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La Voz de Galicia

GALICIA


La mitad de las canteras incumplen el deber de restaurar el suelo explotado

03/02/2008 | Serafín Lorenzo


Una investigación tratará de esclarecer el estado de unos 300 yacimientos que tienen licencia provisional

El Valedor exige a la Xunta que demande de las empresas estrategias de restauración de los espacios naturales



La ordenación de las minas a cielo abierto que están operativas en Galicia sigue pendiente cinco años después de la entrada en vigor de la ley de ordenación urbanística 9/2002 que habilitó un proceso excepcional para su regulación. El Valedor do Pobo ha comprobado que, de las 600 explotaciones en funcionamiento, «case a metade estarían levando a cabo plans de restauración, polo que a outra metade non o farían». Ante la evidencia de que, pese a esos y otros «incumprimentos», los requerimientos para que las empresas cumplan la normativa ambiental y las sanciones administrativas «eran escasos», la institución ha instado a la Xunta a que demande planes de restauración de los espacios naturales afectados por las actividades extractivas en las explotaciones que no cuenten con ellos o con estudios de impacto o efectos ambientales.

El Valedor también ha recomendado a las tres consellerías implicadas (Política Territorial, Medio Ambiente e Industria) que, en los casos en que se carezca de esos planes o estudios, «se inicie o correspondente expediente sancionador contra o titular da explotación que se negue ao cumprimento das esixencias de planificación da restauración». Advierte al respecto que «existe unha fundada preocupación pola proliferación e impacto natural das explotacións mineiras a ceo aberto».

Garantía económica

La institución que dirige Benigno López demanda, además, que se instrumenten las medidas de garantía económica «para asegurar a restauración de todo os espazos naturais afectados por explotacións mineiras», como establecen la Lei de Protección Ambiental de Galicia y el decreto que ordena las finanzas en ese ámbito. Finalmente, el Valedor ha pedido a la Xunta que evalúe y establezca las medidas oportunas para el funcionamiento adecuado de los yacimientos a cielo abierto, en los casos en los que se determinó alguna carencia ambiental.

En un informe remitido a la Fundación Xermán Estévez en diciembre, el Valedor corrobora a la organización ecologista que una de las carencias más comunes es la ausencia de los títulos habilitantes de actividad, es decir, de las concesiones, licencias o autorizaciones. Por ello, la institución inició hace unos meses una investigación de oficio para esclarecer el estado en que se encuentran unos 300 yacimientos (la mitad de los que funcionan en la comunidad) que operan con licencia provisional y que, de acuerdo con la disposición transitoria número 12 de la norma urbanística, podrían acogerse a un proceso de legalización.

Resolución de peticiones

Dentro de esas pesquisas, el Valedor ha solicitado información a la Consellería de Política Territorial sobre las explotaciones que han solicitado acogerse a la legalización prevista en la ley 9/2002 y sobre la resolución de esas peticiones. En su respuesta al grupo ecologista, la institución que dirige Benigno López lamenta que todavía no ha recibido respuesta del departamento autonómico.



Pendiente de que Política Territorial aclare si ya cerró el proceso de legalización

El Valedor se muestra especialmente incisivo con Política Territorial por la falta de información sobre la aplicación, prevista en la ley de ordenación urbanística 9/2002, de un régimen jurídico «transitorio e excepcional» para regularizar las canteras que no disponen de licencia. Reprocha a la consellería que «segue sen aclararse se xa se promoveron todas as posibles legalizacións ou se xa non se admiten máis; e, sobre todo, se a Administración autonómica xa rematou o proceso, legalizando ou rexeitando as solicitudes que se deran».


El alto comisionado del Parlamento llama la atención sobre los cinco años transcurridos desde que la norma urbanística habilitó la vía de legalización para las explotaciones en situación irregular. En ese sentido, señala que «parece razoable pensar que debera terse finalizado».


