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GALICIA

22/10/2008 | Paula Pérez | SANTIAGO


El Parlamento duplica las multas de la Ley de Residuos contra vertidos ilegales


Las sanciones se elevan hasta los dos millones de euros

Galicia cuenta ya con su primera Ley de Residuos, con la que la Consellería de Medio Ambiente aplicará la máxima de que "quien contamina paga", después de que la Cámara gallega aprobase ayer esta normativa sin el apoyo del PP. Aunque el departamento de Manuel Vázquez había presentado al Parlamento un texto que ya endurecía las anteriores sanciones por vertidos, los grupos parlamentarios han considerado que las multas seguían sin ser suficientes y han decidido incrementar de 1,2 millones a 2 millones su cuantía para penalizar las infracciones tipificadas como graves que son aquellas en las que el abandono de residuos causa daño o deterioro medioambiental.

La decisión de elevar las sanciones fue propuesta por el PP y respaldada de forma unánime por el resto de los grupos. A pesar de este consenso puntual, los populares decidieron no apoyar el conjunto de la ley porque, en su opinión, no ofrece un modelo de tratamiento de residuos. El portavoz del grupo de la oposición, Jaime Castiñeiras, resumió su rechazo con esta frase: "Usted, conselleiro, es el señor de los vertederos", apuntó dirigiéndose a Manuel Vázquez.

El titular de Medio Ambiente, sin embargo, defendió la nueva normativa porque permitirá a Galicia "ganar el futuro". La nueva Ley de Residuos, no sólo penalizará a las empresas que contaminen, sino que además castigará con multas de hasta 600 euros a los ciudadanos que arrojen basura en la vía pública. Con su entrada en vigor, la Xunta deberá asimismo elaborar un registro de suelos contaminados y prohibirá realizar planificaciones urbanísticas en las áreas afectadas.

Las empresas que contaminen no sólo tendrán que pagar una multa sino que están obligadas a restaurar los daños medioambientales que ocasionen.

Otra de las novedades es que se obligará a las empresas a que se hagan cargo de la gestión de los productos que venden cuando se conviertan en residuos. La ley obligará a las industrias también a suscribir un seguro de responsabilidad civil y la prestación de una fianza para sufragar posibles daños medioambientales.

Mientras PSOE y BNG defendieron las ventajas de la nueva ley, el Partido Popular desacreditó la política de residuos del bipartito. El diputado Jaime Castiñeiras recordó al titular de Medio Ambiente que hay 500.000 toneladas de basura que son enterradas cada año en el vertedero de Areosa, en Cerceda.

"Los problemas que tenemos ahora en materia de residuos tienen su origen en el anterior Gobierno del PP", le replicó la nacionalista Ana Pontón.

Sin embargo, Castiñeiras criticó que el bipartito haya sido "incapaz de tomar una sóla medida para cambiar el modelo de Sogama que ellos tanto censuraban". "Será porque su modelo fue Nostián y se demostró que fue un fracaso", denunció.

La socialista Laura Seara aclaró, sin embargo, que Sogama tenía que ser incluida en la ley porque "es la mayor planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos" y eso no puede ignorarse.

Durante la tramitación parlamentaria de la ley también se cambió, a petición del PP, la redacción de un artículo en el que regulaba el papel de las diputaciones. Los populares consideraban que se imponía a los entes provinciales hacerse cargo de la gestión de la basura cuando el municipio no asumiera esta tarea. Por esta razón, se dejó claro finalmente que sólo debían colaborar.




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