La construcción del puerto deportivo en Cangas lleva cuatro años paralizada por la obstrucción vecinal que abandera el Foro Social. Las denuncias de promotores y opositores al proyecto -por coacciones, desórdenes o motivos ambientales- se acumulan en los juzgados y otros despachos y prometen continuar sin que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acabe de sustanciar la legalidad de la concesión, que sin duda marcará un punto de inflexión en los términos del conflicto. Residencial Marina Atlántica, la promotora de la obra, aduce el agotamiento de plazos en su programa de ejecución y los opositores resisten para que no suceda como en el caso análogo de la marina de Punta Lagoa, a los pies del monte de A Guía, en la misma ría de Vigo, declarada ilegal cuando ya estaba construida y con mal remedio.
En Cangas está previsto que el puerto deportivo, para 420 amarres, avance 312 metros mar adentro con un espigón de 600 metros enfrente del relleno de Bouzas. Ocuparía una lámina de agua de 212.348 metros cuadrados, después de una obra de alta dificultad técnica por las profundidades de más de 15 metros en que debe realizarse y los taludes submarinos, en una zona de intensas corrientes. Las obras comenzaron en agosto de 2005 y, en octubre, la obstrucción vecinal que, con sus altibajos, dura hasta hoy. El puerto deportivo, según sus detractores, destruirá un banco marisquero que explota la cofradía de pescadores, que espera desde hace cuatro años el pronunciamiento del TSXG en el contencioso que plantearon.
El tribunal ya avanzó un criterio sobre los intereses de los pescadores cuando denegó la paralización cautelar de las obras que pedía la cofradía: un aval de 631.000 euros depositado por la constructora compensaría los posibles daños. Pero el expediente de la concesión del puerto deportivo por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo (APV) presenta fisuras que ensombrecen la tramitación y alimentan, sin contradicción, los argumentos de los opositores a la marina.
La APV convocó el concurso para crear el puerto deportivo en diciembre de 2003. La concesión que disfrutaba Massó Hermanos y que sucesivamente pasó a los trabajadores, cuando la empresa quebró, y a Frigoríficos del Morrazo, que compró después terrenos y derechos, se refiere a "terrenos con destino a fábrica de conservas, su ampliación, rampas y varaderos". El concurso para el puerto deportivo se convoca sin que conste por qué, cómo ni cuándo ha cambiado el uso de los terrenos, aunque para entonces Ingeniería Civil del Atlántico ya estaba realizando el proyecto de marina para Frigoríficos del Morrazo.
El informe, preceptivo y vinculante, de la Dirección Xeral de Recursos Mariños, que se opone a la remodelación, señala que para la revocación de las autorizaciones marisqueras afectadas es necesaria la declaración de utilidad pública de las obras y tramitar la expropiación de los derechos que corresponden a la cofradía. Nada de eso se hizo aún. La APV asegura incluso, en febrero de 2005, no haber recibido ese informe de Pesca, aunque está documentada su entrada en dos ocasiones, y ésta es la principal laguna, aunque no la única, que argumentan los detractores de la marina.
El proyecto se sometió a información pública en agosto de 2004 y en marzo de 2005 Residencial Marina Atlántica recibió la concesión, que reconoce su titularidad sobre la zona de dominio público marítimo terrestre, unos 45.000 metros, pese a ser terrenos "inalienables, imprescriptibles e inembargables".
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