La Autoridad Portuaria de Vigo, que preside Corina Porro, no se da por enterada. No ha recibido ningún requerimiento del Ayuntamiento de Cangas, dice la institución, para que retire los postes de un nuevo tendido eléctrico a los tres faros de Cabo Home, en zona de especial protección. El Gobierno local pide que, en lugar de mazacotes de hormigón como los que hay para el tendido aéreo, se aproveche la ocasión para soterrarlo, por respeto a la normativa de protección y al paisaje extremo de O Morrazo. Al mismo tiempo que la Xunta de Goberno local desestimaba el recurso de reposición de la Autoridad Portuaria, el pasado miércoles, en la Audiencia de Pontevedra se celebró la vista contra la alcaldesa, Clara Millán, por todo lo contrario, inhibirse de actuar contra las obras del puerto deportivo de Massó, en cuyo proceso la Autoridad Portuaria ha jugado un papel determinante.
La obra de Cabo Home se dirige a renovar el tendido que alimenta los tres faros. La Autoridad Portuaria entiende que no precisa licencia municipal porque su objeto es mantener el balizamiento de la costa, cuya paralización pondría en peligro el tráfico marítimo "en el supuesto de que la falta de fluido eléctrico a las señales marítimas se produzca por no haber podido cambiar los postes en mal estado, pendientes de sustituir, y todo ello ocasione incidencia en el tráfico de entrada y salida por la bocana norte de la ría", argumentan los jurídicos de la Autoridad Portuaria con ese fondo amenazante de responsabilidades.
Pese a esta necesidad que reclama el tráfico marítimo, el asunto colea desde hace más de tres años. El puerto solicitó licencia para "sustituir postes de madera antiguos e inseguros", el 3 de octubre de 2007. La respuesta del Ayuntamiento de Cangas fue fáctica: paralizó las obras para reclamar que se soterrara el tendido como marca la normativa de la Red Natura en la que se integra ese territorio. Los juristas del Puerto adujeron, sin embargo, el "silencio administrativo" para justificar la reanudación de la obra, el pasado verano. De repente comenzaron a aflorar los postes de hormigón en el paisaje espléndido de Cabo Home y las islas Cíes, hasta que el Ayuntamiento acudió a precintar la obra, el 31 de agosto. El acuerdo de esa fecha fue ratificado el miércoles con la aprobación de un informe de los técnicos municipales que proponía desestimar el recurso de reposición de la Autoridad Portuaria contra dicha decisión municipal.
La hilera de postes nuevos, "con zapatas de hormigón diferentes y variando sensiblemente el trazado de la línea y por tanto la zona de influencia de la misma", componen una nueva delimitación, dicen los técnicos municipales, "que no aprovecha nada de la existente, ni zapatas, ni postes ni crucetas ni cableado, que pudieran justificar la pretendida denominación de obras de reforma".
El suelo es rústico de especial protección, pertenece a un espacio natural no urbanizable y el proyecto del Puerto es incompatible con la normativa de aplicación "por alterar significativamente los valores naturales, paisajísticos y ecológicos", dicen desde Cangas. Pero la Autoridad Portuaria insiste en que no tiene por qué pedir permiso para esa obra que considera de mantenimiento y para la que ya cuenta con la bendición de una resolución de la Consellería de Medio Ambiente, de fecha 19 de octubre de 2007.
La Xunta autorizó "la mejora" de la línea en el tramo "emplazado en la zona de especial protección de los valores naturales de Costa da Vela", pero también señaló a la Autoridad Portuaria que el permiso se concedía "sin perjuicio de las limitaciones de servidumbre y demás derechos que se puedan derivar de las ordenanzas municipales o de cualquier otra disposición legal [...y] de las demás autorizaciones sectoriales necesarias". Son las que invoca el Ayuntamiento de Cangas.
En el otro extremo de esta diligencia municipal con Cabo Home, el mismo día se vio en la Audiencia de Pontevedra el contencioso interpuesto por la cofradía de pescadores contra la alcaldesa, Clara Millán, por no paralizar las obras para la construcción del puerto deportivo en la finca de Massó, lo que en su momento le fue reclamado porque carecían de licencia y los denunciantes las consideraban contrarias al planeamiento.
Litigios por la legalidad de Massó
En la vista de la Audiencia Provincial por la inhibición de la alcaldesa, Clara Millán, frente a la petición de la cofradía de pescadores de paralizar las obras del puerto deportivo de Massó, las tesis de la regidora coincideron con los de la empresa constructora de la marina, Puentes y Calzadas. Ambas partes sostuvieron que no ha de requerirse licencia municipal cuando las obras se limitan a la reconstrucción de diques y rellanos. La secretaria municipal no se pronunció y el arquitecto -ambos comparecieron con otros testigos- declaró que sí era preciso el permiso. Pero el sumario va más allá.
El juzgado ha requerido a la Autoridad Portuaria el proyecto de construcción del puerto deportivo, ya que el mismo podría haber modificado sensiblemente, y con posterioridad, las condiciones de la concesión administrativa otorgada en febrero de 2005. También pide a Marina Atlántica, promotora de la obra, las escrituras notariales de compraventa de los terrenos pertenecientes al dominio público, por si figuran en ellas como de pleno dominio privado de la promotora, lo que sería incompatible "con la legalidad más evidente", según el letrado de la cofradía de pescadores.
Hasta ahora no se ha dictado una sentencia firme por ningún tribunal o juzgado que resuelva definitivamente la legalidad o no de la concesión realizada por la Autoridad Portuaria de Vigo a Residencial Marina Atlántica. El asunto está pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo y ahora, también, del juzgado de lo contencioso número 2 de Pontevedra, en la medida que requiere los documentos que pueden aclararlo.
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