La Xunta ha impuesto dos multas por importe de 9.000 euros al Concello de Nigrán por cuestiones relacionadas con la degradación de Praia América. Una de 3.005,07 por no informar a los bañistas del episodio de contaminación de fecales en el río Muíños en agosto de 2017 y otra de 6.010,13 euros por dañar el espacio protegido del ecosistema dunar al sustituir ese mismo verano la madera del acceso al arenal por piezas prefabricadas de hormigón. El Ayuntamiento ha pagado la primera este mismo verano, después de recurrirla sin éxito hasta en dos ocasiones. Contra la segunda también ha presentado alegaciones todavía por resolver y, en el caso de de perder por la vía administrativa, el gobierno municipal acudirá a los tribunales porque la considera "totalmente inxusta", según indicaron ayer el alcalde, Juan González, y el concejal de Medio Ambiente, Diego García Moreira.
Los vertidos detectados por la Consellería de Sanidade el 9 de agosto del año pasado abrieron la polémica entre ambas administraciones y fluyeron los cruces de acusaciones. El departamento de Jesús Vázquez Almuiña acusó al Ayuntamiento de ocultar la contaminación y permitir el baño "poñendo en risco aos usuarios", mientras que el gobierno local argumentó que subsanó el problema en cuestión de horas y que la Xunta cargó las tintas por "motivos políticos". No obstante, el Concello sí colocó los correspondientes carteles para prohibir el baño de inmediato un mes después, cuando se produjo un episodio similar de liberación de fecales.
Agua del colegio de Camos
Una vez abonado el importe, el regidor rechaza reabrir la controversia de entonces, pero reclama "respeto institucional". Considera que el titular de Sanidade, coordinador del PP en la comarca miñorana, "confunde Administración con partido". Y es que, a su juicio, el departamento de Vázquez Almuiña practica un "exceso de celo" con Nigrán. Como ejemplo, pone otro expediente abierto por las condiciones de potabilidad del suministro del colegio A Cruz de Camos, recurrido también por el gobierno municipal porque "o abastecemento do centro está perfectamente controlado e nin sequera está conectado á rede municipal", según argumenta, por su parte, García Moreira.
La Consellería de Medio Ambiente es la que inició el procedimiento sancionador en los últimos meses por colocar, también el año pasado, planchas de hormigón prefabricadas sobre terreno dunar, en sustitución de las antiguas traviesas de madera, sin autorización del Servizo de Conservación da Natureza. El Gobierno autonómico concluye que estas piezas "provocarán unha afección apreciable sobre os hábitats de especies para a conservación", como la píllara papuda, un ave en peligro de extinción que nidifica en la zona.
Entre la documentación remitida a la Xunta con las alegaciones, el Concello ha incluido un informe de la ingeniera municipal que descarta cualquier afección al ecosistema por situarse las planchas en el mismo lugar que la anterior senda de madera. El alcalde destaca incluso que estas piezas "colocáronse, igual que en moitos outros municipios de toda España porque son totalmente inocuas, para mellorar a accesibilidade ás praias das persoas con mobilidade reducida". Por eso insiste en que llevará el asunto a los tribunales en caso de que la Xunta no acepte los recursos.
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