El juzgado contencioso de Pontevedra celebró ayer la vista del recurso presentado por la cofradía de Cangas contra la decisión de la alcaldesa de no paralizar las obras del puerto deportivo de Massó.
El abogado del pósito, Alberto Muñoz, llevó a declarar a la secretaria, al arquitecto y al inspector de obras del Concello, así como al entonces concejal de Urbanismo, Mariano Abalo. Su pretensión era demostrar que las obras precisan licencia municipal y que a pesar de haberse dados los primeros pasos por parte del departamento de urbanismo para paralizarlas, la alcaldesa no abrió el expediente de restauración de la legalidad.
La regidora local había basado su decisión en un informe de la secretaria municipal que entendía que el Concello no tiene competencias en las obras realizadas en el mar.
El letrado de la cofradía preguntó a Abalo por el conjunto del proyecto de Residencial Marina Atlántica para Massó. Lo interrumpieron los abogados del Concello y de la empresa Puentes y Calzadas, que entendían que lo que se juzgaba no era el proyecto general, sino la legalidad de los trabajos realizados a partir de mayo del 2009 (la reparación del muelle de A Congorza y el de la chimenea).
La jueza revisó la denuncia de la cofradía y verificó que se refería al proyecto, por lo que permitió continuar al letrado.
Abalo afirmó que no contaba con ningún tipo de licencia y que fue por ello por lo que ordenó la inspección de las obras. En el turno de la secretaria municipal, Alberto Muñoz le hizo varias preguntas sobre el informe que avaló la decisión de la alcaldesa. Quiso saber por qué no hacía mención a algunas leyes que, a su juicio, dejan claro que un proyecto de este tipo, que no es de interés general, tiene que tener licencia municipal.
Nuevamente protestaron sus colegas. En esta ocasión, la jueza no le permitió continuar. Dijo que no pensaba solicitar una pericial jurídica a la testigo. La secretaria mantuvo las tesis de su predecesora en el cargo afirmando que el Concello no es competente en las obras de infraestructura portuaria.
El abogado de Puentes y Calzadas preguntó a Mariano Abalo si estaba en contra del proyecto y si no se había opuesto a él incluso físicamente, motivo por el cual había sido denunciado por coacciones. Le pidió un si o un no. El edil se empeñó en matizar su respuesta, pero la jueza no se lo permitió. El letrado intentaba deslegitimar sus declaraciones por «parcialidad del testigo».
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