Los movimientos de tierras y materiales para la construcción de la Plataforma Logística Industrial Salvaterra-As Neves (Plisan o puerto seco de Vigo) han sepultado 15 hectáreas colindantes al perímetro del propio polígono industrial y que tienen la calificación de suelo no urbanizable de especial protección forestal, como los 700.000 metros cuya inclusión en el polígono ha motivado la anulación por el Tribunal Supremo del plan sectorial que propició su creación. Para esa ocupación los promotores del polígono (Xunta, Autoridad Portuaria de Vigo y Zona Franca) no han tramitado ninguna recalificación ni licencia municipal.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reiteró ayer los llamamientos oficiales a la "prudencia" porque "estamos hablando de una zona de dinamización económica muy importante". Los servicios jurídicos de la Xunta y de los otros dos promotores siguen analizando la fatídica sentencia, para la que, según Núñez Feijóo, "cabe una interpretación de que afecta a un porcentaje que es el 20% de los terrenos". "Lo que hacemos es estudiar la sentencia, si es necesario los juristas pedirán aclaración de la misma y si está clara esta interpretación, para nada afectará a la viabilidad de la Plisan", afirmó. "Esperamos que estemos hablando de un porcentaje [de terrenos] no relevante".
Es la tesis que pactaron ayer mismo las tres administraciones promotoras del polígono (Gobierno gallego, Autoridad Portuaria de Vigo y Zona Franca) en una reunión que celebraron sus delegados en Santiago. Esto es, una modificación del plan sectorial que excluiría del polígono los 700.000 metros cuadrados de protección forestal que motivaron su anulación. Será su propuesta ante el Tribunal Supremo , por la vía de "aclaración de la sentencia", para continuar con el desarrollo del actual plan sectorial y ahorrarse la larga tramitación de otro nuevo.
La Xunta indicó en un comunicado difundido ayer que las tres administraciones implicadas trabajarán para que la tramitación de la modificación del plan sectorial se realice "en el menor plazo posible", con el objetivo de que la situación no afecte a la implantación de los proyectos empresariales planteados en la Plisan.
El caso más acuciante, por su incidencia industrial y económica sobre el sector local de la automoción, sería el proyecto de Mitsubishi para emplazar en 150.000 metros cuadrados de la Plisan una fábrica de baterías de litio para coches eléctricos. En estos momentos, según dijo el ministro de Industria, Miguel Sebastián, Vigo ha llegado "a la final" y compite con una ciudad austriaca por tal localización.
Por su parte, la Asociación de Afectados de la Plisan afirmó que "en ningún caso" va a permitir que la solución al problema generado por la sentencia sea "a costa de los intereses" de sus asociados. Para ello emplearán "cuantos recursos estén a su disposición". "No permitiremos nuevos informes amañados y exigimos de los servicios de la Xunta y de la Abogacía del Estado idéntico rigor en el tratamiento de este problema que el mostrado por estas instituciones cuando informaron negativamente sobre el pago del convenio por los recursos mineros" a los vecinos, que amenazan con presentar una "querella criminal por prevaricación" si no se actúa con el rigor que reclaman.
Esta asociación no es la que motivó con sus demandas la sentencia anulatoria del Tribunal Supremo, pero ayer recordó que en diversas ocasiones ya habían señalado que el plan sectorial "hacía aguas por muchos sitios y que era posible tumbarlo". También avisaron de que "aún hay más razones de nulidad de la totalidad del proyecto, que pueden ser empleadas en cualquier momento, y por cualquiera".
Los afectados consideraron que son responsables de este "desastre" las consultoras redactoras del proyecto, así como "quienes lo dieron por bueno aprobándolo", la Xunta que entonces presidía Manuel Fraga. Los vecinos acusan singularmente al director del puerto de Vigo, Luis Lara, de intentar perjudicarles. "Es hora de hacer rodar las cabezas de los responsables, que tienen nombres y apellidos", afirman.
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