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Un año y medio de prisión. Ésta es la condena a la que se enfrentan el ex alcalde de Gondomar, Carlos Silva, y los cinco miembros de su junta de gobierno por la supuesta concesión irregular de 300 licencias urbanísticas. La fiscal considera que todos ellos son responsables de un delito contra la ordenación del territorio, concretamente en su modalidad de prevaricación urbanística, y, además de la pena de prisión, solicita también un castigo de 10 años de inhabilitación especial para ser elegido miembro de corporación local para cada uno de ellos. El caso, sin embargo, todavía tiene un recurso pendiente: el presentado por la defensa solicitando su archivo.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Vigo daba recientemente por cerradas las diligencias sobre este caso e instaba al ministerio fiscal en un auto a formular acusación para seguir adelante con el proceso con la celebración del juicio, todavía sin fecha, que sentará en el banquillo de los acusados a Silva y a los ediles José Luis Mosquera -también imputado en el caso de supuesto cohecho en este mismo municipio-, Ángel Gregores, Jaime Rial, Abelardo Meneses y José Misa. La fiscal asignada a este juicio realizó su escrito de calificación, en el que considera que los hechos son constitutivos de prevaricación al aplicar el artículo 320.2 del Código Penal.

En el mismo se hace referencia a las penas a las que se enfrentan "la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia". Los seis acusados se enfrentan a las mismas penas de cárcel y de inhabilitación, ya que la acusación pública considera que todos ellos son coautores del delito que les imputa.

Junta de gobierno

El ex alcalde de Gondomar y los cinco concejales formaban la junta de gobierno de este municipio pontevedrés entre febrero de 2005 y enero de 2006, período en el que se concedieron las 300 licencias urbanísticas de forma supuestamente ilegal. La querella que presentó en su día la Fiscalía, tras investigar estos hechos, señalaba que dichos permisos de construcción habían sido otorgados bajo el marco legal de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) anulado y con informes jurídicos desfavorables por parte de los técnicos municipales.

La anulación de este plan se produjo en febrero de 2005 tras un largo proceso judicial. El documento había sido aprobado en pleno en 1997 y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en 2001, dictó una primera sentencia en el que lo dejaba sin efecto. Tras múltiples recursos, el Tribunal Supremo, en 2005, lo anuló de forma definitiva al entender que existían defectos de forma. Apenas unos meses después de este último fallo, el gobierno local sacó adelante una serie de medidas para corregir esos errores y mantener en vigor el planeamiento.

Estas correcciones no fueron aceptadas por la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta, que requirió la anulación de las licencias. Sin embargo, el ex alcalde y los ediles que ahora serán juzgados mantuvieron la validez del plan a la espera de una nueva sentencia del Supremo que se pronunciase sobre las modificaciones que habían llevado adelante y que fueron aprobadas en una sesión plenaria. Una resolución judicial que, sin embargo, todavía no ha llegado.

El actual gobierno municipal de Gondomar, del BNG, impulsa la redacción de un nuevo plan. Mientras este documento no esté aprobado, los nacionalistas trabajan en unas normas transitorias que permitan desbloquear la concesión de licencias en el municipio.