugio para evitar el cumplimiento del fallo judicial, pero la sala concluye que con la segregación de la zona forestal quedan resueltas las causas que motivaron la ilegalización.
El Supremo avala los argumentos del auto del TSXG que desestimó el recurso de la asociación de afectados contra la reforma urbanística del Puerto Seco. El alto tribunal gallego señaló que "la modificación del proyecto tiene por objeto excluir el suelo de especial protección, por lo que no puede decirse que su objeto sea hacer caso omiso de la sentencia". Los denunciantes sostienen que no es posible cambiar el proyecto, porque había sido declarado ilegal en su integridad, lo que haría necesaria una nueva tramitación desde el principio. La Administración habría tomado un atajo irregular, según su punto de vista, para evitar volver el inicio del procedimiento, saltándose así varios pasos.
El Tribunal Supremo lo desecha y reseña que los cambios en el proyecto tienen como finalidad "dar exacto cumplimiento a la sentencia" que dejó sin cobertura legal el proyecto, ya que la Xunta "ha prescindido de los extremos que se anularon por ser contrarios a derecho". Otro motivo de la ilegalización fue la posible reducción del aprovechamiento del 10% que le corresponde a los ayuntamientos afectados. Esta circunstancia también quedó solventada con la reforma, según avalan el TSXG y el Supremo.
Con la modificación la Xunta buscaba, además de regularizar el ámbito, ofrecer garantías jurídicas a la multinacional Mitsubishi, que proyectó una fábrica de baterías para automóviles en la plataforma logística.
Pese a la victoria para los promotores del Puerto Seco –la Autoridad Portuaria, la Zona Franca y la Xunta– los problemas no están ni mucho menos resueltos. Aunque hayan sido superadas las dos causas de la ilegalización y el polígono vuelve a estar en situación regular con un tamaño más pequeño, los denunciantes pueden presentar nuevas demandas, y ya lo han hecho. El comité ejecutivo de Zona Franca dio ayer cuenta del recurso contencioso impuesto por la Asociación de Afectados contra la resolución de la Xunta adoptada el 27 de diciembre de 2010 que consideró innecesario el trámite de evaluación estratégica ambiental dentro de la modificación del proyecto Tanto la Administración autonómica como el Consorcio estatal se han personado contra esta demanda.
El Puerto Seco ha recibido una cascada de miles de recursos de los afectados, que han ganado muchos de ellos. De entrada las instituciones promotoras del ámbito han tenido que pagar cuatro millones de euros más de lo tasado por el suelo expropiado y están pendientes de resolver los derechos mineros en la zona, que podrían suponer indemnizaciones por hasta 16 millones.
Zona Franca aspira a recuperar el suelo excluido al perder su "valor ecológico"
La apariencia desde el aire del Puerto Seco, donde hasta ahora solo hubo movimiento de tierras, es la de un trébol de tres hojas. Con la exclusión del millón de metros de suelo forestal quedó eliminada una de ellas, la situada al este del polígono. El terreno se corresponde con la parte propiedad de Zona Franca, que posee un 21% dentro de la Plataforma Logística. Las tres instituciones implicadas ya han iniciado un reparto a partir del nuevo tamaño, ya que deben conservar los porcentajes.
De todas formas el Consorcio no renuncia a ese millón de metros cuadrados y sus servicios jurídicos estudian plantear un incidente de inejecución de la sentencia que declaró ilegal el Puerto Seco con su configuración inicial. El motivo esgrimido es que, con las obras ya realizadas, el suelo, ya expropiado, habría perdido sus "valores ecológicos" y no sería posible restaurarlos.
El abogado del Estado en Zona Franca expuso la situación ayer en el comité ejecutivo, según las fuentes consultadas. Como alternativa se planteó indemnizar a los afectados con un incremento del valor del suelo en un 25%. Sin embargo los miembros del comité acordaron hacer nuevas consultas sobre el valor del suelo antes de plantear la fórmula a la sala.
El ámbito segregado se halla en el Concello de As Neves. El gobierno local podría iniciar, según distintas fuentes, una modificación de las normas urbanísticas para cambiar la clasificación del suelo ahora que se ha perdido la masa forestal, y calificarlo con el uso que permitiría instalar el Puerto Seco.
El Consorcio licita por casi 18 millones las parcelas comerciales de Porto do Molle
Zona Franca ofertará próximamente la parte comercial del polígono nigranense de Porto do Molle. Son cuatro parcelas que suman casi 86.000 metros cuadrados de superficie, la mayor de ellas de 64.000, y el precio de salida para el conjunto es de 17,7 millones de euros, IVA incluido.
El polígono tiene una superficie de más de un millón de metros cuadrados y hasta ahora se pusieron en el mercado parcelas de uso exclusivamente industrial. Allí están instaladas entre otras la multinacional de la automoción Snop, la empresa de tecnología pesquera Marine Instruments y la distribuidora de productos de perfumería Disna. Zona Franca promovió directamente naves bioclimáticas, con capacidad para la instalación de 40 firmas, y ya están en parte ocupadas. La inversión concreta en esta obra rondó los 39 millones de euros.
La superficie comercial estaba pendiente de salir a licitación. El suelo ha sido tasado y el comité ejecutivo dio ayer el paso para ofertarlo. Además de empresas de distintas categorías comerciales tienen cabida equipamientos, firmas de ocio y hostelería y oficinas. Mercadona es una de las compañías que proyecta un centro en el parque.
Otro de los acuerdos adoptados en el comité ejecutivo está también relacionado con el polígono miñorano. Se trata de una modificación del presupuesto que eleva el coste del edificio tecnológico de oficinas, en fase de obras. El incremento se debe a mejoras en el proceso constructivo. Unida a otros aumentos anteriores por diversas circunstancia el precio pasa a situarse en 7,2 millones, 800.000 euros más de la cantidad de adjudicación.
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