Casi como quien no quiere la cosa, porque las quejas de los dueños de terrenos donde se ubican parques eólicos en Galicia vienen de muy lejos, la denuncia esta vez llegó a oídos del Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC). El organismo ha ordenado una investigación a fondo de los contratos que proponen las empresas energéticas a los propietarios de suelo para comprobar si existe o no un pacto entre las firmas del sector para repartirse las zonas y mantener los precios a la baja. La asociación Ventonoso, que agrupa a un elevado número de arrendadores y asesora en las negociaciones con las compañías, asegura que lo que acaba en sus manos son ofertas "basura" porque por cada área donde se pueden levantar aerogeneradores, "misteriosamente" sólo surge una empresa interesada en hacerse con ella. Ocurrió incluso durante los preparativos del concurso de la Xunta, que multiplicó por 25 la demanda de potencia sobre la demanda.
En un primer momento, el TGDC remitió las protestas de los propietarios al Servizo Galego de Defensa da Competencia (SGDC), que elaboró un informe. Su labor se centró exclusivamente en contactar con Ventonoso para confirmar su visión de los contratos. La asociación reiteró sus sospechas. El caso se cerró. "Sin más argumentación ni indagación fáctica", lamenta el Tribunal, que quiere ahora una "investigación objetiva".
El estudio de lo que está ocurriendo en los arrendamientos de solares para parques eólicos deberá incluir, por exigencia de la máxima autoridad gallega en materia de Competencia, un análisis de los alquileres pagados "realmente" a los propietarios de las tierras donde ya se instalaron aerogeneradores durante los dos últimos años para tratar de examinar si existe "coincidencia en el nivel de precios y en su evolución en el tiempo". Todas las empresas intermediarias que están negociando en cada zona actualmente deberán estar identificadas para concretar, además, si cada una de ellas representa a una o varias compañías energéticas y qué tipo de relación mantienen entre ellas. Una vez obtenida esta información, el SGDC tendrá que comparar las ofertas que se ofrecen en cada terreno con los precios que se están pagando por parques que ya funcionan.
Lo poco que se ha hecho hasta ahora es, para el TGDC, "insuficiente". "No se puede considerar probado que no existan indicios de conductas anticompetitivas". Por eso, lanza el encargo al Servizo da Competencia. Para que siga las pautas que ha marcado y "todas las demás pruebas que sean necesarias hasta la completa cualificación jurídica de este asunto" hasta lograr un "expediente de información veraz contrastado" y así tomar las medidas oportunas en caso de que se demuestre las quejas de los propietarios de terrenos.
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