La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística recomienda al ayuntamiento de Nigrán que lleve a cabo la demolición de lo ilegalmente construido en el edificio de tres viviendas adosadas de su asesora de urbanismo, María del Carmen Iglesias Rial.
Una sentencia firme de octubre del año pasado anuló la licencia de construcción del bloque y condenó al Ayuntamiento a abrir un expediente de reposición de la legalidad urbanística. Un año después el fallo judicial nada ha cambiado en la casa de la técnico municipal. El gobierno municipal ha dedicado estos meses a abrir el expediente y a pedir informes a la Xunta con el ánimo de eludir la posibilidad de llevar a cabo demolición alguna.
Una de las irregularidades en las que se basa la sentencia es que la vivienda posee un exceso de altura de 14 centímetros. El propio fallo judicial expresa que esta diferencia resulta «mínima y tal vez no resulte proporcional la adopción de drásticas medidas de reposición de la legalidad, además de parecer justificado el exceso en atención a la antigüedad de la normativa y las modernas exigencias constructivas». Por este motivo, el Ayuntamiento consultó con la Agencia la posibilidad de ahorrarse la demolición.
Respuesta
Pero la respuesta no ha dejado lugar a dudas de que el Ayuntamiento debe ser estricto en el cumplimiento de la legalidad urbanística. «O otorgamento dunha licenza de legalización dunha edificación existente esixe que a dita edificación cumpra a totalidade dos parámetros edificatorias establecidos polo planeamento urbanístico vixente que resulten de aplicación nesa parcela, xa que o contrario constituiría unha reserva de dispensación prohibida pola Lei de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia», expresa.
El Ayuntamiento abrió un expediente de reposición de la legalidad poco después de la última sentencia que anulaba la licencia de la vivienda. Los propietarios pidieron el 29 de enero de este año licencia para la transformación de tres viviendas unifamiliares adosadas preexistentes en una sola unifamiliar. Con esta solicitud los interesados pretendían obtener una nueva licencia que subsane la deficiencia relativa a la parcela mínima detectada en otro fallo judicial del año 2005. Durante la tramitación del expediente, y valiéndose de su derecho a plantear alegaciones, solicitaron el archivo o la legalización de los presuntos desajustes, porque entienden que la demolición de lo construido por la superación de altura máxima en 14 centímetros resultaría excesivamente riguroso y contrario al principio de proporcionalidad.
A vista de todos los informes que obran en poder del Concello, el expediente de reposición de la legalidad urbanística ha concluido dando un plazo de tres meses a los propietarios de la vivienda, entre la que se incluye la técnico municipal, a que presente en el Concello una solicitud de licencia de legalización de la edificación ubicada en la calle Areosa de San Pedro. Deben justificar y subsanar las deficiencias legalizables puestas de manifiesto en el expediente. Advierten al mismo tiempo que que transcurrido dicho plazo sin que se produzca dicha solicitud, el alcalde acordará la demolición de las obras a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los usos a los que diesen lugar. También aperciben a los interesados que en caso de incumplimiento de una eventual orden de demolición, se procederá desde el Concello a su ejecución forzosa, bien mediante ejecución subsidiaria por cuenta del interesado, o mediante la imposición de multas coercitivas reiterables hasta lograr la ejecución. Quedan dos meses para que finalice dicho plazo.
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