Leer sentencia completa del Supremo
La sentencia que anula el proyecto sectorial de la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan) hará que se pierda casi la quinta parte del macroproyecto industrial –el mayor de Galicia– al cuestionar, sin posibilidad de recurso, la legalidad de haber incluido dentro del ámbito unos 700.000 metros de suelo no urbanizable de especial protección forestal. La extensión es similar a todo el relleno de Bouzas, en Vigo.
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, anunció ayer que la Xunta piensa solicitar una aclaración de la sentencia al Tribunal Supremo e indicó que si fuese necesario se podría salvar la parte restante del polígono con un nuevo proyecto sectorial que excluyese los terrenos de protección forestal, pero se buscan otras posibles alternativas.
Los terrenos objeto de la anulación están ubicados en el municipio de As Neves y la protección figura en el Plan Xeral del termino municipal. Fundamentalmente se ubican en la parroquia de Tortoreos, y, según el Concello, no tenían más valor que un terreno de monte, con masa forestal de pino común, como en otras partes de Galicia. Las obras realizadas desde 2006 se llevaron ya por delante la masa arbolada e incluso las capas de terreno fértil para la vegetación y dejaron la zona como un erial a la espera de su urbanización.
Según el alcalde de As Neves, Raúl Emilio Castro, el Concello planificó el cambio de tipificación del terreno, siguiendo los criterios marcados en el decreto que regula los proyectos sectoriales, una normativa que diez años después de estar en vigor ha puesto en cuestión el Tribunal Supremo. El decreto de la Xunta, aprobado el 23 de marzo de 2000, explica que las determinaciones contenidas en los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal –como es el caso– tendrán fuerza vinculante para las administraciones públicas, "y prevalecerán sobre las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente". La sentencia estima que al actuar así –como apunta el decreto de 2000– "se estaría obligando al planeamiento urbanístico a incorporar una clasificación que sería contraria al carácter reglado del suelo no urbanizable especialmente protegido, lo que supone una vulneración de la normativa estatal básica".
Raúl Emilio Castro admite que en el Ayuntamiento sabían que en la primera modificación del planeamiento urbanístico "tenía que adaptarse la tipificación al contenido de la Plisan, tal y como figura en la normativa". "Ahora nuestros expertos jurídicos junto con los de los promotores del Puerto de Vigo, Zona Franca y Consellería nos dirán como actuar, y estoy convencido de que encontraremos una solución", aseguró el regidor.
Nuevo proyecto
Una de las posibilidades sobre la mesa es iniciar desde cero un nuevo proyecto sectorial, excluyendo el área afectada, pero podría ser muy largo y mantener la inseguridad jurídica más tiempo. La redacción del proyecto, además de ser costoso, es largo aunque una parte importante podría ser aprovechada del actual. Realizado el documento, el Consello de la Xunta deberá aprobarlo de forma inicial, y no será necesaria la declaración de incidencia supramunicipal pues el trámite actual es válido. A partir de la aprobación, se publicaría en el Diario Oficial de Galicia y se iniciaría un plazo de un mes de exposición pública, antes de sancionarlo de forma definitiva, como muy tarde dos meses más tarde.
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