Incide el Valedor en que «só así poderían coñecerse as explotacións legalizables, e de feito legalizadas, e as que non o son, de tal forma que se impida definitivamente o funcionamento destas últimas».

Reflexión

En su respuesta a la agrupación ecologista, que reprueba que se den concesiones de entre 30 y 75 años en zonas de alto valor medioambiental, el Valedor do Pobo reflexiona también sobre las consecuencias de una de las medidas incorporadas en la nueva Lei de Ordenación da Minaría de Galicia, que el Parlamento aprobó el 28 de noviembre, en cuanto a la concentración en la Consellería de Industria de la decisión sobre la compatibilidad o no de las canteras con los valores naturales, ambientales, paisajísticos y de patrimonio cultural existentes o con su vinculación a pactos ambientales.

Aunque el departamento que dirige Fernando Blanco queda obligado a oír la opinión de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia y del órgano competente en materia ambiental, tendrá la última palabra.

Período transitorio

El Valedor do Pobo apunta que estos ajustes pueden derivar en la apertura de un nuevo período transitorio, «co que a situación de indefinición podería continuar debido á aparente inactividade respecto a un número considerable de explotacións sen licenza urbanística».



La regeneración ecológica continúa acumulando atrasos en las áreas mineras de la montaña lucense

Francisco Albo

La larga espera de una solución en Quiroga

El atraso de los planes de restauración ambiental de las áreas mineras es un problema que se vive con especial intensidad en el municipio lucense de Quiroga, donde las explotaciones pizarreras proporcionan cerca de seiscientos empleos directos, pero a la vez causan un considerable impacto ecológico y paisajístico. La huella de la actividad extractiva se percibe particularmente en la zona de Pacios da Serra, una parte del municipio encuadrada geográficamente en la sierra de O Courel.

Después de muchos años esperando la ejecución de un plan de restauración ambiental que se fue aplazando o cancelando por diversas circunstancias, el Ministerio de Medio Ambiente -en respuesta a una pregunta de los parlamentarios del BNG en el Congreso- anunció a comienzos de diciembre pasado que ya estaba en marcha un proyecto de regeneración hidrológico-forestal de áreas afectadas por las escombreras de pizarra en Quiroga y en el vecino municipio de A Pobra do Brollón, donde también se hacen sentir estos problemas. Dentro de este mismo plan están previstas actuaciones en la sierra de Barbanza y en Fisterra. Por lo que respecta a los citados municipios lucenses, el proyecto cuenta con un presupuesto de 1.798.824 euros, de los que 284.791 ya deberían haberse invertido el pasado año. A estas alturas, sin embargo, en Quiroga no se ha visto ningún indicio concreto de la materialización de este plan, según indica el alcalde Julio Álvarez Núñez. «No sé en qué estado de tramitación se encuentra actualmente este proyecto, pero el caso es que aquí aún no ha empezado ninguna obra relacionada con él, es decir, por ahora no se ha movido ni una arena», afirma.

En opinión del regidor quirogués, el problema del atraso que padecen los diferentes planes de regeneración ambiental de las zonas pizarreras «puede estar más en la parte empresarial, porque el sector de la pizarra no está pasando por su mejor momento y a algunas empresas se les hace cuesta arriba aportar las cantidades que les corresponden para llevar a cabo estos proyectos. Creo que las Administraciones autonómica y central tendrían que moverse un poco más para arreglar este problema, porque este es un sector que tiene un gran peso económico y crea mucho empleo en zonas como la nuestra, pero al mismo tiempo tiene unos efectos ambientales que habría que corregir cuanto antes», añade.

En cualquier caso, el hecho es que la contaminación de las escombreras de pizarra sigue siendo patente en los arroyos próximos a las canteras de Quiroga, que continúan erosionando espectacularmente las laderas de las montañas sin que se haya emprendido una mínima actuación para paliar estos serios daños ambientales.




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