La diputada del BNG en el Congreso de los Diputados, Olaia Fernández, acaba de presentar una proposición no de ley en la que insta al Gobierno central a paralizar las obras del puerto deportivo de Massó, en Cangas. La nacionalista, que está integrada en el grupo mixto de la cámara baja, argumenta en su escrito que la ejecución del proyecto tendrá consecuencias productivas en una “extensa área marítima” y una “forte afección derivada da diminución da calidade da auga”. Por ello, Fernández solicita en su escrito la paralización de los trabajos, la retirada de la concesión administrativa concedida en su día y la “restitución á súa situación orixinal do medio danado ata o de agora”.
En la exposición de motivos, la proposición no de ley carga contra el PP y en especial contra la Autoridad Portuaria de Vigo, a la que acusa de imponer un proyecto “contra todo criterio de racionalidad” y de “hacer oídos sordos alas justas reivindicaciones del sector afectado”.
Intervención del Gobierno
Olaia Fernández insiste en exigir una intervención por parte del Gobierno central porque el Puerto de Vigo “forma parte de Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento”, por lo que entiende que el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero “no puede mantenerse al margen de este asunto”.
El texto de la proposición no de ley cuenta con tres puntos de acuerdo y en los que se instaría al Gobierno a “llevar a cabo las actuaciones necesarias para la retirada de la concesión”, la restitución de la situación original y “evaluar el impacto económico de las obras ya realizadas [...] y demandar la concesión de las correspondientes indemnizaciones y compensaciones económicas a los afectados”.
Además de esta iniciativa parlamentaria, la diputada del BNG también registró una serie de preguntas para que sean contestadas por parte del Gobierno. En ellas interroga al ejecutivo acerca de si considera necesario “impedir” la ejecución de las obras y si estima que tendrán una “afectación socioeconómica gravísima” en el municipio. Al mismo tiempo, reclama que aclare si tiene conocimiento de las reivindicaciones del sector afectado y si ha elaborado un estudio para conocer el impacto que generaría la construcción del puerto.
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