El Ministerio de Medio Ambiente ha decidido posponer sus planes para liberar el borde litoral de Galicia de naves industriales. El medio centenar de empresas que ocupan los primeros seis metros de costa y tienen sus permisos caducados o a punto de hacerlo podrán prorrogar las autorizaciones un mínimo de siete años y un máximo de 28, después del acuerdo firmado ayer en Santiago por la Dirección General de Costas y la Consellería de Pesca.

El convenio que otorga facilidades a las industrias para mantener sus instalaciones en el borde del mar es el resultado de un año de negociaciones entre el Gobierno central y el departamento de la Xunta. Las protestas de las empresas tras el anuncio del ministerio de que, por criterios ecológicos, no renovaría ninguna concesión de ocupación de dominio público llevó a la consellería a intervenir en el conflicto. El director general de Costas, José Fernández Pérez, admite ahora que otorgará prórrogas a los afectados "para que la actividad de esas empresas que emplean a muchas personas no se pueda ver interrumpida".

Pesca aún no ha cerrado el recuento de industrias que se beneficiarán de la extensión de las autorizaciones, que deben estar caducadas o a punto de hacerlo. Por el momento, la consellería cifra en 19 las de la provincia de A Coruña y en 11 las del litoral de Lugo, a falta de concretar cuántas están ubicadas en Pontevedra. Gallego calcula que el acuerdo con el ministerio afectará en total a medio centenar de empresas, entre ellas cocederos de mariscos, picisfactorías, conserveras y depuradoras.

Estas industrias tendrán siete años para trasladar las instalaciones que ocupan los primeros seis metros de litoral. Si por "circunstancias extraordinarias" no completan el traslado en ese tiempo, Medio Ambiente se compromete a concederles otra prórroga que podría renovarse "de manera automática" hasta los 28 años. Esta situación se dará cuando la firma no haya terminando el desmantelamiento de las naves "por cuestiones ajenas a la misma" o "para evitar posibles agravios comparativos entre las empresas", explica la consellería.El representante del Ministerio de Medio Ambiente defendió el acuerdo alcanzado con la Xunta para que "ninguna empresa tenga que cerrar o se tenga que ir", las quejas que más repitieron las industrias afectadas cuando el ministerio anunció hace algo más de un año que no renovaría los permisos de ocupación de dominio público. José Fernández Pérez dice que su departamento dará "cierto tiempo" para que estos negocios "encuentren una ubicación mejor", con una serie de facilidades que también está dando en otras comunidades como Cantabria. "Lo que hacemos es abrir una vía pacífica y consensuada", subrayó. "Todas estas plantas necesitan estar al lado del mar porque necesitan agua de mar".

Las que no se beneficiarán de ninguna prórroga, insiste la Dirección General de Costas, son aquellas compañías cuya autorización para ocupar el borde del mar no caduca de manera inminente. Tanto el ministerio como la Consellería de Pesca consideran que esas industrias tienen tiempo suficiente para preparar el traslado de sus instalaciones porque "ya conocen la política" del Gobierno central. "Las reglas del juego están claras: no va a haber renovación automática porque sí", esgrime Fernández.

Medio Ambiente se compromete a no otorgar ninguna concesión a empresas para que levanten instalaciones nuevas en los primeros seis metros de costa, un veto que incluirá a las piscifactorías previstas en el nuevo plan de acuicultura de la Xunta, pendiente de aprobación. En esta franja sí podrán ubicarse canalizaciones y tomas de agua, que deberán ir enterradas. Pese a que todas las empresas podrán permanecer en primera línea de costa durante al menos siete años más, el ministerio mantiene su intención de que en el futuro los gallegos puedan ejercer su "derecho" de acceder a pie a estos terrenos públicos.