El ex alcalde de Gondomar y actual concejal del gobierno de este municipio y diputado provincial del PP en Pontevedra, Carlos Silva Mariño, condenado en diciembre del 2008 por prevaricación urbanística, será juzgado el mes que viene en Vigo por un presunto delito de falsedad documental.
Este representante del PP, que fue inhabilitado para ocupar cargos de representación política por haber otorgado licencias conforme a un Plan Xeral que sabía que estaba anulado judicialmente, tiene pendiente una querella que le ha presentado la Fiscalía por haber emitido en calidad de alcalde certificados de obras ilegales sin pasar por el registro municipal y de espaldas a la secretaría municipal del consistorio.
Quien era el máximo responsable de velar por la legalidad urbanística de las construcciones en el término municipal certificó en cambio por escrito, al menos en dos ocasiones, que el ayuntamiento no había actuado para corregir las irregularidades.
Hay informes firmados por él mismo durante los años que ostentó el poder en los que reconoce que, sobre determinadas viviendas construidas en suelo protegido, no existen en las dependencias municipales expedientes incoados de infracción urbanística. Y en los mismos también quedaba señalado una antigüedad de las obras de más de diez años para dejar así constancia de la prescripción de cualquier infracción urbanística grave que pudiera recaer sobre los responsables de las construcciones irregulares.
Estos certificados hubieran permitido a los propietarios de dichas viviendas poder dar apariencia de legalidad a edificaciones sin licencia para poderlas así vender o inscribirlas en el Registro de la Propiedad.
Pruebas
Las pruebas que existen para inculparle son los certificados de dos viviendas existentes en la parroquia de Morgadáns. Una de ellas se trata de una edificación de 80 metros cuadrados construida sobre una superficie de 632 metros, y la segunda es otra vivienda de dos plantas ubicada en una parcela de 1.741 metros cuadrados.
«Non existe nas dependencias municipais ningún expediente incoado de infracción urbanística sobre dita construcción, e para que conste, aos efectos oportunos, expido a presente certificación», concluía el regidor municipal en sus informes, que entregó supuestamente en mano a los interesados esquivando presuntamente la vía del registro municipal.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el Seprona, se ha podido comprobar que se trataba de edificaciones ilegales construidas en suelo protegido y sin posibilidades de legalización. La apertura de diligencias previas se ha llevado a cabo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo. La vista oral se celebrará el mes que viene en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo.
El ex alcalde de Gondomar nuevamente tendrá que sentarse en el banquillo después del juicio por prevaricación urbanística que se celebró en el mes de noviembre del 2008 en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo, por el que resultaron condenados e inhabilitados por prevaricación urbanística tanto él como el resto de los concejales componentes de su anterior junta de gobierno.
Carlos Silva afirmó ayer que no es consciente de haber firmado los documentos por los que le acusa la Fiscalía. Y la razón de ello es la gran cantidad de documentos que, durante su ejercicio como alcalde, pasaban por sus manos. «Cada día firmaba cien papeles, certificados, decretos... no es posible que te los puedas leer todos, se supone que cuando te pasan la carpeta para la firma, venga de donde venga, es algo que está fiscalizado», dijo.
Pese a no recordar la firma de los documentos, sí entra a valorar su contenido y afirma que «no valen para nada, no tienen ningún valor, lo único que dice es que las casas se construyeron hace más de diez años». Silva mostró su confianza en que al final «todo quede en nada».
Gestión polémica
El juicio al que tendrá que enfrentarse Carlos Silva en mayo es el último capítulo de una gestión urbanística marcada por la polémica. El antiguo alcalde de Gondomar ha sido inhabilitado judicialmente para ser miembro de la corporación después de ser condenado por prevaricación por otorgar licencias de obras sin el soporte de un Plan Xeral en vigor. Aún así continúa en activo, mientras espera desde hace más de un año la resolución de un recurso que interpuso ante la Audiencia Provincial a la sentencia del juzgado de Vigo.
No le ha ido mal en política durante este tiempo. El PP de Gondomar accedió al poder local en julio del año pasado gracias a una moción de censura contra el BNG apoyada por tránsfugas del PSOE. Y así asumió el cargo de concejal de Hacienda, aunque su carrera más próspera la está realizando en la Diputación. Meses después del cambio de alcalde en Gondomar, el gobierno de Rafael Louzán le otorgó una dedicación exclusiva.
El asunto más escandaloso durante su gestión municipal fue el supuesto cobro de sobornos a cambio de recalificaciones en el planeamiento, que supuso la detención en febrero del 2006 del edil de Urbanismo, Alejandro Gómez, el portavoz del gobierno, José Luis Mosquera, y un arquitecto vigués, después de sorprender al segundo de ellos en el baño de una cafetería cobrando una comisión a un promotor que se ofreció de gancho para la investigación. El juicio por este caso será en junio.
Carlos Silva Mariño certificó presuntamente obras ilegales en su condición de alcalde, pero saltándose los procedimientos legalmente establecidos en la Administración local para la emisión de informes oficiales.
El antiguo regidor lo hizo obviando el trámite de entrada y salida de documentos por medio del registro municipal ni la firma de la secretaría, encargada de velar por la legalidad de todos los actos administrativos que se llevan a cabo en el Concello. Un informe de la técnica de administración general, realizado a petición del equipo del Seprona que llevó a cabo la investigación, da a entender la irregular manera de proceder de este representante político.
La funcionaria recuerda el real decreto del 28 de noviembre, según el cual las certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno local, así como las copias y certificados de los libros y documentos que existan en las distintas dependencias municipales, deben ser expedidos siempre por el secretario.
Trámite
Pero el antiguo regidor obvió ese trámite que, por otra parte, con toda probabilidad no iba a contar con la colaboración de los funcionarios que velan por la legalidad de los actos municipales, para confirmar que sobre determinadas viviendas no se habían incoado expedientes de reposición de la legalidad urbanística. Las indagaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil han obligado al departamento de Urbanismo de Gondomar a revisar toda la documentación en su poder. No consta en los archivos municipales ninguna copia de las certificaciones emitidas por el ex-regidor de una manera presuntamente irregular. Carlos Silva empleó folios con el membrete del Ayuntamiento y firmó como alcalde del municipio los informes que ahora sirven de prueba para inculparle. El mes que viene tendrá que rendir explicaciones ante el juez por esta cuestión.
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