La investigación iniciada el lunes por la Fiscalía de Vigo en torno al conflicto urbanístico de Nigrán se centrará en averiguar si han existido delitos de tráfico de influencias, de información privilegiada o cohecho. El hecho de que el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) no llegase a aprobarse de forma inicial por la revuelta vecinal del 2 de junio descarta la existencia de un delito de ordenación del territorio, por lo que el fiscal indagará en datos que pudiesen demostrar la existencia de ese tipo de prácticas.

Las importantes compras de terrenos realizadas por personas vinculadas al alcalde de Nigrán, Alfredo Rodríguez, dieron lugar a las sospechas y a la alarma social en el municipio. El ministerio público decidió intervenir al conocerse las mencionadas operaciones y tras recibir la recomendación del fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Carlos Varela.

La solicitud de investigación de los colectivos vecinales de Nigrán ha sido incluida en las diligencias tras la reunión que mantuvo con sus representantes el fiscal encargado del caso, Juan Carlos Aladro, especialista en asuntos de ordenación del territorio y medio ambiente. Los presidentes de colectivos acudieron al despacho del fiscal el pasado miércoles, sólo un día después de presentar la solicitud de apertura de expediente.

Cuerpos de seguridad

La búsqueda de pruebas sobre la supuesta información privilegiada lleva al ministerio público a dar oficio a distintos cuerpos de seguridad, como el Seprona, la Guardia Civil y la Policía Nacional, para que inicien sus propias investigaciones sobre el suelo del municipio y la identificación de personas.

Las pesquisas incluirán también la solicitud de datos al Ayuntamiento de Nigrán, a la Agencia Tributaria y a diversas entidades bancarias. El fiscal podrá comprobar así la calificación de los suelos del municipio en las normas subsidiarias -todavía en vigor-, en el avance del PXOM y en el documento para la aprobación inicial que no llegó a debatirse en pleno.

Además de las clasificaciones urbanísticas, estas informaciones permitirán conocer la evolución del patrimonio de los miembros del gobierno municipal desde su llegada a la Corporación hasta la actualidad, como también solicitaban los vecinos.

Operaciones de compra

Entre los objetivos de la Fiscalía se encuentra, asimismo, aclarar quiénes han comprado terrenos en el municipio, quiénes los han vendido y a qué precios se realizaron las operaciones.

El proceso podría prolongarse durante meses debido a la dificultad probatoria que presentan los casos de este tipo. Por el momento, la Fiscalía no acusa a ninguna de las personas mencionadas en diversas informaciones, pero indaga en la posibilidad de la comisión de varios tipos de delitos: información privilegiada, tráfico de influencias, cohecho o negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

Por otro lado, la intervención de la Fiscalía no está relacionada con la petición que el alcalde nigranense y el edil de Urbanismo, Carlos Quintas, realizaron para que se aclarasen los hechos, sino que se realiza a iniciativa de propio Aladro. Según pudo saber este diario, estas peticiones no están avaladas por ninguna norma en el ordenamiento jurídico.

La actuación de oficio de la Fiscalía se produce a raíz de las informaciones periodísticas publicadas en las últimas semanas. Tras las investigaciones, el ministerio público decidirá si presenta una denuncia o una querella o, si no hay pruebas, procederá al archivo del caso.