El Consello de Contas ha alertado en su último informe de un problema que en España adquirió gran notoriedad por el caso del canal de Panamá, por cuya ampliación la constructora Sacyr reclamó un sobrecoste de 1.188 millones. En realidad, esos desajustes en la ejecución de las obras públicas están más extendidos. También en Galicia. Los modificados que se incorporan durante la construcción de las infraestructuras que adjudica la Xunta acaban generando unos abultados sobrecostes para las arcas de la Administración autonómica. Solo durante los últimos diez ejercicios, esas prácticas han inflado las facturas en 285 millones de euros.
Aunque el Ejecutivo ha logrado moderar su impacto en los últimos años. Mientras en el período 2005-2009 la diferencia entre el importe de adjudicación de los contratos y la factura final que abonó la Xunta ascendió a 217,4 millones, desde el 2009 hasta ahora el desfase por ese concepto suma 67,5 millones. Pese a que todavía son cifras significativas, las medidas correctoras han logrado reducir el peso del sobrecoste sobre el importe de la adjudicación de un 38,5 a un 10,4 %.
Los modificados durante la fase constructiva están relacionados generalmente con dificultades sobrevenidas. Hay contratiempos vinculados a complicaciones orográficas. En esas circunstancias, aumenta la probabilidad de desprendimientos que derivan en la necesidad de abordar obras complementarias que no estaban previstas en el contrato inicial. También pueden estar relacionadas con factores meteorológicos y otras causas sobre las que no es posible establecer una previsión en el momento de la adjudicación del proyecto. Por eso, las medidas para minimizar los sobrecostes están orientadas a evitar los provocados por la inclusión de mejoras adicionales durante la construcción.
Aunque el órgano fiscalizador subraya en su último informe la decisión de la Administración de elevar el umbral de las bajas temerarias durante el proceso de adjudicación como una de las medidas correctoras que ha contribuido a reducir los sobrecostes, la estrategia es más amplia. En efecto, el primer paso fue la modificación de los pliegos de cláusulas de los concursos, para establecer una regulación y metodología más precisa que permita identificar y controlar las bajas con inclusiones de valores que se consideren anormales o desproporcionados. Pero la Administración también ha puesto en marcha mecanismos con los que pretende mejorar la eficiencia en la construcción de las obras, a través de un seguimiento más exhaustivo de cada fase del proceso por parte de los responsables. El propósito es reducir las desviaciones presupuestarias que incrementan el coste final de los proyectos respecto al previsto en su adjudicación. Además, la Consellería de Infraestruturas se planteó realizar un seguimiento de ese indicador para comprobar su evolución en cada ejercicio.
obras que duplican su coste
La consellería tomó en el 2010 esta decisión de endurecer el control para intentar reducir los modificados que disparaban el coste de las obras a la luz de algunos ejemplos clamorosos que excedieron en más de un 50 % el importe de la adjudicación. Las obras de la variante de Vilagarcía se adjudicaron por 13,27 millones, pero la Xunta pagó por su ejecución un 51?% más. El acondicionamiento del tramo de la carretera Quiroga-Folgoso do Courel (LU-651) entre Quiroga y el Alto do Boi fue adjudicado por 5,25 millones, pero la Administración abonó una factura que superó ese presupuesto en un 72,5 %. Hay casos en los que el importe previsto se duplicó. Así sucedió, por ejemplo, en la actuación de mejora de la seguridad vial en la AC-211, en el tramo que conecta O Burgo con A Pasaxe. La Xunta adjudicó las obras por 1,02 millones, aunque acabó pagando un 120 % más por los trabajos.
En el contrato de gestión de la Axencia Galega de Infraestruturas, en el 2011, ya se estableció un indicador con ese objetivo prioritario de «reducir as desviacións orzamentarias positivas no desenvolvemento das infraestruturas». La Xunta subraya su carácter de indicador de ahorro, porque mide la adecuación entre los servicios realizados y los recursos empleados por la Administración para su producción.
Según los datos de la consellería, entre el 2005 y el 2009 la Xunta adjudicó actuaciones por 563,8 millones de euros, pero su importe final se elevó hasta 781,2 por los sobrecostes. La aplicación de las medidas de control apuntadas bajaron ese gasto adicional en los últimos cinco años. La Administración adjudicó proyectos por 650,7 millones, por los que tuvo que abonar finalmente 718,3.
Pero también se han aplicado minoraciones en el proceso de licitación de los contratos. Al hilo de todo este debate, la Federación Gallega de la Construcción ha difundido un informe en el que aboga por no demonizar los modificados de obras, porque se trata de una posibilidad contemplada por la ley.
La patronal del sector aporta datos sobre las adjudicaciones de obra de las administraciones en Galicia, con apertura de ofertas económicas durante el primer semestre de este año. El importe de adjudicación rebajó en un 26 % el consignado en la licitación. Entre enero y junio se licitaron en las cuatro provincias obras por 224,5 millones. Esos proyectos fueron adjudicados finalmente por 177,3. El mayor ajuste respecto a la licitación se localizó en los proyectos contratados por el Estado, con un recorte del 45 % respecto al importe de la licitación. Entre los gestionados por la Xunta, esa baja inicial se situó en el 16 %.
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