El régimen de concesiones administrativas que intentó implantar el anterior Gobierno bipartito para suministrar terrenos los operadores del sector de la acuicultura pasará a mejor vida. La Xunta aprobó ayer una modificación puntual del Plan Galego de Acuicultura que, en la práctica, coloca a la Administración autonómica en un segundo plano y permite que sean las empresas las que negocien directamente la adquisición de las parcelas en las que se autoricen este tipo de instalaciones industriales.
La variación aprobada ayer en la reunión del Consello de la Xunta supone un retorno al plan impulsado en el 2005 por el entonces conselleiro de Pesca, el popular López Veiga, en el que se establecía una doble vía para acceder a la titularidad de los terrenos acuícolas: bien la expropiación, a través de la correspondiente declaración de utilidade pública, o bien mediante la compra directa de terrenos particulares por parte de los operadores.
Garantías jurídicas
El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se encargó de explicar los detalles de la modificación normativa en la rueda de prensa posterior al Consello. El mandatario autonómico remarcó que la restitución del antiguo sistema contribuye a «garantizar xurídicamente os investimentos» que hagan las firmas acuícolas, a la vez que «protexe os dereitos dos propietarios» de los terrenos costeros, que, recordó, «tamén teñen dereito a non vender se queren».
Es más, el jefe del Ejecutivo aclaró que se mantiene en vigor la posibilidad de recurrir a las ocupaciones forzosas de terrenos, tal y como se preveía también en el régimen de concesiones administrativas del bipartito, pero matizó que se reservará tan solo para «casos extraordinarios».
La Consellería do Mar, por su parte, puso de relieve en una nota que la decisión adoptada ayer supone «un paso máis para desbloquear a situación de parálise» en la que se encuentra el sector de la acuicultura en Galicia, a la vez que representa una apuesta por «fórmulas xurídico-administrativas que dan firmeza e seguridade aos investimentos» que se realicen en el ámbito de la piscicultura.
De este modo, las empresas cuyos proyectos acuícolas sean aprobados por la Administración podrán negociar directamente con los propietarios en condiciones de mercado, un sistema que la Xunta considera «máis vantaxoso» para los dueños del suelo que, como mínimo, podrían obtener el precio fijado en una expropiación o el resultante de la puja entre dos o más operadores interesados en un emplazamiento.
Aliento a la especulación
Distinta lectura hace el PSdeG, partido que dirigió la Consellería de Pesca entre el 2005 y el 2009 e ideó el modelo de la titularidad pública del suelo que ocupan, mediante concesión, las plantas acuícolas. La portavoz de Pesca del grupo socialista, Marisol Soneira, afirmó que, con la decisión, «Feijoo acaba de entregar o mellor da costa á especulación privada», a la vez que abre la puerta a que la Administración gallega pueda acabar expropiando «en beneficio dos especuladores».
La modificación puntual del plan acuícola de Galicia no es, ni mucho menos, la luz verde que están reclamando las empresas para desarrollar sus proyectos. Fernando Otero, gerente de la Asociación de Productores de Rodaballo (Aroga), no entró a valorar el cambio en la forma de acceso al suelo acuícola, al menos hasta conocer los términos concretos de la reforma normativa. Ahora bien, Otero recordó que hay inversiones millonarias pendientes de ejecutar esperando a que el documento que debe ordenar el suelo para desarrollar esta actividad se apruebe definitivamente, tras dos intentos fallidos en el 2005 y en el 2008.
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