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GALICIA

08/10/2008 | Primitivo Carbajo | VIGO


Querella del fiscal contra el alcalde de Baiona por un delito de prevaricación urbanística


El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, y los miembros de la Xunta de Goberno local responderán la próxima semana en el juzgado por un supuesto delito de prevaricación formulado en una querella de la Fiscalía de Pontevedra a instancias de la Consellería de Política Territorial. El presunto delito consistiría en imponer de modo ilegal un "área de reparto" en suelo urbano consolidado para favorecer los intereses de Jesús Pérez Gil, dueño del hotel-balneario Talaso, sobre el que por otra parte pesa una orden de demolición desde hace dos años.

El asunto, que se verá en diligencias previas en un juzgado de Vigo el martes y miércoles próximos, remite a unas parcelas situadas enfrente del vial que conduce al parador Conde de Gondomar. La promotora sevillana Herederos de Concepción Taboada del Río solicitó en marzo de 2007 licencia para construir en una de ellas un edificio de bajo y cinco plantas.

Al tratarse de suelo urbano consolidado, según el plan general de urbanismo vigente, el Ayuntamiento debió otorgar licencia directa para esa ejecución. En lugar de ello, realizó sucesivos requerimientos a la promotora, entre ellos el sorprendente de que acreditara la condición de solar (suelo urbano consolidado) de la parcela, lo que es patente en el plan general pero que el Ayuntamiento no reconoce. Con tal motivo, en febrero de este año denegó la licencia a la promotora, que ésta ya había dado por concedida por silencio administrativo.

En marzo la Xunta de Goberno local aprobó, contra toda norma, la imposición de un "área de reparto" formada por la citada parcela y otra colindante, de menor edificabilidad y en la que tiene intereses el dueño del hotel Talaso, Jesús Pérez Gil, ya que su casa ocupa 27 metros cuadrados de la parcela de menor edificabilidad, los cuales actúan como "llave" para que se pueda construir en el área de reparto impuesta por el Ayuntamiento. A ese efecto, Pérez Gil ha pedido a la promotora 1,8 millones de euros por su propiedad.

El alcalde Vázquez Almuíña expresó ayer su confianza en la Justicia y se mostró "deseoso" de prestar declaración. Según él, las decisiones se adoptaron con los preceptivos informes técnicos. El informe determinante, no obstante, fue el del asesor jurídico municipal, el abogado Juan Colón, primo de Pérez Gil. Colón ya desempeñó la misma función en el ayuntamiento de Salceda de Caselas, donde la compatibilizó con sus tareas de abogado de las inmobiliarias que actuaban en el municipio.




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