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GALICIA

02/11/2010 | Santiago Agra | SANTIAGO
   

La Xunta desprotegerá la costa, los ríos y los espacios naturales


Galicia mantiene sin planes de conservación a las especies amenazadas, los ríos de interés pesquero y los espacios naturales, saltándose incluso mandatos legales

Espacios protegidos sin planes de gestión, especies amenazadas sin instrumentos que las preserven, ríos sin recursos pesqueros ordenados. Esta es, resumida, la política de conservación de la naturaleza que han desarrollado los diferentes gobiernos que han pasado por la Xunta. Ecologistas, biólogos y juristas coinciden en señalar que la protección del medio ambiente nunca fue una prioridad para la Administración autonómica, pero alertan de que el actual Gobierno del PP está eliminando medidas tomadas no solo por el bipartito, sino también por los Ejecutivos de Fraga.

Si las instituciones gallegas mantienen esta política de desprotección, su deterioro será cada vez más severo. Sin planes de conservación, los espacios protegidos de la Red Natura son vulnerables a las presiones urbanísticas, y la Xunta se arriesga a ser sancionada por la Unión Europea porque el plazo para presentar estos instrumentos de gestión acaba en diciembre y Medio Rural reconoció que no llegará a tiempo tras seis años de plazo para redactarlos.

Para Javier Montalvo, profesor de Ecología de la Universidade de Vigo, es más preocupante la falta de planes específicos para los parques naturales y para el Parque Nacional de las Illas Atlánticas, porque "tiene unos valores ecológicos más altos y tienen mayores necesidades de protección". Las medidas para los espacios que solo están en la Red Natura "son más suaves", destaca.

Las especies consideradas amenazadas o en peligro de extinción tampoco tienen planes específicos que las preserven de un mayor deterioro. Esta carencia impide conocer su estado actual y los daños que sufren, como ocurrió este verano en los incendios que afectaron al Macizo Central ourensano, donde habitan el lobo y el águila real.

Tampoco los ríos de interés pesquero cuentan con los preceptivos Planes de Gestión de Recursos Piscícolas. Los trechos de cauces fluviales que ya los tienen aprobados no suman ni 70 kilómetros, a pesar de que la Lei de Pesca Fluvial de 1992 obliga a redactarlos. Desde la vuelta del PP a la Xunta no se ha aprobado ninguno. El bipartito preparaba varios planes para cuencas enteras, pero no pasaron de ser borradores. Todo lo que no se hizo en tiempos de bonanza deberá afrontarse ahora con un recorte de los presupuestos de conservación de la naturaleza del 31%.

Alexandre Cendón, coordinador de la Federación Ecoloxista Galega (FEG), atribuye esta política a "una forma muy limitada de ver el medio ambiente, siempre como un atranco y no como una oportunidad". Para Javier Gutián, catedrático de Botánica de la Universidade de Santiago, "no hay más que ver el lugar que ocupa Conservación da Natureza en el organigrama de la Xunta para comprobarlo".

Desde la entrada del Gobierno de Núñez Feijóo, esta dirección general pasó a Medio Rural, mientras que todo lo relativo a desarrollo sostenible y evaluación de impacto ambiental pasaron a integrase en la macroconsellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Para la asociación ecologista Verdegaia, esta separación "supuso un descalabro, y además está dirigida por un ingeniero de caminos con una nula sensibilidad ambiental", en referencia al conselleiro Agustín Hernández.

Alba Nogueira, profesora de derecho de la USC, señala también como causa de la desprotección de la naturaleza gallega que "la planificación del territorio es incompatible con la política localista y caciquil imperante". Nogueira destaca que esta legislatura "marca una política de péndulo hacia atrás en la protección del medio".

Nogueira y Guitián coinciden al señalar que el anterior Gobierno autónomo "puso las bases de una nueva política", pero el cambio tras las elecciones de 2009 la paralizó. El catedrático de Botánica pone como muestra que desde la vuelta del PP a la Xunta no se han reunido ni el Consello da Rede de Parques Naturais de Galicia ni el Observatorio Galego da Biodiversidade. La asociación ecologista Adega presentó una queja ante el Valedor do Pobo para que este organismo encargado de controlar la evolución de la flora y fauna incluidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas se reúna y cumpla su función.

Todos coinciden en que la presión ciudadana es básica para poder cambiar las actuales políticas de conservación ambiental. Verdegaia asegura que si en las denuncias por delitos ecológicos la mayoría de las veces las causas acaban archivadas, esporque todavía se consideran como "delitos de segunda". Esta asociación denunció por dos delitos contra el medio ambiente al director de las Illas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas, por la construcción de una pasarela de madera que alteró un ecosistema dunar considerado "de reserva" o de máxima protección. Aunque la causa fue desestimada, la presión ambientalista consiguió la retirada de la pasarela.

Las quejas llegan a Bruselas

Tal y como adelantó este diario, la Xunta no presentará a tiempo los planes de gestión de los espacios incluidos en la Red Natura 2000. Desde su declaración en diciembre de 2004, se abrió un plazo de seis años para redactar estas herramientas. El bipartito dejó hecho un Plan Director que estaba en evaluación ambiental y que la actual Xunta se negó a aprobar, aunque en un primer momento la Consellería de Medio Rural intentó negar su existencia para alegar que los trabajos "tuvieron que empezar de cero". Los ecologistas advierten que si la Comisión Europea no abre de oficio el expediente sancionador al Gobierno autónomo, ellos se encargarán de denunciarlo.

