Las aguas de origen fecal se vierten de forma continuada sobre los bancos marisqueros y así se pone en peligro el empleo directo de más de nueve mil personas en la comunidad, denunció la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores el pasado 12 de julio, y la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tomó nota, hasta el punto de que ha abierto diligencias porque "la acción penal puede ser procedente", explica el fiscal para el Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, que espera además "dividir la causa en varias causas, una por cada punto de vertido". Tomando como base el estudio encargado por las cofradías a un grupo de biólogos, el fiscal ya ha ordenado una investigación que se "centrará" en la contaminación urbana, o lo que es lo mismo en el vertido en las rías de aguas fecales sin depurar o sin purificar lo suficiente. Los ayuntamientos están, por lo tanto, en el punto de mira.

Hay otras causas de la polución en las rías como "la explotación sin suficiente control de las granjas marinas o las conserveras". Todas matan las almejas y los berberechos y de paso el negocio, pero la Fiscalía del TSXG, igual que las cofradías, ha decidido concentrar su atención en las aguas fecales.

El fiscal ya ha "fijado los puntos" que serán objeto de pesquisa en los próximos meses en las rías gallegas, pues el estudio presentado por las cofradías es tan extenso y exhaustivo que es "difícil de manejar y gestionar" y se impuso la selección. "Hemos buscado los casos donde está más clara la conexión entre el foco contaminante y la contaminación, y ahí es donde vamos a investigar", afirma Álvaro García Ortiz. El plazo máximo para que la Fiscalía del Tribunal Superior reúna las pruebas suficientes que pueda trasladar al juez es de seis meses.

Para la elección de los puntos negros, el fiscal especializado en delitos medioambientales se reunió con los representantes de la Federación de las cofradías, sus abogados y una de las biólogas que hizo el estudio que constató "la contaminación grave o muy grave de la practica totalidad de las rías gallegas".

Baiona y Placeres

"El estudio es muy serio y amplio, pero nosotros tenemos que concretar nuestra investigación en los puntos más importantes", asegura Álvaro García Ortiz. Entre ellos, estarán los vertidos en Placeres, en la ría de Pontevedra y en Baiona, en la ría de Vigo, dos lugares en "código rojo", dos "casos flagrantes de contaminación", sostiene el abogado Ramón Sabín, que defiende los intereses de las cofradías. El fiscal explica que lo que se investiga es "un delito medioambiental puro" que está castigado con penas de prisión de entre uno y cuatro años, pero Álvaro García Ortiz opta por la prudencia y no quiere adelantar el final de este caso y tampoco quiere señalar culpables, aunque toda la atención está puesta en la administración local. Advierte de que a veces a primera vista el culpable de un vertido puede ser el ayuntamiento, pero puede suceder que una urbanización privada se engancha sin permiso a la red y vierte sus aguas sin tratamiento previo. En este caso, el acusado no sería el municipio.

Sabín: "Hay muchas opciones de ver a algún alcalde en el banquillo"

"Si yo fuese alcalde no estaría tranquilo si no hubiese hecho nada para impedir el vertido de aguas residuales en las rías", advierte Ramón Sabín, el letrado que defiende los intereses de las cofradías. "Hay muchas posibilidades de que algún alcalde se siente en el banquillo", sostiene el abogado que presentó ante la Fiscalía del TSXG la denuncia por la "contaminación grave o muy grave de caso todas las rías gallegas". "Si yo fuese el juez, no me temblaría el pulso en firmar una condena ejemplarizante", asevera. Argumenta su firmeza al exponer que la contaminación de las rías está "muy por encima de los límites perdidos".

"Los vertidos son continuos y hacen improductivos los bancos marisqueros", denuncia, al tiempo que insiste en hacer entender "la desesperación e impotencia" de los mariscadores que ven como se arruina su fuente de trabajo.

Concienciar

"Estamos hartos de que los políticos hablen tanto de ecología, cuando la porquería sigue delante de nuestras casas. Nuestra denuncia se ve y se huele", se queja Ramón Sabín, que aplaude "el gran interés" del fiscal Álvaro Garía Ortiz, que es "consciente de la gravedad" de la situación.

"Queremos depurar responsabilidades y que se castigue a los culpables, pero también queremos concienciar a la sociedad, y sobre todo a los políticos y los empresario".