La Comisión Europea confirmó ayer que ha abierto expediente a España por incumplir la directiva europea que obliga a los Estados a presentar planes de cuenca para la gestión de sus demarcaciones hidrográficas. Entre los planes no presentados están los que afectan a las tres divisiones gallegas: Miño-Sil y Cantábrico, cuya competencia recae en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; y Galicia-Costa, bajo gestión de la Xunta. El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, advirtió hace dos meses de que emprendería acciones si la Xunta y el Gobierno no le presentaban esas previsiones.
La directiva marco del agua entró en vigor en el año 2000 y dio nueve años de plazo a los Estados miembros para elaborar y enviar a Bruselas planes de gestión de sus cuencas. Esos informes deben mostrar un completo mapa de situación de sus ríos, rías, lagos y aguas subterráneas, con una detallada exposición de las explotaciones económicas y de la presión urbanística e industrial a la que están sometidas, y de los proyectos que se prevea desarrollar en ellas o que puedan afectarlas. También deben exponer razonadamente las estrategias previstas para garantizar su protección medioambiental y su gestión de acuerdo con las normas europeas.
Primer paso
El plazo para presentar los planes terminó el pasado diciembre, un retraso que, según el departamento de Potocnik, tendrá «graves repercusiones sobre el cumplimiento global de la directiva». El primer paso del procedimiento de infracción es el envío de una carta en la que la Comisión emplaza a España a enviarle los planes antes de dos meses o a explicar las razones del incumplimiento. Si España no los manda o no da una excusa convincente, se le enviaría un nuevo apercibimiento, que supondría el último aviso antes de denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Allí tendría todas las de perder, si se tiene en cuenta que este tribunal ya la condenó hace un año por no presentar en plazo la división hidrológica por demarcaciones, tal y como la obligaba la misma directiva.
En ese mapa figuran hoy 18 áreas hidrográficas, 7 de ellas bajo competencia autonómica, dado que incluyen cuencas que discurren por una sola comunidad autónoma; y 11 que afectan a más de una comunidad o que se comparten con Francia o Portugal, y cuya gestión corresponde a la Administración central. En su día, fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, que dirige la gallega Elena Espinosa, explicaron que no habían enviado ningún plan porque España debe presentarlos a la Comisión de forma conjunta. Y reconocieron que muchos de ellos están todavía «en fase de borrador».
Entre los planes que están todavía en esa «fase de borrador» figuran los que afectan a las tres demarcaciones gallegas: la del Miño-Sil, que incluye a los dos grandes ríos de la comunidad; la de Galicia-Costa, que agrupa a los que nacen en Galicia y desembocan en la comunidad, salvo el Eo; y la del Cantábrico, compartida con Asturias, Cantabria y el País Vasco y en la que se incluyen el Eo y la parte gallega del Navia.
Consulta pública
Una vez que se concluyan, los borradores deberán someterse a exposición pública, un proceso obligatorio recogido en la directiva del agua y que deberá dar seis meses para que cualquier Administración, institución, asociación, empresa o ciudadano particular pueda realizar por escrito las alegaciones y observaciones que consideren oportunas.
La Comisión también anunció ayer que, junto a España, ha expedientado a otros doce Estados miembros que tampoco le han presentado sus planes de cuenca. Se trata de Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía, además de España. Representan el 25% del territorio europeo y el 31% de su población, que «sigue sin saber con certeza cómo se gestionarán sus recursos hídricos», según advirtió ayer la Dirección General de Medio Ambiente de la UE en el comunicado en el que anunció los expedientes.
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