Sin embargo, la eurodiputada electa del BNG, Ana Miranda, ya ha presentado una iniciativa en el Parlamento Europeo para saber si la Comisión tiene constancia de este hecho. En la misma pregunta parlamentaria, la nacionalista se interesa por la ampliación de la Red Natura que proyectó el bipartito y que ha sido bloqueada por el Gobierno de Núñez Feijóo. En la actualidad, la comunidad autónoma gallega es la que menor porcentaje de superficie protegida tiene, con un 12%, solo superada por Ceuta. El anterior Gobierno tenía una propuesta de aumentar la superficie hasta un 18%, más cerca de la media estatal, pero Medio Rural también paró el proyecto.

A finales de año, la Comisión Europea actualizará las listas de los tipos de hábitats y especies de interés comunitario que precisen ser designados e instará a los Estados miembros a cubrir las lagunas que queden. En respuesta a una pregunta anterior de Ana Miranda, Bruselas afirmó que una vez realizado este proceso estudiarán la necesidad de tomar medidas como los estados que sigan presentando "deficiencias importantes" de conservación.



Hernández elimina seis categorías de suelo rústico de especial protección

Medio Ambiente suprime el amparo de costas, naturaleza, paisaje y patrimonio

De un plumazo, seis categorías de suelos rústicos especialmente protegidos desaparecen de la Lei do Solo de Galicia. En ella estaban desde 2002, cuando el entonces conselleiro de Ordenación del Territorio José Cuiña diseñó la ley urbanística gallega por excelencia, aún vigente pese a sus sucesivas reformas. Las categorías eliminadas son las de protección de infraestructuras, de las aguas, de costas, de espacios naturales, del paisaje y de zonas con interés patrimonial, artístico o histórico. Galicia sólo mantendrá la protección agropecuaria y de protección forestal, y con un cambio adicional que permite la instalación de industrias.

El cambio llega escondido en el proyecto de ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2011. El pasado lunes, el PSdeG ya adelantó algunos cambios en la comisión donde el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, explicaba sus cuentas para el año próximo. Se trata de las modificaciones que permitirán la ubicación de parques empresariales en suelos de especial protección. Pero ni la oposición reparó en la eliminación de las otras cinco categorías de este tipo de suelos, ni Hernández permitió que saltara la liebre.

El artículo 17 de la ley de acompañamiento de los Presupuestos modificará por completo el punto 2 del artículo 32 de la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural (Louga), de 2002. Así, el suelo rústico protegido pasa de ocho categorías a sólo dos. Y en ambas, con el añadido de la misma coletilla. Que, excepcionalmente, podrán autorizarse "las actuaciones necesarias para la implantación de infraestructuras, dotaciones e instalaciones".

El suelo rústico de especial protección está constituido por los terrenos que, por sus valores, están sujetos a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público o de otra índole, por lo que se les somete a un régimen especial incompatible con su transformación. De esta manera, deja de tener esa consideración por ejemplo el suelo de protección de costas, constituido por terrenos que se encuentran a una distancia inferior a 200 metros del límite interior de la ribera del mar. El de protección paisajística, mientras, lo conforman según la ley aún en vigor los terrenos así clasificados para preservar las vistas panorámicas del territorio, el mar, el curso de los ríos o los valles y de los monumentos o edificaciones de singular valor. La Xunta niega que haya cambio alguno, pero tampoco acepta que se trate de un error, cuando la nueva redacción borra las otras seis categorías.

Los suelos desprotegidos podrán por tanto transformarse si los planes municipales así lo estipulan. Es el caso también de las zonas con interés patrimonial, artístico o histórico, que estén contempladas en el planeamiento o en la legislación sectorial. La de protección de aguas la forman los terrenos situados fuera de núcleos rurales y suelo urbano, definidos como cauces naturales, riberas y márgenes de las corrientes de agua y como lecho o fondo de lagunas y embalses.

Los cambios afectan asimismo a los usos autorizables en suelo rústico de protección agropecuaria, en los que ya no será necesario evitar "la transformación urbanística de los terrenos" ni la "lesión de los valores objeto de protección". Además de la Louga, la Xunta modifica la Ley de Ordenación del Territorio, de forma que los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal, que hasta ahora no podían afectar a terrenos rústicos de especial protección, en adelante sí podrán hacerlo, siempre que cuenten con un informe oficial favorable.

El cajón de sastre presupuestario

Zapatero la suprimió de los Presupuestos del Estado y el bipartito hizo lo propio durante el tiempo que gobernó Galicia. Pero la Xunta de Alberto Núñez Feijóo ha decidido recuperar la controvertida ley de acompañamiento de las cuentas públicas, un cajón de sastre que distintos gobiernos aprovechan para colar proyectos y reformas legislativas que nada tienen que ver con la contabilidad pública.

Al poco de proclamarse presidente, José Luis Rodríguez Zapatero anunció la eliminación de la ley de acompañamiento, que dejó de publicarse por primera vez en los Presupuestos de 2005. En Galicia, el ex presidente Manuel Fraga también tiraba de ese mecanismo legislativo para introducir cambios, pero el Gobierno de coalición de socialistas y nacionalistas le puso fin. En los Presupuestos de la Xunta para 2011, Feijóo ha introducido cambios que afectan a tres leyes urbanísticas, a la de transparencia y a la de incendios, entre otras. El presidente de la Xunta no dio cuenta de ninguna de ellas cuando presentó el proyecto de ley.




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