Un desfase sorprendente. La Xunta está obligada a sanear la Ría de Vigo para evitar una sanción multimillonaria de la UE. Pero un año después de remitir a Bruselas un plan corrector para su saneamiento integral, las multas económicas por vertidos tanto a particulares como a empresas siguen siendo una excepción. El mapa de vertidos realizado por la Consellería de Medio Ambiente llegó a localizar 149 focos de vertido ilegales en ocho municipios de la Ría, pero en todo el pasado año sólo se habían resuelto 25 expedientes, de los que 12 acabaron en sanción económica. Otros cuatro fueron archivados por falta de pruebas para demostrar el origen.
Los resultados de las inspecciones anunciadas por el Gobierno gallego son por ahora modestísimos, si bien es cierto que los 67.768 euros a que ascienden las penalizaciones impuestas y correspondientes a infracciones de 2007 y 2008 son una novedad. Según datos de Augas de Galicia, éstos son los primeros años en que empezaron a hacerse efectivas las sanciones económicas.
Los registros de la Xunta demuestran que bajo la amenaza de multa comunitaria se dispararon las causas incoadas por contaminar la Ría, pasando de los seis casos investigados durante 2006 a un total de 13 al año siguiente. La actividad cayó a siete nuevos expedientados en 2008, aunque este último año se resolvieron 16 casos, doce con resultado de multa y algunos de los cuales se arrastraban del ejercicio anterior.
Una de las dificultades para erradicar los vertidos es precisamente la escasa cuantía de las sanciones. Sólo uno de cada doce vertidos acaban con penas económicas, y cuando finalmente sus autores deben compensar los daños causados, la cuantía media ronda los 5.500 euros.
La multa más elevada impuesta el pasado año por Aguas de Galicia corresponde a un vertido de aguas residuales e industriales en Punta Chapeliña, en Redondela, por el que se abonaron 13.500 euros. Con otros 15.000 se penalizó en dos ocasiones el mal funcionamiento de la depuradora de Cangas, a la que se impusieron dos multas de 12.000 y 3.000 euros, respectivamente, por verter al mar aguas residuales y luego desoír los requerimientos de la Administración gallega.
Estos dos casos junto a un vertido en Cedeira, Rande, por el que un particular tuvo que desembolsar 9.000 euros son rarezas administrativas, pues en los demás casos, tanto un vertido en el Puerto de Vigo, en la depuradora Toralla o procedente de una factoría pesquera en Domaio, las multas no superaron los 4.507 euros. Conclusión: resulta más barato pagar a posteriori que realizar mejoras en los sistemas de depuración.
El control medioambiental arranca lento pero está obligado a acelerar para cumplir con las directrices comunitarias y evitar la multa de 20 millones que pende sobre la Xunta por el mal estado de las aguas de la Ría para el marisqueo. Alrededor del 90 por ciento de la contaminación de la Ría se espera solventar con la nueva macrodepuradora, pero el resto de la polución procede de estos 150 puntos de vertido localizados y contra los que debería actuar con más diligencia si pretende atajar el problema.
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