La causa judicial abierta contra los 29 vecinos de Nigrán imputados por alteración del orden público, daños y lesiones durante los disturbios del 2 de junio de 2006 en el concello sigue su curso. A pesar de que el actual alcalde, Efrén Juanes, retiró hace unos meses la acusación contra los manifestantes que en nombre del ayuntamiento había formulado el anterior regidor, Alfredo Rodríguez, el proceso continúa a instancias del ministerio fiscal.
Por ello, el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo cita a declarar ahora como testigos a los siete concejales de PSOE y BNG que formaban parte de la Corporación en el momento en que se produjeron los hechos. Prestarán declaración ante el juez el próximo 26 de marzo, fecha en la que también ha sido citado como testigo de lo ocurrido el secretario xeral del concello nigranense.
Con estas citaciones, que afectan entre otros al actual regidor y al teniente de alcalde, David Giráldez, el juez pretende avanzar en el esclarecimiento de unos hechos sobre los que hace ya varios meses que los vecinos implicados prestaron declaración.
En nombre de sus respectivos grupos, tanto el nacionalista David Giráldez como el concejal socialista Juan González se mostraron ayer "totalmente dispuestos" a colaborar con la justicia para que se aclare lo ocurrido durante la irrupción de los vecinos en el pleno del 2 de junio de 2006, en el que se debatía la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
González, actual responsable de Urbanismo, indicó que tanto él como el resto de concejales y ex ediles socialistas citados por el juez confían en que "se clarifique la situación". Recordó que la primera medida que adoptó el actual gobierno municipal fue retirar la denuncia del ayuntamiento contra los vecinos, aunque con ello "no justificamos, ni hemos apoyado en ningún momento los actos violentos", apuntó.
Responsabilidad
Juan González defendió que, en todo caso, la responsabilidad última de que la situación desembocase en un acto violento "no fue de la oposición ni de los vecinos, sino de la propia política urbanística del anterior gobierno municipal".
Las diligencias que se instruyen ahora, a las que se añadirá el testimonio de los ediles de PSOE y BNG permitirán al juez decidir si sobresee el caso o continúa el proceso con un juicio a los imputados.
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