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La Voz de Galicia

GALICIA


El socio japonés de Acciona se suma a Endesa y recurre el decreto eólico

07/03/2008 | Miguel A. Rodriguez


Los aliados del grupo de Entrecanales en Galicia firman las únicas iniciativas judiciales contra la norma de la Xunta



Eurus Energías Renovables, el socio japonés de Acciona en Eurovento, es la segunda operadora eólica presente en Galicia que ha decidido desmarcarse de la asociación autonómica que representa al sector y plantear un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de la Xunta.

La iniciativa judicial se suma a la emprendida el pasado lunes por la división de Energías Renovables de Endesa. Ninguna otra compañía ha utilizado la vía contenciosa para solicitar la anulación del nuevo marco legal que la Consellería de Industria ha establecido para el sector.

Finalizado el plazo, los únicos recursos que amenazan la normativa parten de los dos socios de Acciona en Galicia. Como grupo, la firma que preside Entrecanales ha optado por no batallar con la Xunta. Eurus Energías Renovables es propiedad en un 60% del imperio energético nipón Tokio Electric Power, una de las dos mayores eléctricas del mundo. El otro 40% pertenece a Toyota. Con sede en Tokio y Londres, la firma explota parques eólicos en Italia, Grecia, Gales, Estados Unidos, Corea y Japón, además de en España. Los japoneses están en Eurovento desde su fundación, en 1996. Entonces formaron sociedad con Terranova Energy, de capital español y norteamericano. La participación de Terranova pasó primero a manos de Tomen Power y, más tarde, a las de Corporación Eólica (Cesa), que hace año y medio fue adquirida por Acciona. La sociedad de Eurus con Eurovento caduca en el 2010.

En el sector se especula con que el recurso al decreto de la Xunta es una manera de tomar posiciones la hora de negociar el futuro reparto de activos con la constructora en una hipotética separación. Algo similar sucedería con el recurso de Endesa, que está pendiente de repartir los activos de Ecyr con Acciona a partir del próximo mes de abril.

La previsión del Gobierno autónomo es abrir el concurso para la adjudicación de la nueva potencia (están en juego 2.325 megavatios) el próximo miércoles. Las empresas tendrán tres meses para presentar ofertas y la Xunta pretende dilucidar el reparto en el mes de septiembre, tres meses antes del margen que prevén las bases del concurso. El objetivo es que Galicia puedan contar en el 2013 con 6.500 megavatios de potencia eólica instalados y en producción. El responsable de Industria, Fernando Blanco, valoró positivamente que el sector no haya recurrido la normativa. Y manifestó su «respeto» a las compañías que han acudido a la vía contenciosa. El concurso supondrá una inversión en Galicia de 5.500 millones y la creación de 3.000 puestos de trabajo directos, según la previsión de la Xunta.



La tramitación judicial de las quejas podría retrasarse hasta diez años

Para cuando los tribunales decidan sobre los recursos presentados por Endesa y Eurus, la totalidad de los nuevos parques eólicos que adjudicará la Xunta en los próximos meses podrían estar ya en funcionamiento.

Fuentes de la judicatura estimaron que los contenciosos que deberá dilucidar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia podrían dilatarse en el tiempo hasta diez años.

En todo caso, los jueces tienen potestad para paralizar el proceso de adjudicación de la nueva potencia si en el examen de los recursos localizasen indicios de irregularidades que pudieran derivar en situaciones imposibles de reparar. En este caso, cautelarmente, podrían suspender la normativa de la Xunta y, por tanto, congelar los procesos de adjudicación de nueva potencia.

Agotadas todas las vías

Junto a los recursos en vía contenciosa, otras cuatro empresas han presentado ante Industria recursos de alzada contra un aspecto puntual del decreto eólico: la caducidad de los planes en vigor y no ejecutados (cerca de 200 megavatios que nunca han llegado a instalarse en Galicia, según las compañías porque la Xunta no tramitó los permisos necesarios). Las reclamaciones están firmadas por Endesa, Enerfín, Gamesa y Montouto 2000.

La propia consellería desestimó todos estos recursos de alzada por considerar que su presentación no es procedente tras la caducidad de los planes. Según Industria, estas alegaciones administrativas tendrían que haberse presentado cuando se aprobó la normativa de 1995 que preveía esa posibilidad. Según esta teoría, el Gobierno gallego lo único que habría hecho ahora es «aplicar» la norma en vigor.



Siete errores para tumbar el nuevo marco de juego

Las presuntas irregularidades de la normativa elaborada por la Consellería de Industria



El contenido de los recursos de las dos empresas que han optado por acudir a la vía judicial para anular el decreto eólico de la Xunta de Galicia no ha sido divulgado. Pero los informes jurídicos que han servido de base para la presentación de estos sí que han sido ampliamente comentados en los últimos meses desde la Asociación Eólica de Galicia (EGA). En función de estos comentarios, hay al menos siete argumentos jurídicos que podrían actuar de palanca para que un tribunal suspenda la aplicación de la normativa autonómica:

1.- Derogación de los planes eólicos de 1995 no ejecutados en su totalidad. Las empresas consideran que el procedimiento estimado para considerar caducados los planes es contrario a derecho y contradice el principio de audiencia. En Galicia hay cerca de 200 megavatios «caducados» con este decreto.

2.- Participación pública en los nuevos parques eólicos. El régimen de participación gratuita (ante obligatorias y ahora voluntaria) infringe el ordenamiento jurídico. La Xunta ya ha dicho que está dispuesta a negociar fórmulas pero que no renunciará a este tipo de cesiones del accionariado en los futuros parques.

3.- Silencio administrativo confuso. Las compañías aducen que el decreto regula un silencio administrativo negativo que puede ser contrario a derecho.

4.- Intervencionismo ilegal. El decreto vincula la producción eólica con el importe del alquiler de los terrenos. Esta fórmula podría ser una intromisión en el libre mercado.

5.- Planes sectoriales. Las empresas entienden que si no se modifican previamente por parte de la Xunta podría entrarse en contradicciones.

6.- Seguridad jurídica confusa. Los criterios de valoración podrían no ser homogéneos para los solicitantes, lo que crearía una inseguridad jurídica. Industria ya ha aclarado que la baremación será «escrupulosa e igual para todos».

7.- Documentación poco clara. El decreto califica como de carácter voluntario la presentación de documentos que los promotores de los parques consideran obligatorios.




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