El primer esbozo del plan con el que la Xunta ordenará los aprovechamientos urbanísticos de la franja costera ya está listo para una primera presentación y su posterior envío a los 89 concellos afectados. El documento previo a la aprobación inicial del plan, al que el Gobierno de Feijoo dará el visto bueno en una de las dos reuniones que quedan del Consello de la Xunta antes de que finalice el año, contempla extender a más de 142.000 hectáreas la superficie costera con algún grado de protección, lo que implicará un incremento del suelo protegido superior al 64% respecto a las 86.686 que ahora están incluidas en la franja de incidencia de la ley de los 500 metros.
El plan que reemplazará en mayo próximo a esa prohibición transitoria de edificar a menos de 500 metros del mar apuesta por un nuevo modelo de gestión de la costa, que diferenciará áreas de protección, corredores ecológicos y zonas de mejora ambiental y paisajística, que sumarán las 142.000 hectáreas de incidencia sobre un total de 200.336 analizadas. Dentro de las áreas de protección, el plan actuará sobre 57.193 hectáreas de espacios intermareales; en las zonas de mejora ambiental y paisajística, afectará a 54.266; y en los corredores ecológicos, conformará un conjunto de espacios protegidos en marismas, playas, dunas, acantilados, bosques y humedales que suponen 31.167 hectáreas. Con todo, esta planificación todavía no concreta sobre cuántas hectáreas de suelo urbanizable tendrá incidencia. Por ejemplo, en el caso de la ley de los 500 metros, de las 88.000 hectáreas que abarca, la prohibición cautelar de la construcción afecta realmente a 3.000.
Siete franjas costeras
El nuevo plan divide la costa en siete franjas de protección, en las que la Xunta detectó características similares en cuanto a su orografía y ocupación del suelo. Esas áreas son: A Mariña lucense, las Rías Altas, el golfo Ártabro, el arco bergantiñán, la Costa da Morte y las Rías Baixas. En cada uno de esos siete ámbitos, dos más de los previstos en el plan que dejó hilvanado el bipartito, el nuevo documento delimitará diferentes restricciones para garantizar la protección de la costa. En algunos puntos, la ordenación permitirá desarrollos urbanísticos a menos de 500 metros del mar, pero en otras zonas la franja puede ser incluso mayor que la que trazó el bipartito para un veto cautelar al ladrillo que el Gobierno de Feijoo decidió prorrogar en mayo pasado, ante la imposibilidad de tener el plan rematado a tiempo.
La sucesión de plazos incumplidos por la planificación de la franja más sensible del territorio se ha convertido en el indicador más significativo de su trascendencia. El plan llegará con más de cinco años de retraso sobre el calendario que marcó la Lei de Ordenación Urbanística 9/2002, por el que debía estar vigente desde el 1 de enero del 2005.
Medio Ambiente busca el consenso para evitar las disputas políticas
La inminente presentación del documento previo a la aprobación inicial del plan que ordenará los aprovechamientos urbanísticos de la costa será el punto de partida de un período de tramitación en el que Medio Ambiente aspira a recabar el mayor consenso político posible para salvar esa planificación de pugnas partidarias y blindar la continuidad de una herramienta con la que quiere marcar un antes y un después en protección del paisaje.
Con ese objetivo, el departamento que dirige Agustín Hernández esperará a enero para realizar una presentación del plan y abrir una fase de información pública, en la que recabará las alegaciones de los concellos. De hecho, esa vocación de contar con el apoyo de los 89 ayuntamientos caracterizó el trabajo que el amplio equipo de técnicos de la Dirección Xeral de Sustentabilidade e Paisaxe inició en la primavera pasada, con visitas a cada uno de los concellos en las que analizaron de forma conjunta las singularidades de cada zona. La idea era que los criterios esenciales que configuran el documento que los alcaldes recibirán en los próximos días respondan a ese trabajo en común. Además, para favorecer un consenso siempre complicado en materia urbanística, y más con las municipales a un año vista, la Xunta insiste en que no será un documento cerrado.
La Xunta consulta a 31 expertos sobre el urbanismo costero
La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ha recurrido a 31 expertos de toda Galicia para evaluar los planes de la Xunta respecto a la reordenación del litoral de la comunidad y prever los efectos que en el medio ambiente puedan tener las actividades constructivas.
