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La Voz de Galicia

GALICIA


Las sentencias de derribo amenazan a casi 2.500 viviendas en toda Galicia


12/02/2010 | C. P.


Una veintena de municipios acumulan fallos firmes, que en algunos casos buscan aún vías de legalización
Solo la Axencia da Legalidade Urbanística de la Xunta tramita 216 casos en los que insta a la demolición


La amenaza de la piqueta pende sobre media Galicia. El futuro de 2.483 viviendas en las que la Justicia o la Administración han encontrado ilegalidades en su construcción está así en el aire a la espera de respuesta a recursos, negociaciones, intentos de legalización con cambios en los planes urbanísticos locales o simplemente a que el tiempo haga un milagro.

El caso del edificio Conde de Fenosa, de A Coruña, al que el Tribunal Supremo no encuentra excusa para evitar su derribo, se repite especialmente en Vigo, donde el Concello no fue capaz en años anteriores de dotarse de los filtros necesarios para que unas 1.600 viviendas cumpliesen algo más que tener licencia municipal para burlar la ley. Más de medio millar de hogares en la calle Rosalía de Castro, las torres donde se ubica el Club Financiero, un centro comercial y varios casos más esperan encaje en el Plan Xeral mientras la Justicia no deja de instar a su derribo. Sanxenxo, Viveiro, Pontedeume, Ourense, O Carballiño, Vilamartín de Valdeorras, Poio, A Illa de Arousa, Portonovo, Bueu, Marín, Carballo, Fisterra, Muxía, Ribadeo, Carnota, Lalín, Cambados y A Guarda acumulan centenares de órdenes de derribo firmes, mientras la Axencia da Legalidade Urbanística de la Xunta tramita otras 2



Lentitud judicial, dejación política y falta de fondos frenan los derribos

El reguero de recursos, la inseguridad jurídica que rodea al urbanismo y el intento de los concellos de evitar el pago de indemnizaciones, ingredientes añadidos

Los propios jueces del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se han preguntado por qué hay tantas órdenes de derribo que se demoran años y años sin que lleguen a ejecutarse. La respuesta a dicha inquietud, expresada entre ellos informalmente, se explica, según señala el juez decano de una de las capitales gallegas, por la falta de interés de los ayuntamientos implicados. Las indemnizaciones millonarias que suelen conllevar las demoliciones de edificaciones con licencia municipal concedida hace que los alcaldes se pasen la pelota de una corporación a la siguiente. Pero los jueces apuntan otra opción, la del bajo grado de petición de ejecución de sentencias por parte de quienes promueven pleitos y buscan una posible negociación legal en la que hacer de solucionador de entuertos.

Jesús Lorenzo Cuervo, abogado vigués con más de veinte demoliciones ganadas, no lo ve así. «Se tarda en conseguir la demolición porque los jueces no toman las medidas que deberían para que se cumplan sus sentencias», asegura tajantemente. Para el abogado, los magistrados podrían fijar en sus fallos firmes un plazo a los ayuntamientos para realojar, indemnizar y derribar. «Podría ser de tres años o más, en función de las posibilidades financieras de cada ayuntamiento considerado responsable, y después, si no se cumple, juicio por desacato, inhabilitación o cárcel, solo así las órdenes de derribo serán tomadas en serio», añade.

Demora judicial

La lentitud de la Justicia es señalada por Lorenzo Cuervo como otra causa de dicha proliferación de casos. «Tuve uno en el que un alcalde hizo oídos sordos a una sentencia y cuando lo amenazaron con una multa gorda se puso el proceso en marcha, aunque al final fue el demandante el que se ofreció a pagar el derribo para que se cumpliese la sentencia», recuerda.

La inseguridad jurídica en la que se sustentan muchos planes y normas urbanísticas municipales es para el aparejador y promotor de decenas de denuncias Eduardo Canabal el origen del conflicto generado por sentencias que evidencian la falta de tino de los ayuntamientos a la hora de otorgar licencias.

Pero Canabal va más allá. «En todos los casos en los que he actuado la Justicia falló inicialmente contra construcciones que todavía se estaban ejecutando y a pesar de ello los ayuntamientos no advirtieron a los promotores, con lo que se convierten en cómplices en lugar de emitir un oficio con el que los concellos habrían dejado toda la responsabilidad legal a los constructores». ¿Y por qué se produce esa dejación? El aparejador vigués es claro en su respuesta: «Hay dinero por detrás, es la única explicación», añade para argumentar el «ti vai facendo que xa se arreglará», con el que se suele echar tierra sobre los fallos judiciales.

-¿Pero también aseguran que los denunciantes como usted solo buscan dinero?

-«Hay intentos de extorsión para retirar las denuncias, pero para retirarlas hay que llegar a un acuerdo, firmar un buen convenio y si la Justicia no lo ve te puede condenar a costas y abrir un proceso que te puede llevar a la cárcel. Yo no he aceptado ni un duro nunca y ahí están todas mis denuncias ganadas en fase de ejecución de sentencia, eso lo dice todo», concluye.




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