CRÍA DE MOLUSCOS.

La multa que impuso Bruselas en el 2005 exige reducir la contaminación de unas aguas interiores en las que se producen mejillones, almejas, ostras, berberechos y navajas de consumo humano

El conselleiro de Medio Ambiente soltó una frase truculenta el pasado miércoles en Vigo a propósito de la contaminación de la ría y la urgente necesidad de una nueva depuradora: «En Bruselas están con la escopeta cargada». Fuentes de Presidencia de la Xunta explicaron ayer a La Voz el alcance real de la condena impuesta por la UE y puede ser más grave de lo que se pensaba.

Con el reglamento que ha entrado en vigor este mismo año, la ausencia de saneamiento en la ría de Vigo puede conllevar en el peor de los casos multas de hasta 95,7 millones de euros que se repetirían cada seis meses hasta que se solucione el problema.

La oficina de Relaciones Exteriores desmiente que la sanción sea de 20 millones de euros, como se ha dicho en más de una ocasión, ya que aún no está cuantificada. Esa cantidad correspondía a una sentencia que afecta a Francia y que se usó como referencia en un primer instante.

Gravedad

En realidad, las sanción económica puede tener dos vertientes: una suma a tanto alzado de un mínimo de 7,3 millones (que puede ser mayor según la gravedad) y una multa coercitiva que oscila entre los 1,6 millones y los 95,7 mencionados (también en función de la gravedad que se estime).

«La amenaza de Bruselas está ahí y obliga a la Administración a tomar medidas, porque puede ocurrir que la solución sea mucho más barata que una sentencia firme», advierten desde la Consellería de Presidencia.

El problema es que la solución no llega. Bruselas sigue valorando el plan de obras presentado por la Xunta de Galicia en su momento, que incluye una nueva depuradora en Vigo antes del 2012, y aún tiene que decidir si ofrece las suficientes garantías. Lo que no ayuda en absoluto es el conflicto abierto sobre la ubicación de los terrenos. El Concello ha fijado el relleno de Bouzas en el Plan General y la Autoridad Portuaria se opone.

«Los funcionarios de la UE se leen hasta la última hoja parroquial y saben dónde existe un conflicto», advierten en la Xunta. En este caso no existe acuerdo entre la Consellería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento, con el agravante de la fuerte oposición vecinal que existe en Bouzas a la depuradora y a todo el relleno (casi 5.000 firmas de vecinos).

«La segunda sentencia del tribunal ya no suele ser tan 'light'»

«Ahora mismo estamos en la fase de negociar con Bruselas el modo de cumplir la sentencia que impuso en diciembre del 2005; tienen que analizar si tu plan está razonablemente argumentado o si vas de farol, por decirlo de forma coloquial», explican en la oficina de Relaciones Exteriores de la Xunta de Galicia.

Los fallos del Tribunal de Justicia de la UE son siempre contra los estados. Éstos, cuando se produce la primera sentencia, están obligados a plantear una solución, con actuaciones concretas y un calendario, y los responsables comunitarios valoran si la aceptan, ponen matices o la rechazan.

Si Bruselas considera que España no da garantías para solucionar el problema, iniciará un procedimiento mucho más rápido. «En unos meses saldría una segunda sentencia que ya no suele ser tan light», argumentan desde Santiago.

Precedente francés

Es lo que le ocurrió a Francia el año pasado. La Comisión Europea condenó al país vecino a pagar 20 millones de euros de tanto alzado y otros 57 millones de multa coercitiva cada seis meses por un caso de venta de pescados de tamaño ilegal.

Si el Gobierno central se ve obligado a pagar una multa de este tipo, podría detraer la cantidad de los fondos comunitarios que le asigna a la comunidad autónoma de Galicia.

REGLAMENTO | Seiscientos euros al día que se multiplican por tres coeficientes en función del peso del país y la gravedad

La condena de la UE pende como una espada de Damocles y tiene difícil solución antes de las elecciones municipales. El gobierno municipal del PP se niega a marcar otra ubicación en el Plan General para la nueva depuradora. Dice que ya está sugerida la del relleno de Bouzas, pero la Autoridad Portuaria, a quien competen los terrenos, se niega a facilitarlos.

Ante esta situación, conviene tener en cuenta a qué sanción se expone la ría de Vigo. En el caso de la multa coercitiva que le puede caer, se trata de 600 euros diarios que hay que multiplicar por tres coeficientes distintos. El primero tiene que ver con la gravedad del problema (daño a la salud, al medio ambiente, población afectada...) y puede oscilar entre el 1 y el 20. Otro coeficiente, que va del 1 al 3, se estima en función del tiempo que haya durado el problema. Y el tercer múltiplo, que es fijo, tiene que ver con el peso del Estado. En este caso a España le corresponde un coeficiente del 14,77 (el mínimo sería el de Malta, con 0,36, y el máximo el de Alemania, con 25,40).

Lo que ya no se puede cuantificar fácilmente es la repercusión que tendría una sanción del Tribunal de Justicia de la UE en la imagen de la ciudad y su puerto.

Hay que tener en cuenta que la sanción que está en juego tiene que ver con la calidad de las aguas para la cría de moluscos comestibles. De nada ha servido que la Consellería de Pesca alegase que los mejillones, almejas y ostras que se consumen de la ría pasan un tratamiento de depuración previo.