Dos palas y un tractor derribaron ayer la parte ilegal de dos viviendas de Ons sobre las que pendía una orden judicial de demolición. La empresa y la Xunta esperaron a que los periodistas y los más de cien vecinos que acudieron ayer por la mañana a la isla se tuviesen que ir por la alerta de temporal. Poco después de que el barco dejase el muelle, comenzó el derribo.
La demolición de ayer culminó un proceso que ha durado varios años. Una denuncia administrativa de oficio derivó en un procedimiento judicial. En este último se dictaminó el incumplimiento de la normativa urbanística y el juez ordenó el derribo. Agotados los plazos y siendo la sentencia firme, la Xunta tuvo que ocuparse del trámite.
Los propietarios aceptaron iniciar los trabajos por su cuenta el pasado lunes, aunque finalmente ayer pactaron con los responsables autonómicos que fuesen las palas las encargadas de acabar este cometido. Los afectados accedieron después de que se les prometiese que no se les pasaría la factura con la que se les había amenazado si no hacían el derribo, cincuenta mil euros en cada caso. La isla es suelo rústico protegido. El margen de acción tanto en la modernización como en la restauración de las viviendas es muy limitado. Además, la situación jurídica de los vecinos, que son colonos y no propietarios de las casas que habitan desde tiempo inmemorial, complica cualquier trámite. Por otra parte, hay que tener en cuenta las restricciones urbanísticas por la adscripción al Parque Nacional Illas Atlánticas.
Las dos demoliciones de ayer afectaron a una edificación de planta baja, de 71 metros cuadrados y a la ampliación de una vivienda original en 75 metros cuadrados.
Una de las afectadas, María del Carmen Ferradás, explicó su indignación sobre lo sucedido en su caso. Señaló que en Ons hay muchas viviendas e incluso Parques, el organismo denunciante, ha acometido obras sin permiso municipal. Ferradás considera que en su caso, donde se reconvirtieron las cuadras en una vivienda, la orden de derribo es una medida excesiva. «Esta sentencia es un delito penal. ¿Qué somos, ladrones, asesinos?», se preguntó.
En una posterior asamblea con el alcalde, los vecinos le expresaron su temor a que la Xunta intente reducir su presencia en la isla, haciéndola inhabitable. Ante este temor, otra vecina, Gloria Sampedro, explicó: «Aínda que o intenten, da illa non nos van mover».
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