NO se sabe qué ha sido más preocupante, si el ataque a la sede del PSOE en Nigrán o la inmediata reacción del portavoz socialista en la localidad atribuyendo el asalto a la mafia urbanística. La acusación es de una enorme gravedad. El representante del partido que gobierna Galicia habla ya de tramas delictivas propias de territorios donde el Estado ha hecho dejación de sus responsabilidades. Y lo hace en un ayuntamiento en el que la fiscalía presentó una denuncia penal por posible tráfico de influencias en la tramitación del plan urbanístico. Si la quema del coche de un edil nacionalista hace un año en el mismo concello fue una inequívoca señal de alarma, el ataque de ayer sería la confirmación de que la presión urbanística en el Val Miñor va a tener que ser atajada con medidas menos mediáticas y mucho más ejemplares.