Los socialistas gallegos están decididos a amplificar los efectos que sobre el PP puede tener el caso de Gondomar, sobre todo después de que el ex concejal popular José Luis Mosquera reconociera ante el juez que cobró 540.000 euros de tres promotores para financiar una campaña electoral del PP en Uruguay y a un grupo político independiente. La portavoz de la dirección del PSdeG, Mar Barcón, anunció ayer que su partido enviará a la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre las declaraciones de Mosquera por si considera que de sus afirmaciones se puede derivar «algunha acción a investigar sobre o financiamento das organizacións políticas».
Por su parte, el portavoz parlamentario de los socialistas, Xaquín Fernández Leiceaga, también aludió ayer a este asunto y, aprovechando que en el próximo pleno de la Cámara se debatirá una iniciativa sobre la actividad de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), pidió que este organismo inicie una «actuación de oficio» sobre lo ocurrido realmente en Gondomar, un concello que -recordó- suscribió el convenio de la APLU y por tanto la Axencia estaría obligada a ir al fondo de lo ocurrido con el urbanismo municipal, al margen de las decisiones que se puedan tomar en el plano judicial.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, advirtió al respecto de ese asunto que «ninguén en nome do PPdeG pode pedir nada a ninguén a cambio de algo. O que o pida non formará parte do partido», remachó. A preguntas de los periodistas, al término de un encuentro con la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, Feijoo señaló que el ex concejal José Luis Mosquera «non forma parte do PP, nin formou parte». El líder de los populares, que recordó que su partido se ha personado en el procedimiento, insistió en que «non cabe a corrupción no PPdeG, nin en Gondomar nin en ningún outro concello de Galicia». Subrayó que el presidente de los populares en Pontevedra, Rafael Louzán, rechazó cualquier relación del caso con la financiación del partido.
El portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, aprovechó ayer su visita a Pontevedra para lanzar una advertencia al gobierno local de Gondomar y pedir la cabeza de los responsables populares a nivel autonómico y provincial: «Núñez Feijoo e Louzán teñen que dar bastantes máis explicacións das que deron e depurar responsabilidades que non fixeron a nivel do partido», informa Nieves Domínguez. Vázquez recordó ayer que el tiempo les ha dado la razón. «Agora o único que se pon á vista de todos é que nós tiñamos razón de que era a volta a un Goberno cunha forma de facer inaceptable. Iso terá que ter algunha explicación do PP», dijo el portavoz nacionalista.
El revuelo político surgido con el juicio del caso Gondomar, al confesar uno de los imputados que el dinero reclamado a los constructores tenía como fin sufragar la campaña electoral del PP local y la de una formación escindida del PSOE, suscitó ayer -en la segunda jornada de la vista- la aclaración del propio acusado. En la primera ocasión en la que fue preguntado, el entonces edil de Cultura y portavoz del grupo popular gondomareño, José Luis Mosquera, quiso precisar que ni el PP, ni el que era en ese momento alcalde de la villa, Carlos Silva, ni el grupo independiente (Move Gondomar) conocían las operaciones de petición de dinero a cambio de favores urbanísticos.
El ya ex edil cargó sobre él mismo y sobre el entonces concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez -también del PP e imputado por cohecho-, la responsabilidad de haber exigido el dinero. En su declaración, admitió además que no todo el dinero requerido, 960.000 euros según el fiscal, fuese a acabar en las arcas de los dos partidos. «Puede ser que él [por el edil de Urbanismo] y yo nos fuésemos a quedar con algún dinero», indicó a la sala.
Pero el que había sido hombre fuerte del grupo del PP de Gondomar volvió a echar mano de las insinuaciones de corte político al implicar a parte de la corporación en supuestos acuerdos. En las conversaciones telefónicas intervenidas al arquitecto imputado que intermedió entre empresarios y políticos (y que ayer fueron emitidas en la sala), el edil garantiza que la aprobación del convenio urbanístico que dio pie a la denuncia estaba pactada hasta con la oposición. «No van a poner pegas, ya pactamos con el PSOE a cambio de unas cosas para que no hicieran nada en el pleno. Cambiamos cromos y no harán nada. El PSOE oficial está de acuerdo, y los tránsfugas, también», se oye decir a José Luis Mosquera en una de las cintas. El ex edil insistía así en vincular al PSOE en acuerdos concretos, llegando a decir que los socialistas incluso querían ver los desarrollos de las fincas que les interesaban recogidos en el nuevo Plan General antes de su aprobación. PP, PSOE y Move Gondomar forman en la actualidad el gobierno de Gondomar tras desalojar al BNG con una moción de censura.
Pero la del edil no fue la única insinuación sobre corrupción política. El administrador de la empresa que con su denuncia dio pie a la investigación policial aseguró ayer que utilizaron a un negociador «honesto porque hay políticos que piden dinero por hacer cosas legales», dijo.
 |
 |
 |