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La Voz de Galicia

GALICIA


El juez imputa al director de Augas de Galicia por el vaciado de Fervenza

07/02/2008 | Pablo González


Concluye que tanto la concesionaria como la Administración tenían información para evitar la muerte de peces

También declararán el consejero delegado de Ferroatlántica, otro alto cargo de la empresa y uno más de la Xunta



El juez que instruye el caso por la muerte de miles de peces en el embalse de Fervenza ha decidido llamar a declarar como imputados al director xeral de Augas de Galicia, José Luis Romero Valeiras, y a otro alto cargo del organismo autónomo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, al existir indicios de que la Administración autonómica no habría controlado los niveles hidráulicos del pantano antes de que estuviera por debajo del 0,4% de su capacidad y la falta de oxígeno causara una mortandad masiva en la fauna fluvial de la cuenca del Xallas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión también ha decidido imputar por su responsabilidad en el vaciado del embalse al consejero delegado de la división de energía de Ferroatlántica, José Luis González-Haba, así como al jefe de explotación de la misma empresa, encargado este último de la gestión hidráulica directa del embalse de Fervenza.

Las imputaciones se producen un mes después de que el Servicio para la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) finalizara la investigación desarrollada a instancias del juzgado y que se dirigió en dos direcciones. Por un lado, analizar la actitud de Ferroatlántica con respecto al control de los niveles del embalse y, por otro, comprobar si Augas de Galicia tenía la obligación de vigilar de oficio los niveles hidráulicos del embalse independientemente de que la firma concesionaria avisara o no de la dramática situación a la que se vio abocado el pantano el 10 de noviembre del 2007.

La tesis recogida en la investigación realizada por el Seprona es que la Xunta, a través de los boletines hidráulicos de los embalses que periódicamente Augas de Galicia publica en Internet, debería haberse percatado del nivel inusualmente bajo en Fervenza. Por tanto, se considera que la Administración autonómica tendría que haber tomado medidas antes de que se produjera una mortandad masiva de peces que aún no ha sido cuantificada oficialmente.

Tanto por parte de la empresa concesionaria como de la Xunta, la investigación realizada a instancias del juzgado concluye que el desastre ecológico podría haberse evitado si, con la información disponible, se hubiera reaccionado a tiempo.

De ahí que se solicite la declaración como imputado del director xeral de Aguas de Galicia, José Luis Romero Valeiras, así como del subdirector de Proyectos y Programas del mismo organismo. Las declaraciones de los cuatro imputados se llevarán a cabo en Corcubión a mediados de marzo.

En cualquier caso, la responsabilidad de los cargos de Ferroatlántica sería directa en lo referente al vaciado, mientras que la de los de la Xunta tendría carácter «subsidiario», aseguró ayer un portavoz del Gobierno autónomo.

Otras fuentes jurídicas consultadas ven «muy remoto» que al final de la instrucción se mantenga la imputación penal de los altos cargos de la Administración, pues consideran que en última instancia solo podría achacárseles algún tipo de responsabilidad civil.



La entrada de agentes del Seprona en la sede del organismo marcó el inicio de las pesquisas

En principio, todas las investigaciones sobre el desastre de Fervenza se dirigieron hacia Ferroatlántica, propiedad del empresario madrileño Juan Miguel Villar Mir. La propia Xunta acusó a la empresa de llevar a cabo un vaciado masivo para realizar unos trabajos en el fondo del embalse.


Sin embargo, un auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión ordenó al Seprona investigar la actuación de los organismos competentes de la Xunta para comprobar si fallaron en su papel de control en el caso del embalse de Fervenza, pues la Ley 8/1993 atribuye a Augas de Galicia la administración y control de los aprovechamientos hidráulicos en la comunidad gallega.

El 20 de noviembre, agentes del Seprona entraron en la sede de Augas de Galicia en Santiago para recabar información sobre la actuación de la Xunta en el caso, causando cierto malestar en los servicios jurídicos del Gobierno autónomo. Días después, el Seprona tomó declaración al director xeral de Augas de Galicia.




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