Más de 140.000 toneladas de residuos radiactivos permanecen depositados en la fosa atlántica, a 630 kilómetros de la costa gallega, sin que ni la Xunta ni el Gobierno central ni la UE ni la Organización Marítima Internacional se responsabilicen del estado de los bidones que a principios de los ochenta fueron arrojados al mar por la industria nuclear para librarse del ingente volumen de desechos que generaba su actividad. Han pasado 25 años y los científicos apuntan que los contenedores que almacenan la radiactividad pueden empezar a deteriorarse debido a la salinidad del agua y las fuertes presiones que soportan situados a más de 3.000 metros de profundidad.

La escasa información de la que se dispone sobre este cementerio nuclear marino es que los residuos depositados eran de baja o media radiactividad, pero no existe ningún informe oficial que atestigue cuantos bidones se arrojaron al mar, en qué estado se encuentran o si existen fugas que hayan afectado a la vida marina de la zona. Desde el Ministerio de Medio Ambiente no se tiene prevista ninguna expedición a la fosa atlántica ya que consideran que al tratarse de aguas internacionales debe ser la Agencia Atómica Internacional la que controle estos residuos y, según el departamento que dirige Cristina Narbona, esta entidad no tiene "datos preocupantes" al respecto.

El contacto de la Agencia Atómica Internacional en España es el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero este organismo sólo vigila los niveles de radiactividad en tierra. Cada tres meses se evalúa a través de varias estaciones de muestreo situadas en la costa gallega el grado de radiación. "No existe ningún signo de impacto radiológico en el litoral", aseguran, si bien añaden que no han revisado la radiactividad presente en la fosa atlántica.

En España los residuos nucleares son gestionados y vigilados por Enresa -Empresa Nacional de Residuos Radiactivos-. Después de que en 1995 se prohibiera definitivamente tirar bidones con carga radiactiva al mar, como respuesta a la fuerte contestación social surgida en Galicia por estos vertidos, el Gobierno central creó esta entidad para que se hiciera cargo de los residuos nucleares almacenándolos en el cementerio de El Cabril (en Córdoba). Sin embargo, en Enresa también desconocen el estado de los bidones arrojados al Atlántico a principios de los ochenta.

En el ámbito internacional la Organización Marítima se ha desentendido del estado de los residuos de la fosa atlántica y dentro del convenio OSPAR, acuerdo suscrito por quince países para vigilar los vertidos marinos del Atlántico Noroeste, no se hace mención a este cementerio nuclear en el último informe sobre emisiones radiactivas en el oceano.

La Xunta también desvía responsabilidades. "Estamos atentos y prestos a colaborar con el Gobierno central que es quien tiene las competencias", asegura la Consellería de Medio Ambiente. Frente al olvido de estas administraciones grupos ecologistas y científicos exigen un control sobre los vertidos. "Es una indecencia. Es como si tú tiras una bolsa de basura al monte, no es que sea un riesgo enorme pero está mal y es una falta de respeto", asegura el catedrático de Física Nuclear de la Universidad de Santiago, Ignacio Durán.

Este especialista explica que, aunque los residuos depositados en la fosa atlántica no supongan "un riesgo enorme" hay que controlarlos. "El problema es que aunque nos digan que no pasa nada, ¿quién lo ha controlado? Si eso es verdad o no, nadie lo sabe. Hay que protestar por lo que es una falta de respeto y ganas de ahorrarse dinero", critica. Desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el investigador Antonio Figueras advierte de que el "riesgo cero" no existe. "Hay que saber si en esa zona hay o no radiactividad y en función de eso tomar las medidas oportunas. El peor enemigo siempre es la ignorancia", asegura.

Desde Greenpeace son más contundentes. "El cementerio de la fosa atlántica es una bomba de relojería", asegura Carlos Bravo, experto en materia nuclear de la organización ecologista. El principal riesgo es la corrosión de los bidones. Los desechos radiactivos de las centrales nucleares eran introducidos en bidones de acero a los que después se les inyectaba hormigón. El catedrático de Física Nuclear calcula que estos contenedores pueden aguantar entre 20 y 50 años sin deteriorarse pero recuerda que los de la fosa atlántica llevan bajo el mar ya 25 años.

Para saber en qué estado se encuentran estos residuos Greenpeace advierte que basta con ver lo ocurrido con los barriles que fueron arrojados al Canal de la Mancha entre 1950 y 1963. Hace cinco años esta organización ecologista se sumergió en esta zona, situada a unos 15 kilómetros de La Hague (Francia), y sacó fotografías que revelaban el deterioro y el desgaste de los bidones.

"Desde nuestro punto de vista es demostrable científicamente que esos barriles pueden verter radiactividad al exterior y que ésta se puede mover a través de las corrientes marinas", aseguró Carlos Bravo. Según el director del Centro Oceanográfico de Vigo, Juan José González, un profesor alemán especialista en radiactividad les advirtió hace años de "algunas roturas en los bidones" de la fosa atlántica. "Pero no creo que suponga mucho peligro", aseguró.

El catedrático Ignacio Durán advierte que la peligrosidad varía en función de si la radiactividad contenida en los bidones sale al exterior en pequeñas cantidades, de manera que sería facilmente asimilable por el entorno marino, o "de golpe". Según explica, algunos elementos radiactivos podrían permanecer en organismos vivos durante años.

El BNG exige controlar la zona y el PP, que se "esté alerta"

Los nacionalistas gallegos han tomado la iniciativa ante la falta de vigilancia de los residuos radiactivos de la fosa atlántica y han demandado a la Xunta y al Gobierno central que actúen para que se controle el estado en el que se encuentran los vertidos nucleares.

El BNG denunció la "inhibición" y el "desinterés" de la Administración gallega y central, por lo que reclamará en el Parlamento gallego y en el Senado que se realice un seguimiento periódico de la fosa atlántica.

El diputado del Bloque, Bieito Lobeira, advierte además que la ubicación de la fosa atlántica fuera de la zona económica exclusiva del Gobierno español no es excusa para eludir las tareas de control ya que este cementerio nuclear se encuentra dentro del área de responsabilidad de España en caso de accidente o catástrofe (zona S.A.R.). "Ahí el Estado sí puede hacer mucho", apuntó Lobeira.

"Es de sentido común que en los lugares en los que se han depositado estos residuos se haga un control", aseguró. Además, opina que, aunque la Xunta no tenga competencias, debería presionar al Gobierno central para que promueva una inspección de la fosa atlántica. "El Estado español debe ser el primer interesado en revisar la zona, independientemente de lo que hagan las organizaciones internacionales", aseguró.

Sin embargo, sus socios de gobierno, los socialistas, no se posicionan al respecto. Por su parte, el PP no considera necesario que las Administraciones española o gallega controlen los residuos nucleares, si bien advierte que se debe "estar alerta por si surgiera algún problema".

"Si esos vertidos estuviesen generando algún incidente nosotros ya estaríamos trabajando para solucionarlo", asegura el diputado popular Bernardo Tahoces. El parlamentario asegura además que "afortunadamente" existen organizaciones ecologistas "que ya están pedientes" de esos residuos.

Por este motivo, Tahoces asegura que no ve motivos de "alarma". "Hay que sacarse el miedo a la radiactividad, que al fin y al cabo forma parte de nuestra vida cotidiana", comenta.