Expertos en ingeniería, obras públicas, arquitectos, alcaldes, responsables en materia medioambiental de las principales organizaciones políticas y diputados han sido consultados en las últimas semanas respecto a las necesidades que creen tiene el litoral gallego, así como las principales actuaciones que a su juicio deben de llevarse a cabo de inmediato para propiciar su conservación. Siguiendo un sistema de cuestionarios sucesivos llamado Método Delphi, la Xunta acaba de analizar las respuestas a raíz de los resultados estadísticos que ofrecen las mismas, para incorporar las conclusiones al Plan del Litoral, cuya primera fase debe ser presentada antes de final de año para dar cumplimiento a la promesa sobre dicho plazo hecha a principios de la legislatura por el presidente Núñez Feijoo.
Revisión sobre el terreno
De forma paralela a la realización de la encuesta, técnicos de la Dirección Xeral de Sustentabilidade e Paisaxe han recorrido los ayuntamientos costeros en los que se limitará la construcción para recoger datos sobre el terreno sobre la situación actual de cada uno, conocer la opinión de sus alcaldes y de los equipos redactores de las normas urbanísticas locales. «Queremos que sean unas directrices altamente consensuadas por todos los sectores y en todas las zonas afectadas, para que el Plan del Litoral se convierta en un pacto por el territorio que perdure en el tiempo, al margen de los cambios políticos que puedan registrarse en el futuro», señala la Consellería de Medio Ambiente, que pondrá fin con dichas medidas a las restricciones impuestas para la construcción a 500 metros del mar implantadas de manera temporal por el bipartito y prorrogadas después por el PP.
La inminente presentación del documento previo a la aprobación inicial del plan que ordenará los aprovechamientos urbanísticos de la costa será el punto de partida de un período de tramitación en el que Medio Ambiente aspira a recabar el mayor consenso político posible para salvar esa planificación de pugnas partidarias y blindar la continuidad de una herramienta con la que quiere marcar un antes y un después en protección del paisaje.
Con ese objetivo, el departamento que dirige Agustín Hernández esperará a enero para realizar una presentación del plan y abrir una fase de información pública, en la que recabará las alegaciones de los concellos. De hecho, esa vocación de contar con el apoyo de los 89 ayuntamientos caracterizó el trabajo que el amplio equipo de técnicos de la Dirección Xeral de Sustentabilidade e Paisaxe inició en la primavera pasada, con visitas a cada uno de los concellos en las que analizaron de forma conjunta las singularidades de cada zona. La idea era que los criterios esenciales que configuran el documento que los alcaldes recibirán en los próximos días respondan a ese trabajo en común. Además, para favorecer un consenso siempre complicado en materia urbanística, y más con las municipales a un año vista, la Xunta insiste en que no será un documento cerrado.
La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ha recurrido a 31 expertos de toda Galicia para evaluar los planes de la Xunta respecto a la reordenación del litoral de la comunidad y prever los efectos que en el medio ambiente puedan tener las actividades constructivas.
Expertos en ingeniería, obras públicas, arquitectos, alcaldes, responsables en materia medioambiental de las principales organizaciones políticas y diputados han sido consultados en las últimas semanas respecto a las necesidades que creen tiene el litoral gallego, así como las principales actuaciones que a su juicio deben de llevarse a cabo de inmediato para propiciar su conservación. Siguiendo un sistema de cuestionarios sucesivos llamado Método Delphi, la Xunta acaba de analizar las respuestas a raíz de los resultados estadísticos que ofrecen las mismas, para incorporar las conclusiones al Plan del Litoral, cuya primera fase debe ser presentada antes de final de año para dar cumplimiento a la promesa sobre dicho plazo hecha a principios de la legislatura por el presidente Núñez Feijoo.
Revisión sobre el terreno
De forma paralela a la realización de la encuesta, técnicos de la Dirección Xeral de Sustentabilidade e Paisaxe han recorrido los ayuntamientos costeros en los que se limitará la construcción para recoger datos sobre el terreno sobre la situación actual de cada uno, conocer la opinión de sus alcaldes y de los equipos redactores de las normas urbanísticas locales. «Queremos que sean unas directrices altamente consensuadas por todos los sectores y en todas las zonas afectadas, para que el Plan del Litoral se convierta en un pacto por el territorio que perdure en el tiempo, al margen de los cambios políticos que puedan registrarse en el futuro», señala la Consellería de Medio Ambiente, que pondrá fin con dichas medidas a las restricciones impuestas para la construcción a 500 metros del mar implantadas de manera temporal por el bipartito y prorrogadas después por el PP.
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