Galicia se enfrenta al Estado para defender sus competencias en materia de pesca. En su reunión de ayer, el Consello da Xunta dio luz verde a la propuesta de llevar ante el Tribunal Constitucional el decreto estatal 1549/2009, de 9 de octubre sobre ordenación del sector pesquero y su adaptación al Fondo Europeo de la Pesca (FEP) porque entiende que esta normativa impulsada por Madrid contiene artículos que invaden atribuciones que corresponden al Gobierno autonómico. Además, considera que de esa invasión podría dejar fuera de las ayudas comunitarias a más de 4.000 embarcaciones gallegas, aquellas que faenan en aguas interiores, cuya ordenación compete a la Xunta.
El Ejecutivo gallego advirtió en noviembre del conflicto competencial al Estado, puesto que entendía que el decreto calificaba «indebidamente de pesca marítima materias que son propias de ordenación del sector pesquero». Y ocurre que las primeras son facultades del Gobierno central, pero las segundas entran dentro de las atribuciones que corresponden a Galicia.
Así la Xunta entiende que el capítulo IX del decreto, que regula el censo de la flota pesquera operativa, «é contrario ao sistema de distribución de competencias porque corresponde á comunidade autónoma galega o desenvolvemento e execución das bases do Estado no tocante ao rexistro». Cita como inadecuados cuatro artículos y dos anexos del decreto, aquellos en el que se establecen los documentos y modelos para el alta provisional en el censo «de buques de nova construción, importación ou que veñen doutra lista».
La contestación que dio el Ejecutivo central, vinculando el censo de la flota operativa a los planes de pesca -que sí son materia de pesca marítima- para justificar su atribución exclusiva, no satisfizo a Galicia. Así, «esgotada a vía do diálogo, o Goberno galego acordou levar diante do Tribunal Constitucional unha invasión de competencias», explicó ayer Alberto Núñez Feijoo al término del Consello da Xunta. La intención, según el presidente gallego, es que el intérprete supremo de la Constitución «restitúa a legalidade, a propia lei de pesca e as competencias da Xunta sobre pesca e protexer a 4.000 embarcacións que pescan en augas interiores», añadió Feijoo.
Reglas de Bruselas
Medio Marino salió ayer mismo al paso de la decisión de la Xunta. Y lo hizo negando en primer lugar que la aplicación del real decreto suponga una exclusión de las ayudas comunitarias para ninguna de las flotas pesqueras, puesto que «la mencionada norma no regula las ayudas, sino que tal función corresponde al programa operativo del FEP aprobado por la Comisión Europea». El departamento que dirige Elena Espinosa aclara también que el censo de la flota pesquera operativa es un instrumento esencial para el ejercicio de las competencias estatales en pesca marítima, dado que es un instrumento que permite conocer en tiempo real el potencial de sus buques y sus características para distribuirlos por caladeros y adjudicarles cuotas de captura. Y una herramienta así solo funciona si se gestiona de forma unitaria, aduce Medio Marino, que también sostiene que la configuración del censo que recoge el decreto es la misma que rige desde hace 30 años, sin que hasta ahora «haya sido objeto de controversia» con las autonomías. Es más, el departamento de Espinosa señala que la norma recoge que se solicitará informe a la Administración autonómica cuando los buques puedan faenar en aguas interiores o exteriores.
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