Acceso directo á nova.
Salvemos Monteferro
Nova 3443


La Voz de Galicia

GALICIA


El abastecimiento de agua genera un negocio de 600 millones al año


01/11/2010 | Miguel A. Rodríguez / Redacción
   

Capital francés, catalán y madrileño gestiona casi las tres cuartas partes de este servicio en Galicia
La provincia de Lugo tiene los precios más baratos de España y Pontevedra es la octava provincia más cara

Galicia ha perdido en poco más de 15 años, desde principios de los noventa, el control real del abastecimiento y saneamiento del agua en la mayoría de su territorio. Tres grandes multinacionales francesas que prestan estos servicios, Suez Environnement, Saur International y Vivendi, son accionistas de referencia de Aquagest, Gestagua y Aqualia, tres de las cuatro multinacionales, junto con ACS (propietaria de Urbaser), que controlan el 72% de todo el agua consumida en Galicia.

En menos de dos décadas, cerca de un centenar de ayuntamientos gallegos han optado por privatizar en todo o en parte la gestión del agua. Con la única excepción de A Coruña, donde la firma municipal Emalcsa es todavía 100% propiedad del Ayuntamiento, la totalidad de las grandes urbes de la comunidad tienen el agua en manos de terceros.

En Ferrol, la sociedad Emafesa está participada por Urbaser, filial de la potente ACS presidida por Florentino Pérez. Aquagest, integrada en Aguas de Barcelona (Agbar), de la que es accionista la gala Suez, controla el agua en Santiago, Ourense y Pontevedra, pero además gestiona este servicio en otros 60 concellos de la comunidad.

Aqualia, filial de FCC, el grupo madrileño presidido por las hermanas Koplowitz del que es socio la francesa Vivendi, es la dueña y señora del agua en Vigo. Y Gestagua, controlada por el gigante galo Saur International, se ocupa del saneamiento en Lugo, Concello que por ahora mantiene el abastecimiento, aunque ya se ha planteado privatizarlo.

En total, el agua que consumen cerca de dos millones de gallegos está en manos de multinacionales francesas, catalanas o madrileñas, mediante adjudicaciones directas que implican concesiones a 25, 30 y 40 años; o a través de fórmulas mixtas (participaciones público-privadas). Las grandes excusas para esta fiebre privatizadora fueron la anorexia financiera de los concellos y la teórica «mejora de gestión» que aporta la empresa privada.

La realidad es distinta. En España el 45% de la población está abastecida por empresas públicas, algo más del 32% por firmas privadas y el otro 22% con fórmulas mixtas. En los últimos dos años, coincidiendo con la crisis, el modelo de prestación público-privada creció un 4%, según una encuesta de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS).

El negocio del consumo de agua en hogares e industrias mueve al año cerca de 5.000 millones de euros, de los cuales en torno a 600 se generan en Galicia. Traducido a los precios finales que soportan los usuarios, este modelo de gestión privada tampoco ha mejorado. Galicia es la undécima comunidad con el agua más cara, o la séptima más barata, según quiera mirarse. El metro cúbico de agua se paga a 1,17 euros, frente a los 1,50 de la media nacional. Pero la media es tramposa. Donde hay más municipios con el agua en manos de terceros, el precio sube.

Lugo, con el abastecimiento todavía no privatizado en gran parte de su territorio, es la provincia con el agua más barata de España (0,69 euros por metro cúbico). Y A Coruña, donde la capital provincial ha optado por gestionar el agua desde el Concello, tiene un precio medio de 0,85. En el lado contrario, Pontevedra, con el servicio privatizado en la mayoría de los municipios, cobra el agua por término medio a 1,62 euros, muy por encima de la media nacional. Y Ourense, la segunda provincia más privatizada dentro de la comunidad, lo hace a 1,52.

Con todo, las mayores amenazas a medio plazo no están solo en el aumento del precio por la presión de estas multinacionales a medida que las infraestructuras envejezcan. También pasan por el control de las inversiones y, sobre todo, por la calidad del servicio, puesta en duda desde organizaciones nacionales e internacionales que defienden un consumo responsable y un mayor abaratamiento de las tarifas para las capas sociales más pobres.



La patronal cree que el consumo debería costar el doble para garantizar una buena prestación

Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), sostiene abiertamente que el agua en el país «es barata» y «debería costar el doble porque mantener la altísima calidad del servicio existente cuesta mucho dinero».

Su defensa se basa también en la «necesidad» de cumplir el Plan Nacional de Calidad de Aguas, que incluye como actuaciones prioritarias la instalación de plantas depuradoras. «Hará falta invertir cerca de 19.000 millones de euros en España para abordar estas obras», señala Gistau.

