El Gobierno de Feijoo quiere evitar que la entrada en vigor del futuro plan autonómico que delimitará las zonas de protección del litoral colisione con la gestión del Estado en la franja marítima de dominio público que le compete al Estado. En ese contexto, y para eludir esa fragmentación competencial en la parte más sensible del territorio, que ya ha provocado un conflicto entre las dos Administraciones a raíz de la ley que promovió el bipartito para legalizar núcleos rurales excluidos por la Ley de Costas de 1988, la Xunta reclama al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero la transferencia de la gestión del dominio público marítimo-terrestre.

La Xunta pretende asumir así la competencia sobre todas las autorizaciones en esa área de dominio público, por su vinculación con materias que son de ámbito autonómico, como la construcción de puertos, la reglamentación urbanística o el control de vertidos. En la actualidad, las competencias están repartidas según el deslinde que marca la línea de ribera del mar, determinada por el punto al que llega la mayor pleamar conocida. Desde el deslinde hasta el mar, que es la zona que se considera de dominio público marítimo-terrestre, la gestión es del Estado, mientras que la franja que va tierra adentro compete a la Xunta.

Meteorología y vías de pago

Esta demanda forma parte de un paquete de 17 ámbitos competenciales a los que el Gobierno gallego quiere dar prioridad para desbloquear el desarrollo del autogobierno. De esos 17 traspasos incluidos en la carta que Feijoo remitió ayer al vicepresidente tercero y ministro de Administraciones Públicas, Manuel Chaves, siete son competencias en las que ya hay negociaciones abiertas y diez son nuevas.

El bloque de demandas de la Xunta, más modesto que el documento con 70 materias que el bipartito remitió al Gobierno central hace cuatro años, y que el de los 33 traspasos que Fraga solicitó en el 2004, también incluye la reclamación de la gestión de las autopistas AP-53 (Santiago-Dozón) y AP-9, con el objetivo de aplicar en ellas una política de rebajas tarifarias como la que el Gobierno autónomo anuncia para las dos vías de pago de su titularidad: A Coruña-Carballo y Vigo-Baiona.

También es nueva la reclamación para licitar, ejecutar y gestionar las obras hidráulicas de interés general, al igual que la competencia para tramitar expedientes de autorizaciones en todo el dominio público hidráulico de la comunidad, lo que implicaría el control de la parte que ahora lleva la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Otras peticiones afectan a la meteorología, ya que Galicia es la única comunidad que no tiene reconocido en el Estatuto su competencia al respecto; al sector pesquero, donde incluye la inspección y vigilancia, y la expedición de títulos; y la gestión del personal de la Administración judicial. Entre las transferencias ya planteadas ante la comisión bilateral y que siguen pendientes están el control del tráfico y la seguridad vial, un ámbito que cuenta con un acuerdo unánime del Parlamento desde el 2008; y la inspección de trabajo, sobre la que ya comenzaron las conversaciones en la etapa de Fraga. Feijoo, que compareció acompañado de Alfonso Rueda, abogó por la necesidad de «elevar o noso teito competencial, tras uns últimos anos de goteo e escasas transferencias», objetó.