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VAL MIÑOR

23/10/2007 | U.F. | VIGO


Los dos ex ediles de Gondomar acusados de cohecho se enfrentan a 4 millones de multa


Los dos ex concejales del gobierno de Gondomar José Luis Mosquera y Alejandro Gómez, así como la novia del primero, Belén Fernández, y el arquitecto vigués Borja Ramilo, no irán a prisión pero deberán hacer frente a multas millonarias que suman en total casi 5 millones de euros si son condenados por los delitos de cohecho que les imputa la Fiscalía de Ordenación del Territorio. Los cuatro fueron detenidos el 14 de febrero de este año por supuesta corrupción urbanística en Gondomar tras recibir un primer cobro de unos 50.000 euros del promotor Manuel Rodríguez, que denunció que reclamaban a la empresa que representa 180.000 euros para la construcción legal de 66 chalés en la finca A Pousa de Fontán y actuó como gancho de la Justicia.

El fiscal Juan Carlos Aladro les imputa a cada uno de ellos tres presuntos delitos de cohecho, pues a la actuación de A Pousa de Fontán, en Mañufe, añade exigencias similares de dinero a otros promotores en la Finca Clemente (cerca del río Miñor entre Mañufe y Gondomar) y el Polígono 10, en el centro urbano de Gondomar, a cambio de garantías para sus inversiones urbanísticas en el PXOM, que estaba en fase de redacción.

A José Luis Mosquera Veleiro, concejal de Cultura cuando fue detenido, y Alejandro Gómez Garrido, edil de Urbanismo entonces, se les acusa de la autoría de los tres delitos, mientras que a Borja Ramilo se le imputa como coautor necesario y a Belén Fernández como cómplice.


En sus conclusiones provisionales el fiscal solicita para cada uno los ex ediles gondomareños una multa de 1.200.000 euros por la primera actuación supuestamente ilegal, y dos de 360.000 euros por las otras. Un total de 1.920.000 euros para cada uno y casi cuatro entre los dos. Además, solicita su suspensión como concejales (aunque ambos abandonaron el cargo tras su detención por la Guardia Civil) y dos años de inhabilitación para ocupar cargo público.

El arquitecto Borja Ramilo, que habría actuado como intermediario y en cuyo despacho se celebraron las reuniones, se enfrenta a una multa de 450.000 euros y a dos 135.000 euros cada una. En su caso se pide una inhabilitación durante 5 meses para cargo público. Belén Fernández, por su parte, se enfrenta a una única multa de 135.000 euros y a tres meses de inhabilitación.

La novia de José Luis Mosquera se vio involucrada en el caso cuando acudió con éste a una céntrica cafetería de Vigo a cobrar la primera de las tres entregas de la promotora representada por Manuel Rodríguez. Éste entregó el sobre con el dinero al entonces edil del gobierno de Gondomar, que se lo dio a Belén Fernández para que lo guardara en el bolso. La reunión y la entrega del dinero era vigilada por la Guardia Civil, que una vez que se produjo el pago procedió a la detención del concejal y su novia. Horas después eran arrestados el arquitecto y el otro edil, con quien Mosquera había mantenido conversaciones telefónicas sobre el pago, tal como reconoció ante la juez.

Ambos concejales admitieron su culpa en su primera declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo, que lleva las diligencias, si bien matizaron que no solicitaron dinero, sino que éste fue ofrecido por varios promotores, entre ellos Manuel Rodríguez. Ésta última fue la única actuación urbanística que progresó hasta acabar en un cobro de comisiones frustrado por la Guardia Civil. El Plan Xeral, que estaba entonces en fase de redacción, no satisfacía las las previsiones de edificabilidad de los propietarios de las otras dos fincas, por lo que no se avanzó en la posible entrega de dinero. Cabe resaltar que, en principio, las actuaciones urbanísticas previstas en las parcelas eran legales, precisamente el hecho de que los ediles supuestamente cobraran comisiones por actuaciones legales les ha evitado una pena más dura que conllevaría su ingreso en prisión. En el caso de A Pousa de Fontán, el pago de los 180.000 euros blindaba la construcción de un complejo de 66 viviendas unifamiliares, un proyecto que contaba ya con el visto bueno del equipo redactor del Plan Xeral. Al ir a firmar el convenio urbanístico surgió el problema: los ediles pidieron 180.000 euros para que la inversión progresase.




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