Expertos de la Universidad Politécnica de Valencia sostienen en cambio que la privatización «disminuye la competencia del mercado y, a medio plazo, los precios acaban situándose por encima de lo que el libre mercado habría provocado». El modelo privatizador actual, como mucho, provoca una competencia por el mercado, y no en el mercado. «Y la competencia por el mercado no es eficiente», señala Enrique Cabrera.

El «gran negocio»

En realidad, el gran negocio de la gestión de aguas no está en el servicio puro y duro, recuerda el profesor Arrojo Agudo, «sino en el mercado de inputs secundarios» (servicios internos del sector como robotización, ósmosis interna o depuración, entre otros). «Las empresas blindan estos inputs para prestarlos con sus filiales a precios por encima del mercado, porque antes eliminan a la competencia», aclara Arrojo.



Los expertos temen un deterioro de los servicios y recuerdan que la UE no recomendó privatizar

El profesor de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo, ganador del Premio Goldman de Ecología en Estados Unidos por su labor en defensa de una nueva cultura del agua basada en la gestión eficiente, el ahorro y la conservación de los ecosistemas hídricos, cuestiona la eficacia y la bondad de la privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua.

En esencia, lo hace porque para estas grandes multinacionales el ciudadano «no es un fin, sino un medio». «Que este tipo de servicios tan básicos para la ciudadanía se escapen del control público debería ser objeto de una gran preocupación política», sostiene.

Cuando la Comisión Europea negoció la obligación de privatizar determinados servicios como la telefonía, la energía o la aviación en todos los Estados miembros de la UE, se debatió en profundidad si la gestión del agua debería incluirse en este paquete de entrega al mercado libre. La conclusión, tras un apretado debate, fue que el agua tenía que ser una excepción.

Más tarde, el Banco Mundial animó a las Administraciones a privatizar el agua para agilizar las infraestructuras. Arrojo sostiene que esta recomendación estaba dirigida a los países pobres, receptores de ayudas del Banco Mundial y sin capacidad financiera para abordar por sí mismos estas infraestructuras.

«En España este no es el caso -concluye-, y lo único que hemos conseguido con esta moda es que existan enormes saltos de precio por comunidades». Los empresarios del sector, reunidos en Madrid hace un año, manifestaban una posición radicalmente contraria. Sostienen que la gestión privada es una salvaguarda de la calidad del servicio y de la innovación tecnológica. El tiempo acabará dando o quitando razones.



Más de la mitad del agua que consume España está en manos de 3 grandes grupos

Según la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, la gestión del agua de los 8.000 municipios españoles está distribuida entre un 49% gestionado por empresas privadas, un 17% por empresas privadas municipales, otro 16% por empresas municipales, un 12% en gestión mixta, un 2% a través de mancomunidades, y un 4% mediante otros sistemas.

De este modo, solo el 45% de la población está abastecida por empresas públicas. Con este panorama, la pregunta es evidente: ¿quiénes controlan realmente el agua en España? La radiografía del mercado es un calco de lo que sucede en Galicia. Más de la mitad de los españoles beben agua gestionada por una firma privada. Y ese negocio privatizado o semiprivatizado está en manos de tres o cuatro gigantes. Aguas de Barcelona, Agbar, controla el 54% del sector a través su filial Aquagest. FCC-Vivendi tiene otro 23% en manos de Aqualia. La francesa Bouygues-Saur domina otro 13% con su participación en Gestagua. Y ACS, con su filial Urbaser, se queda cerca de otro 7%. El 3% restante está repartido.

¿Y quiénes están detrás de los gigantes? Pues el corazón de Aguas de Barcelona (Agbar) está controlado en un 48% entre La Caixa y la multinacional gala Suez Lyonnaise des Eaux. Está presente en Europa, África y América, a través de 75 filiales. En Galicia opera como Aquagest, gestiona el agua de más de 70 municipios y abastece a cerca de 890.000 personas. En España, suministra agua a 18 millones de personas.

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), controlada por las hermanas Koplowitz, actúa en el sector a través de su filial Aqualia, pero desde hace casi seis años tiene un acuerdo con la francesa Vivendi Environnement, líder mundial de servicios. Suministra agua potable a cerca de 9 millones de personas en España y maneja el saneamiento de otros 10 millones. En América Latina está asociada al 50% con Veolia Environnement en Proactiva Medio Ambiente y opera en México y Venezuela.

En realidad, los Gobiernos de medio mundo están abdicando de su responsabilidad de tutela de los recursos naturales a favor de estas empresas, según ellos para mejorar el servicio. Las corporaciones convertidas en nuevos dueños de este bien básico son tres: las francesas Vivendi y Suez (situadas entre las cien primeras empresas del mundo); y la alemana RWE, entre las 50 primeras tras adquirir dos empresas de agua estratégicas: Thames Water en el Reino Unido y American Water Works en Estados Unidos.




Atrás
Nova Anterior Índice dos Recortes Nova Seguinte