Puentes y Calzadas Infraestructuras SL, la empresa que estaba ejecutando el puerto deportivo de Massó, demandó al Concello de Cangas por una supuesta «desviación de poder» al impedirle, con medidas «transversales» encaminadas a obstaculizar los trabajos, no a preservar los intereses públicos, dice, el acceso a las obras.
«El Concello de Cangas, permítasenos la expresión, en términos de estricta defensa, se ha puesto estupendo y, dicho sin ambages, está utilizando de forma espuria sus potestades administrativas con la única finalidad de menoscabar el proyecto de construcción de un puerto deportivo cuya legalidad ha sido judicialmente ratificada y confirmada», indica el abogado de la empresa al juez, a quien también señala que el entonces concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, está imputado por coacciones y fue recusado por la promotora para intervenir en los expedientes relacionados con Massó.
Reclamación de perjuicios
Puentes y Calzadas se reserva el ejercicio de acciones «contra la corporación y sus autoridades» para resarcirse de los «evidentes y graves perjuicios» que le ha ocasionado el Concello.
La demanda se refiere al expediente sancionador por una infracción urbanística muy grave a la empresa por acondicionar un camino de titularidad municipal para poder acceder con la maquinaria y el material a las obras.
Como codemandada aparece la cofradía de Cangas, que de «forma orquestada» junto al Concello, señala la empresa, se opone al puerto deportivo. Fue el propio ayuntamiento el que la emplazó a comparecer en el procedimiento. La empresa entiende que carece de derecho para ello.
Puentes insiste en que el puerto es legal y que el desbroce del camino era «imprescindible» para acceder a la zona de obras. Indica al juez que había solicitado licencia para acondicionar el camino un año antes y no recibió respuesta
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