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Faro de Vigo


GALICIA

05/11/2018 | A. Otero
   

Una sentencia del Supremo devuelve la inseguridad jurídica a la Plisan y bloquea la oferta de terrenos


-El fallo de diciembre de 2017 impide la venta de la superficie de propiedad portuaria al considerarla dominio público - Los tres promotores, Puerto, Zona Franca y Xunta esperan una solución que la Abogacía del Estado sigue sin aportar


Una excavadora trabajando este fin de semana
en las obras de urbanizacion del Puerto Seco. // José Lores

Nuevo revés judicial a la Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan). Cuando por fin, tras casi veinte años de litigios y cambios de configuración, parecía haber concluido la secuencia de varapalos propinados por los tribunales por la vulneración de los derechos mineros, una sentencia del Supremo devuelve la inseguridad jurídica al macrorrecinto. En un fallo emitido el 20 de diciembre de 2017, la Sección 3 de su Sala de lo Contencioso considera "dominio público" el ámbito propiedad de la Autoridad Portuaria, dueño del 60% de los tres millones de metros cuadrados que comparte con el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS-Xunta) y Zona Franca. Una consideración que a día de hoy vetaría cualquier posible venta de terrenos justo cuando está en marcha la urbanización de los primeros 100.000 m2 para comercializarlos a partir de 2019. Ninguno de los tres promotores duda que se pueda solventar este escollo, pero casi un año después sigue pendientes de esa solución definitiva que ahora se esperan de la Abogacía General del Estado.

Paradójicamente, la sentencia del Alto Tribunal en la que figura como ponente María Isabel Perello Domenech es favorable al Puerto por cuanto desestima un recurso de casación interpuesto por la mercantil Áridos do Mendo S.L. contra un fallo del 19 de marzo de 2015 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que rechazó las alegaciones de esta empresa contra el cese de sus actividades en la zona. Sin embargo, pese a dar la razón a la institución portuaria, al declarar en todo momento de dominio público los terrenos en cuestión, el daño es peor que si acabase condenándole. "Mejor sería, porque es un sinsentido; no tiene ni pies ni cabeza ¿Cómo va a ser del dominio público el 60% y el 40% no?", se preguntan quienes conocen a fondo el dictamen.

Fue Puertos del Estado quien alertó del riesgo que suponía este fallo para la oferta de terrenos. En este departamento tampoco se atreven a concretar la razón por la sólo afecta a la parte propiedad de la Autoridad Portuaria, "a no ser que se hiciera la sentencia cuando el ámbito no estaba bajo el régimen de proindiviso", aducen en referencia al condominio que firmaron las tres partes para facilitar el desarrollo conjunto.

Como en virtud de este condominio la propiedad del recinto es en común, el fallo afecta a todos y todos los promotores están preocupados. Ninguno duda que se vaya a resolver este embrollo judicial que impediría en estos momentos la venta de parcelas a la conservera Albo, por mencionar la compañía que a través de sus dueños chinos se ha mostrado más interesada, con visita al recinto incluida. La cuestión es saber cuándo, como revela la breve declaración que hace sobre este asunto el presidente del Puerto, Enrique López Veiga: "Solo puedo decir que los tres estamos volcados en urgir una solución rápida".

Rápida y definitiva. Hasta la fecha los pasos dados por Praza da Estrela no han servido de mucho. El último se produjo en el Consejo de Administración del Puerto del pasado 25 de mayo figurando así en el orden del día: "Declaración de innecesariedad de los terrenos de la Autoridad Portuaria de Vigo en la Plisan". Aunque aprobado por una unanimidad, al presidente le costó hacer entender el farragoso transfondo de una iniciativa que en realidad trataba de sortear el escollo de una tacada: disolviendo el proindiviso para desafectar la parte del puerto y concluido este proceso volver todos al punto de partida de la propiedad compartida, el condominio. En cambio, a los asesores jurídicos de la Administración siguen sin convencerles.

Ante tanta discrepancia, antes del pasado verano se requirió a la Abogacía General del Estado la elaboración de un informe que ofrezca la vía para blindar la seguridad jurídica en el Puerto Seco. Desde entonces, los promotores no han vuelto a tener noticias, una espera que ya está empezando a desesperarles.




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