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GALICIA

29/11/2008 | Pablo López


La Xunta reivindica su autonomía para decidir qué casas infringen la ley de costas


El PP acusa al bipartito de copiarle un decreto de 2004 recurrido por el Gobierno

Casas en la playa de Loira- EDUARDO IRAGO

"Reivindicamos nuestras competencias exclusivas en ordenación territorial para concretar los deslindes". Con esta frase resumió ayer el director general de Urbanismo, Ramón Lueje, la propuesta de modificación de la Ley del Suelo de Galicia para restringir los deslindes del dominio público marítimo-terrestre que lleva a cabo la Dirección General de Costas del Estado. La propuesta fue incluida el jueves como enmienda en la ponencia parlamentaria que tramita la nueva Ley de Vivienda.

Los cinco núcleos rurales de Marín que la Xunta aún no ha conseguido excluir de la zona de protección del dominio público marítimo-terrestre entrarían de lleno en la propuesta de la Consellería de Política Territorial, aceptada por los demás grupos en la ponencia parlamentaria, aunque con matices que ayer se encargó de subrayar el PP. En cualquier caso, la modificación propuesta, que deberá ser desarrollada en forma de reglamento tras la aprobación de la Ley de Vivienda, pueden beneficiar a los propietarios de edificaciones de otros núcleos rurales afectados por los nuevos deslindes que efectúa el Ministerio de Medio Ambiente, que al igual que en el resto de España están provocando movilizaciones vecinales.

Lueje aclara que no se trata de arrebatarle competencias al Estado, que todavía no ha completado el deslinde en la zona de 100 metros desde la ribera del mar al que le obliga la Ley de Costas de 1988. "Lo que queremos es adaptar las excepciones, en las que la zona de protección se reduce a 20 metros, a la realidad que había en Galicia antes de la entrada en vigor de la ley".

De acuerdo con la Ley de Costas, sólo los terrenos clasificados como urbanos a su entrada en vigor pueden ven reducida la servidumbre de protección a 20 metros. En la franja de 100 metros, todas las edificaciones posteriores a 1988 o que no figuraran ese año como suelo urbano pasan automáticamente a ser de titularidad del Estado. Pero la Xunta reivindica una figura que existe exclusivamente en Galicia, la del núcleo rural, que de cumplir determinadas condiciones engrosaría el apartado de las excepciones. Así, lo que Política Territorial pretende con su enmienda es que se le reconozca su capacidad para determinar la situación urbanística de los terrenos, para que el Estado complete los deslindes de acuerdo con esa información.

Requisitos

"Nadie discute que la zona de servidumbre es de competencia estatal, pero esa zona debe fijarse en función del régimen urbanístico de Galicia a la entrada en vigor de la Ley de Costas", argumenta el director general de Urbanismo de la Xunta. Para que en los núcleos rurales la afección se reduzca a 20 metros, la condición que deben cumplir, de acuerdo con la propuesta del Gobierno gallego, es que en 1988 contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro eléctrico. Pero incluso en el caso de que no cumplieran todos estos requisitos, se les reconocería la consideración de suelos urbanos si estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación como mínimo en la mitad su superficie, en aquellos ayuntamientos que carecieran de planeamiento. De contar con él, la exigencia se amplía a dos terceras partes.

El Grupo Popular, mientras, trató ayer de conciliar el apoyo y la crítica a la iniciativa de Política Territorial. Sus diputados Enrique López Veiga y Pilar Rojo adelantaron que apoyarán la enmienda, "a pesar de que no soluciona el problema general" de los deslindes. Los populares aseguran que la enmienda "copia literalmente varios preceptos de un decreto promulgado por la Consellería de Pesca del anterior Gobierno gallego del PP, en 2004", lo que no les impidió calificar la solución de insuficiente.

El decreto, formulado cuando López Veiga era titular de Pesca, fue recurrido por el Estado y está pendiente de resolución judicial. Los populares defienden la derogación de la Ley de Costas, que aboca a "incautaciones masivas en la costa". Según los diputados del PP, otra solución pasa por la retirada del recurso.




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