Los populares lo advirtieron cuando, hace ahora dos años, acusaron al PSdeG de cerrar en falso la comisión creada en el Parlamento para investigar el uso de fondos públicos para contratar y financiar el viaje a Buenos Aires de María Isabel Blanco, donde actuó como presunta agente electoral socialista en las municipales del 2007. El cambio en la Xunta brindó al PP el acceso a la documentación que entonces se le negó y las pesquisas siguientes derivaron ayer en la reapertura del caso en forma de campaña política contra los socialistas, con el senador Pablo García y el ex conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, en el centro de la diana.
Los de Feijoo acusan al PSdeG de promover una red de 28 sociedades fantasma para desviar fondos públicos asignados a Traballo y pagar supuestamente las nóminas de trabajadores socialistas, gastos de campaña de esa formación y sueldos de personas afines a «organizacións satélites» del partido del puño y la rosa. El portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, aseguró en rueda de prensa que, según los documentos en poder de los populares, esa trama vinculada al PSdeG y al sindicato Unións Agrarias permitió a las 28 asociaciones que la integran «sacar pola porta de atrás máis de 645.000 euros no 2006». El número tres de los populares, quizá para subrayar la credibilidad de su acusación, dio cuenta hasta de los decimales del importe de los fondos supuestamente desviados: 645.770,72 euros. Aseguró que con ese dinero se financió la contratación de 47 personas durante el 2006.
Miranda ya se refirió al caso García, en alusión al secretario de Organización de los socialistas gallegos. «A trama está elaborada polo ex número dous do PSdeG, Ricardo Varela, e polo actual número tres do partido, Pablo García. Esas dúas persoas son quen pedía as axudas e quen as pagaba», relató el portavoz de los populares. Además de emplazar a Pachi Vázquez a dar explicaciones, Miranda enfatizó que el PPdeG puede probar documentalmente todos los extremos que denuncia. De hecho, sugirió que la puesta en escena de ayer puede tener nuevas entregas. Así, aseveró que el dinero desviado sirvió para pagar «gastos de campaña do PSOE e tamén para presuntamente aforrar nóminas ao propio PSOE, e xa veremos que máis».
En su comparecencia, Miranda precisó que las 28 asociaciones de la trama, «vencelladas ao PSOE e de diversa índole», fueron fundadas en su mayoría entre el 2004 y el 2005, con Pablo García al frente de Unións Agrarias. Concretó que, de las 44 personas relacionadas con el PSOE que las fundaron, 28 eran cargos socialistas y 16 pertenecían a «organizacións afíns» entre las que mencionó el propio sindicato agrario y UGT. «Seguiremos investigando, pero todo parece indicar que o caso García non vai acabar aquí, e máis aínda se o PSOE non reacciona con cautela, prudencia e responsabilidade e aclara de forma exhaustiva o caso», concluyó.
Las preguntas de los periodistas dieron al portavoz del PPdeG la oportunidad de pronunciarse sobre el discurso del PSdeG en este caso. ¿Si tan claro lo tienen los populares, y disponen de la documentación, por qué no llevan su denuncia a los tribunales? Miranda prefirió prolongar la intriga con un asunto al que los populares quieren dar mayor recorrido. Aunque no descartó la vía judicial, la supeditó a las evidencias que vayan encontrando en los expedientes. «Imos ver cal é a natureza exacta deste caso García», replicó.
Miranda, que aportó la relación de los cargos que fundaron o dirigen las 28 asociaciones de la red, tampoco zanjó la opción de abrir una nueva comisión parlamentaria de investigación. Con todo, señaló que el PP se vio forzado a acudir a los tribunales «cando se nos pechou en falso a vía parlamentaria». Aclaró que «en absoluto» acusan a UGT, sino a «cargos do PSOE que utilizaron determinadas asociacións para desviar cartos públicos».
El PP sostiene que la abundante documentación en su poder constata que el PSdeG, «coa complicidade do Bloque», cerró en falso la comisión que creó el Parlamento hace dos años para esclarecer el caso de la agente electoral, María Isabel Blanco.
Los comparecientes en la comisión probaron que la mujer obtuvo un billete de la Secretaría Xeral de Emigración para volar a Buenos Aires en las semanas previas a las municipales del 2007, pese a que cobraba unos 1.000 euros al mes por un contrato subvencionado por la Consellería de Traballo. A pesar de que esa ayuda, concedida a petición de la organización Viticultores do Castro, era para emplear a Blanco como auxiliar administrativa en la provincia de Ourense, desempeñó esa función en la oficina de Unións Agrarias de Vimianzo. La comisión se cerró sin resolver si Blanco captó votos para el PSOE y la Xunta se comprometió a fijar criterios para evitar viajes como el que hizo esa mujer.
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