El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología, José Luis Díez Ripollés, forma parte de una comisión del Grupo de Estudios de Política Criminal que, en los próximos meses, elaborará propuestas concretas de reformas legales para prevenir la corrupción urbanística.

Este experto considera que el urbanismo ha generado enormes beneficios "que han logrado condicionar decisiones de las Administraciones o motivarlas a participar en las ganancias" sin considerar el interés general en términos "de calidad de vida o defensa del medio ambiente". El catedrático propone que el Estado o las autonomías ejerzan las competencias de disciplina urbanística cuando los ayuntamientos se nieguen a hacerlo, conducta muy extendida que considera "un gran fraude político".

Además de su lentitud, Díez Ripollés se queja de la resistencia de los jueces a acordar medidas cautelares que prevengan daños irreparables, como por ejemplo el tener que demoler una urbanización ilegal ya ocupada por personas que desconocían esas circunstancias cuando compraron sus viviendas. A la pregunta de si el actual Código Penal es suficiente, responde: "Hacen falta penas de prisión más elevadas para los delitos urbanísticos, contra la Administración y de blanqueo de capitales porque en estos momentos muestran defectos técnicos sorprendentes que los desactivan".

"Sin contar con un control negligente, cuando no tolerante, de los notarios y registradores, que, si no actúan legalmente deben dejar ser funcionarios de arancel", este grado de corrupción no sería posible, afirma. A los bancos les demanda mayor colaboración en la lucha contra el blanqueo de capitales.