Los 2.325 nuevos megavatios eólicos que la Xunta pondrá en juego a partir de la próxima semana no solo han tensado la relación entre el sector y la Consellería de Industria. El resto de agentes en juego también exigen su parte. Primordialmente los propietarios del suelo en el que se asentarán los cerca de 2.000 molinos necesarios para cubrir la futura potencia.

Los dueños de los montes (se calcula que en Galicia habrá cerca de 40.000 afectados por el negocio del viento) acusan a las empresas que están preparando sus proyectos de haber pactado entre ellas para no entrar en competencia por las parcelas más codiciadas.

La situación está provocando ofertas de 2.200 euros por cada megavatio de nueva factura, lo que, según denuncia el presidente de Ventonoso, José Antonio Diéguez, significa apenas el 0,9% de la producción bruta del parque. Este precio estaría incluso por debajo de los alquileres que se venían percibiendo hasta ahora por los megavatios instalados al amparo del decreto eólico de 1995. En la actualidad, los precios medios, según fuentes de Ventonoso, están en el 1% de la producción bruta de los parques, en torno a 2.300 euros por megavatio.

Las propuestas de cada empresa son, por ahora, secretas. Pero los propietarios del suelo aseguran que la más alta está por debajo del 3% de la producción de energía eólica del parque (algo más de 6.000 euros por megavatio). «Estos alquileres -comenta Diéguez Otero- deberían ser los mínimos, pero están siendo excepciones en las ofertas empresariales».

Los comuneros están detectando que «cada compañía va a su zona» y apenas existe concurrencia competitiva, algo que el concurso de la Xunta estimula en sus bases. «Nos da la impresión de que hay pactos no escritos entre las empresas», apunta el portavoz de Ventonoso.

Otra de las quejas generalizadas son las supuestas «cláusulas abusivas» que estarían proponiendo los promotores de los parques a los dueños del suelo. Estas condiciones «negativas» para los propietarios hacen alusión a contratos que duran «la vida útil de los parques», o a ceses de actividad con solo seis meses de preaviso.

José Diéguez lamenta que, hasta el momento, no haya sido factible elaborar una mesa de diálogo conjunta entre la Xunta, las empresas eólicas y los dueños de los montes. Estos últimos recuerdan que un 30% de los ingresos percibidos por la ocupación del suelo se lo lleva Hacienda, lo que reduce de manera sustancial sus beneficios.

Las peticiones que Ventonoso le ha trasladado a la Administración pasan por solicitar una reducción de las franjas de protección de los parques. «Creemos que se está recalificando hasta diez veces más suelo del estrictamente necesario para montar un parque», aseguran los comuneros, «pero las empresas no pagan más por ese espacio que los propietarios del monte no pueden usar». Ventonoso estudia el modelo de participación danés. En Dinamarca, los dueños del suelo reciben una participación directa en los beneficios de cada parque eólico (hasta un 20%). Además, los propietarios han configurado un modelo de participación accionarial en las compañías del sector.

En Galicia, está decidido que las empresas que planteen cesiones de su accionariado a la Xunta sean primadas en el concurso público.